¿Por qué es mejor una ayuda de 860 euros que las tres medidas estrella contra la inflación?

Desde el principio de la crisis energética, todas las instituciones de la gobernanza económica mundial han advertido de que resulta mucho más efectivo focalizar las ayudas contra la inflación en las familias más vulnerables que emprender rebajas de impuestos o repartir subvenciones indiscriminadas a toda la población. El principal argumento que esgrimen es el de la equidad: si lo que se quiere es paliar las consecuencias de la espiral de precios en los hogares, hay que socorrer solo a quien más lo necesita.

Como alternativa a las políticas regresivas que han seguido la mayoría de los países europeos, entre ellos España, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Central Europeo (BCE) han propuesto cheques directos en función de la renta. Ahora, el Banco de España más allá, y ha demostrado que esas subvenciones no solo permiten centrar los esfuerzos en quienes lo pasan mal, sino también ahorrar recursos para el erario público.

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A unas semanas para que la Comisión Europea presente su propuesta de reforma de las reglas fiscales —que se mantienen suspendidas desde la pandemia—, el regulador español sigue la línea alumbrada en los últimos documentos del BCE y pone sobre la mesa el elevado coste presupuestario que han supuesto las tres medidas estrella del Gobierno contra la crisis inflacionista: las rebajas del IVA de la luz y el gas, la bonificación de ese mismo impuesto para algunos alimentos básicos y la subvención de 20 céntimos por cada litro de combustible. Su presidente, Pablo Hernández de Cos, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) llevan tiempo advirtiendo del riesgo de que este gasto se convierta en estructural. Y, para evitarlo, el Banco de España propone una alternativa en su último boletín económico.

El economista Esteban García-Miralles demuestra cómo un cheque directo de 860 euros para los hogares más vulnerables permitiría ahorrar la mitad del coste fiscal de las medidas anticrisis sin perjudicar a quienes realmente las necesitan. Desde que entraron en vigor hasta que expiren —la ayuda a los combustibles desapareció con el fin de 2022, mientras que la bonificación del IVA de los alimentos lo hará el 30 de junio de este año y la de la luz y el gas, el 31 de diciembre—, las ayudas del Gobierno tendrán un coste estimado de unos 9.500 millones. Si nunca hubiesen existido y en su lugar se hubiese otorgado un único subsidio directo a los tres deciles de hogares con menos renta —el 30% más pobre— como el que propone el experto, el coste sería de solo 4.750 millones.

Lejos de perjudicar a los más desfavorecidos, este cheque tendría, sobre el papel, un impacto positivo. Según los cálculos del Banco de España, solo un 4% de los hogares humildes obtendría con ese sistema menos ayudas de las que está recibiendo con los actuales paquetes aprobados por el Gobierno. De hecho, recibiría unos 500 euros más de media que ahora, cifra muy relevante para las rentas bajas. A cambio, los otros siete tramos de renta —clases medias y bajas— se verían desprotegidos, y dejarían de ingresar entre 400 y 800 euros de ayuda.

Paradójicamente, los que más subvenciones perderían serían los más ricos, que son los que, en términos absolutos, están recibiendo un mayor apoyo del Estado. Según el estudio, de los 5.871 millones de euros que cuesta la rebaja del IVA del gas y la electricidad, más de 2.000 va a parar al 30% más pudiente, mientras que el 30% más pobre recibe menos de 1.500 euros. Este patrón se repite con la rebaja fiscal a los alimentos básicos (645 millones), que beneficia el doble a las rentas altas que a las bajas, y con la subvención a los carburantes (3.065 millones), que les aporta el triple. El ahorro no vendría de desproteger a quienes lo necesitan, sino de dejar de dopar a aquellos a quienes no les hace tanta falta.

Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que estas medidas sean regresivas. Aunque los ricos reciben más, si el impacto fiscal del apoyo público se mide en relación con su renta, los pobres, en líneas generales, resultan más beneficiados. A la razón intuitiva —una misma ayuda que para un alto ejecutivo no significa nada para un parado puede significar comer o no comer ese mes— se une otra que ya apuntaba el BCE en algunos informes recientes: los hogares vulnerables soportan una inflación superior a los pudientes, debido a su mayor propensión a consumir los productos que más han subido, como la electricidad o los alimentos.

Este último es el caso más evidente: mientras el decil más pobre dedica un 20% de su renta a adquirir comestibles, el decil más rico destina poco más del 10%, es decir, la mitad. En el caso de la luz, sucede lo mismo. Como resultado, el 30% de la población formada por los hogares más humildes sufrió entre agosto de 2021 —cuando comenzó la crisis energética— y septiembre de 2022 una inflación del 11,3%, frente al 9,7% de los tres tramos de hogares con mayor renta.

La subvención a los combustibles no cumple la regla anterior, siempre según el estudio del Banco de España. No solo los ricos se han llevado más ayudas que los pobres, sino que el impacto relativo sobre la renta de los hogares también es mayor en las rentas altas que en las bajas, por lo que se trata de una medida claramente regresiva, como ha denunciado hasta el Consejo Económico y Social, principal órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica.

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Juan Luis Jiménez, experto en políticas públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebra que el informe ponga sobre la mesa el dispendio de esa subvención, que califica de "error", y cree que el planteamiento del regulador resulta más razonable que la respuesta del Gobierno tras la guerra: "Existen medidas más directas y más baratas. Ya lo dijo el FMI". Según el estudio, entre el 80% y el 85% del gasto de los paquetes gubernamentales ha ido destinadosa ayudas indiscriminadas. Sin embargo, este diseño no solo se explica por una cuestión electoralista o la necesidad urgente de combatir la inflación.

El gran dilema

Ángel Martínez Jorge, economista del laboratorio de ideas de políticas públicas EsadeEcPol, coincide con Jiménez, pero pone sobre la mesa el dilema al que se ha tenido que enfrentar el Gobierno durante estos meses: focalización o cobertura. Si las medidas están centradas en algunos tramos de renta, explica el experto, existe el riesgo de que personas que sí que las necesitan se viesen privadas de ellas, o bien por quedar fuera de los umbrales establecidos o bien por no poder o saber solicitarlas. En cambio, las rebajas fiscales y la ayuda directa a los combustibles —que se aplicaba en caja— se trasladan inmediatamente al bolsillo de las familias.

Muchas familias pobres se quedarán fuera de los cheques directos mientras las rentas bajas no estén obligadas a presentar la declaración

He aquí el punto débil de la inusual propuesta del Banco de España, que no se suele mojar a la hora de proponer políticas públicas específicas en sus informes. Aunque los expertos coinciden en que el cheque directo es la mejor medida sobre el papel, tienen dudas de que realmente pudiese resultar efectiva en la España actual. "El problema es implementar estas ayudas: la gente de rentas bajas no las pide, se las deniegan por criterios administrativos y acaban teniendo una cobertura muy baja", constata Martínez Jorge. Y añade: "Los cambios del IVA evidentemente son más caros e indiscriminados, pero llegan".

El experto pone de ejemplo los cuellos de botella del ingreso mínimo vital, que solo llega a 560.000 familias de las 700.000 que cumplen los requisitos, según los cálculos de la AIReF. La tasa de cobertura, del 80%, no es mala, pero deja a muchas familias fuera incluso tres años después de su puesta en marcha y tras numerosas campañas —y hasta un autobús— para informar a la población. Con las ayudas para afrontar la crisis inflacionista, de carácter temporal, serían muchos más los potenciales perceptores que permaneciesen excluidos. Basta ver el último ejemplo: el cheque de 200 euros concedido el año pasado para los hogares con rentas inferiores a 14.000 euros solo tuvo 600.000 beneficiarios, menos de la cuarta parte de los previstos por el Ejecutivo.

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El propio estudio del Banco de España reconoce esta limitación: "Es importante señalar que el diseño de este tipo de políticas focalizadas es complejo, en la medida en que se necesita identificar a los hogares vulnerables y hacerles llegar la ayuda de manera efectiva". Sin embargo, sí existe una fórmula que permite combinar la focalización que recomiendan todos los expertos con la cobertura que busca el Gobierno: conceder ayudas solo a quien más lo necesita, pero de forma automática. Así se evitarían los casos perdidos por falta de información o los problemas burocráticos, como el de las personas desfavorecidas que no pueden solicitar las subvenciones por carecer de medios o conocimientos tecnológicos para hacerlo.

Tanto Jiménez como Martínez Jorge apuntan a esa vía como la más efectiva para evitar el derroche de las políticas indiscriminadas actuales, que, además de ayudar a quienes no lo necesitan, han dejado el sistema fiscal como un queso gruyer: lleno de rebajas y tipos reducidos, en contra de las recomendaciones de Bruselas. Sin embargo, ambos lo ven inviable en estos momentos. El problema, señalan, es la falta de información: el hecho de que las rentas bajas no estén obligadas a presentar la declaración de la renta priva a la Administración de los datos que serían necesarios para conceder los subsidios automáticamente en función de los ingresos de las familias. "Es el momento de que el Gobierno se ponga las pilas. Si la Administración no tiene los datos, ya me dirán quién los tiene", ironiza el profesor de la Universidad de Las Palmas.

Mientras ese problema siga sobre la mesa, propuestas como la del Banco de España caerán en saco roto. Y será imposible llevar a cabo la reforma del modelo asistencial que muchos expertos, entre ellos el de EsadeEcPol, están poniendo sobre la mesa: centralizar todos los subsidios en el ingreso mínimo vital. "Si han hecho lo que han hecho es porque no han tenido otro remedio", lamenta Martínez Jorge. De momento, ninguna política pública en España puede escapar al dilema entre la focalización y la cobertura.