La Gran Renovación de presidentes del Ibex que viene, el lobo de los 'proxies' y la CNMV

En las próximas semanas, quince presidentes del Ibex y diez consejeros delegados, además de un sinfín de consejeros, se someterán al examen de sus respectivas juntas generales de accionistas para renovar sus cargos. Desde Florentino Pérez (ACS) a Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), pasando por Ana Botín (Banco Santander), Josep Oliú (Banco Sabadell), María Dolores Dancausa (Bankinter) y Gonzalo Gortázar (Caixabank), Antonio Brufau y Josu Jon Imaz (Repsol), José Manuel Entrecanales (Acciona) y Francisco Reynés (Naturgy), o Gabriel Escarrer (Meliá) y Manuel Manrique (Sacyr).

Se trata de los ejecutivos más relevantes de las grandes empresas nacionales, directivos que van a dedicar una buena parte de su tiempo a convencer a los inversores para que voten a favor de su continuidad en el cargo. Hay mucho poder y dinero en juego, por lo que han puesto ya a trabajar la maquinaria para conseguir el mayor respaldo posible en la cita anual con sus accionistas. La clave es lograr que los dos ‘proxies’ o agencias de voto que asesoran a los grandes fondos para decir ‘For’ (A favor) o ‘Against’ (En contra), se decanten por hacer realidad los deseos de los principales ejecutivos del Ibex.

Asunto muy serio porque, desde Ana Botín a Florentino Pérez y José María Alvarez Pallete, los jefes de las empresas más capitalizadas se han llevado varios sustos en las últimas juntas. El presidente de ACS tuvo que nombrar un consejero delegado para aparentar que decía parte de su poder omnímodo después de que viese peligrar muy seriamente su continuidad como presidente de la constructora. Lo mismo va a hacer este año Sánchez Galán en Iberdrola. Telefónica ha decidido cambiar la política de retribuciones de su presidente y consejero delegado después de que el año pasado sus grandes accionistas, asesorados por ISS y Glass Lewis, recomendaran votar en contra de unos bonus de carácter discrecional y extraordinario.

Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis son los dos grandes 'proxies' mundiales y su dictamen en palabra sagrada para los señores del Ibex. El primero, de origen estadounidense, pero propiedad ahora de la Bolsa de Fráncfort, tiene una cuota de mercado superior al 50%. Su inclinación de voto es esencial. Pero se da la circunstancia que hace unos días ha sido expulsada por la Financial Reporting Council (FRC) al incumplir el UK Stewardship Code, un código con el que el regulador británico supervisa que los asesores de voto cumplen con la obligación de fiscalizar el buen gobierno de las compañías en interés de los accionistas.

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Debido a la influencia de estos 'proxies', las empresas dedican cada vez recursos a llevarse bien con ellas. Por eso, contratan a algunas de sus filiales de consultoría para que les aconsejen qué medidas preventivas tomar para que después la matriz les dé su aprobación en las juntas y aconseje a sus otros clientes votar a favor. Es decir, cobran a las compañías y a los accionistas de las mismas. ISS lo hace a través de ICS (ISS Corporate Services). Pero la agencia asegura que dispone de anchas murallas chinas que eliminan cualquier sospecha de conflicto de interés. En otras palabras, que los empleados que trabajan para los inversores no saben qué hacen los de consultoría.

El asunto se ha convertido en debate crucial en los mercados financieros. Esta semana, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado el ‘Código de Buenas Prácticas de Inversores’ para generar “un círculo virtuoso que promueva una inversión responsable que evite una presión indebida para que las entidades en las que invierten adopten un enfoque predominantemente cortoplacista”. El supervisor español añade que “los proveedores de servicios, incluidos los asesores de voto, tienen una responsabilidad frente a los inversores y gestores, fruto de su relación contractual con ellos, la de ejercer diligentemente las funciones que estos últimos les hayan encargado”.

La CNMV, tras su papelón en el caso Indra, aprueba un código para evitar conflictos de interés entre inversores, proxys y empresarios

La CNMV, que un viernes en vísperas de Nochebuena hizo de Pilatos en su dictamen sobre la toma de control de Indra, empresa controlada por el Estado, que es quien desde el Gobierno a su vez nombra al presidente del supervisor, expone que “los inversores y gestores pueden incurrir en conflictos de intereses, reales o potenciales, tanto por razón del grupo empresarial en el que se incardinen como por el resto de actividades que lleven a cabo”, por lo que les anima a “definir barreras cuantitativas objetivas, por debajo de las cuales los conflictos resulten claramente inmateriales y no requieran gestión”.

La adhesión a este código es voluntaria, pero desde el organismo regulador presidido por Rodrigo Buenaventura se confía en que los grandes, ya sean ISS o Glass Lewis, además de la española Corporance, que el año pasado sacó tarjeta amarilla a Galán por su concentración de poder en Iberdrola, se apunten a la lista. Antes incluso de que se celebren las próximas juntas en las que se deciden tantos puestos de relevancia.

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El ingeniero salmantino ha cedido y, por primera vez, va a proponer ratificar a un consejero delegado en la eléctrica vasca para delegar ciertas funciones. Florentino Pérez confía en que Société Générale, uno de sus bancos de cabecera, aflore, como casi todos los años, un paquete cercano al 6% de ACS que vote a su favor. En Vocento, los Ybarra andan buscando apoyos para seguir al frente del grupo que edita 'ABC' y 'El Correo Vasco' pese a las peleas familiares. Todo un festival de gobierno corporativo.