Repsol gana un 70% más en 2022 (4.251 M) y prevé récord de inversión en 2023 (5.000 M)

Repsol ganó 4.251 millones de euros en 2022, un 70% más que en 2021. Dichos beneficios, los mayores desde 2010, se dan pese a anotarse una provisión de 2.485 millones de euros por el deterioro futuro de sus negocios dada "la inseguridad del entorno de negocio y la presión regulatoria y fiscal", advierte la energética. El ebitda de la compañía ha alcanzado los 13.813 millones, también casi un 70% más. Se trata del mejor desempeño operativo de la firma en la historia, que recalca que el 64% de su negocio procede del área internacional. No obstante, la reacción bursátil a las cifras ha sido negativa, puesto que ha llegado a caer más de 2% en bolsa, aunque ha cerrado con una leve subida del 0,42%.

Con estas cifras, la petrolera presidida por Antonio Brufau prevé unas inversiones récord para 2023, de hasta 5.000 millones de euros para "profundizar en su descarbonización y transformación".

Los buenos números de 2022 vienen acompañados de una mejora de la retribución al accionista ya anunciada, que se traducirá en un aumento del dividendo del 11%, hasta los 0,7 euros por acción, acompañados de una recompra y amortización de 200 millones de acciones, que se intensificará en este ejercicio. También los empleados han visto mejorada su remuneración, con una subida media de salarios del 9,4%, lo que les permite mantener su poder adquisitivo pese a la elevada inflación.

Pese al desempeño récord de la empresa, Repsol advierte de que "los beneficios anotados en 2021 y 2022 (6.750 millones de euros) aún no permiten compensar las pérdidas de los ejercicios 2019 y 2020 (7.105 millones de euros)", en un claro mensaje lanzado al Gobierno, que pide a energéticas y bancos un mayor esfuerzo en esta crisis tras el nuevo gravamen impuesto que se empieza a liquidar este mes de febrero.

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En este aspecto, la compañía pone encima de la mesa que es "la empresa del Ibex 35 que más impuestos paga en España", con una contribución fiscal total de 17.000 millones de euros, el 70% de los cuales se pagaron en territorio nacional. También subraya los descuentos a sus clientes en las gasolineras, por valor de 500 millones de euros adicionales y que mantendrá hasta el 31 de marzo.

Imaz carga contra el Gobierno

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se ha mostrado especialmente crítico con los reguladores tras presentar resultados. El nivel de enfrentamiento se ha intensificado por las acusaciones de beneficios extraordinarios del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que han implantado un nuevo gravamen de 2.000 millones anuales para grandes energéticas, de las que Repsol será la compañía más impactada.

"El debate social sobre los beneficios empresariales hay que ponerlo en contexto. Los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad", señala el CEO de la multinacional.

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Imaz sostiene que "considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española".

En su opinión, los altos precios que pagamos hoy no son solo consecuencia de la guerra de Ucrania, sino también por las malas decisiones políticas de Europa. "Los precios energéticos se incrementan porque la demanda sube, a la vez que, contrario a lo que dictaría la lógica, se imponen dificultades a la producción de algunos productos energéticos. Los precios altos no son caídos del cielo, son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa". "Los reguladores han preferido olvidar la necesidad de invertir en petróleo y gas y, también, en capacidad de refino", añade.

Imaz concluye que "la transición energética que están haciendo Europa y España debería ser una transición menos ideológica y más tecnológica; una transición que aborde cómo ser más sostenibles, pero, también, cómo garantizar el suministro energético y una energía más barata y competitiva para los ciudadanos y empresas".