Restalia, Tecnocasa, Burger King, DIA... Los franquiciados 'rebeldes' se estrellan contra el muro de la vía penal

El juicio que enfrentaba a Restalia contra varios franquiciados se dirimió a favor del grupo de restauración. El juez dictaminó el pasado martes el archivo de la demanda por estafa, una decisión que suele ser la tónica habitual en este tipo de casos. De hecho, otras cadenas como Granier, McDonald's, Burger King, Tecnocasa, DIA o Carrefour también han sido denunciadas en los últimos años por algunos de sus franquiciados y han salido vencedoras en los tribunales. Sobre todo si el litigio se ha desarrollado por la vía penal, donde prácticamente no hay ninguna sentencia que condene por estafa a la franquicia, según apuntan fuentes jurídicas.

En casi todos estos casos, los tribunales han archivado las denuncias, al considerar que el franquiciado actúa como un empresario independiente que gestiona su propio negocio y asume los riesgos económicos. Si la franquicia fracasa, por tanto, entienden que no cabe señalar como culpable a la cadena, al menos penalmente. En este sentido, muchos de estos autos que rechazan de pleno la comisión de un delito suelen recomendar a los denunciantes que acudan a la vía civil para resolver los conflictos entre marcas y franquiciados.

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De hecho, en esta jurisdicción sí hay sentencias que califican de abusivas las condiciones que imponen los grupos y reconocen indemnizaciones a los particulares. En todo caso, esta segunda opción tampoco es garantía de éxito, ya que solo el 32,65% de los litigios civiles celebrados entre 2004 y 2021 fue favorable a los franquiciados, según los datos del Observatorio Jurisprudencia de Franquicias.

Aunque parezca un sinsentido, la explicación es sencilla. "En las denuncias, las franquicias suelen alegar una mala gestión de la cadena, les afean que el resultado del negocio no ha sido el que esperaban. Pero el delito de estafa no está para esto. Tiene que haber una intención clara de engañar", aclara Enrique Remón, socio de Penal en CMS Albiñana & Suárez de Lezo.

En la misma línea se pronuncia Juan Alberto Pérez-Senso, del bufete Pérez y Álvarez Abogados, que agrega que los jueces evitan condenar a no ser que la mala fe sea prácticamente evidente. "Nuestro ordenamiento recoge el principio de intervención mínima del derecho penal, que defiende que solo debe aplicarse cuando no haya más remedio. En estos casos, también es posible reclamar en la jurisdicción civil, y por eso muchos jueces lo recomiendan en los propios autos de archivo", explica.

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Ahora bien, ¿por qué hay franquicias que siguen acudiendo a la vía penal? Para Jordi Ruiz Villa, socio director de Fieldfisher España, la respuesta es clara. "Son denuncias infundadas. Es una estrategia que se conoce como querella a la catalana", explica. La intención es aprovechar el daño reputacional que puede causar a la cadena que los medios se hagan eco de la denuncia por estafa y obligar al franquiciador a negociar condiciones, como la reducción de royalties.

Asimismo, el abogado agrega que algunos denunciantes aprovechan el menor coste que tienen los procedimientos penales frente a los civiles, donde perder un litigio puede llevar aparejada una condena en costas (lo que implica pagar los honorarios del abogado del contrario, entre otras cosas). "Utilizan el procedimiento para conseguir alguna información, como proveedores u otras cuestiones, para intentar detectar irregularidades o argumentos que les puedan servir posteriormente en la vía civil", detalla.

Una táctica que, sin embargo, niegan haber adoptado en el caso de Restalia. "No es una medida de presión. Basta con ver la documentación que presentamos y la cantidad de pruebas que aportamos, los indicios son abrumadores", asegura José Luis González Montes, el socio de Cremades & Calvo-Sotelo que ha llevado el caso. De hecho, el abogado adelanta que van a recurrir la decisión del juzgado, al considerar que incurre en varias irregularidades, y agrega que seguirán peleando en la vía penal.

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Por su parte, Restalia ya ha anunciado que llevará de vuelta a sus exfranquiciados a los tribunales. Tras conocerse el auto del juzgado madrileño, la cadena ha determinado que "emprenderá las acciones de cualquier índole que considere oportunas frente a la intencionada campaña de desprestigio que se ha llevado a cabo y de reclamación de los perjuicios que estas actuaciones han ocasionado", según las declaraciones recogidas por Servimedia. La compañía considera que "el único objetivo era dañar la imagen y reputación".

No es la primera vez que el despacho Cremades & Calvo-Sotelo lleva a los tribunales a una cadena de franquicias alegando la comisión de un delito. En 2016, presentó una denuncia contra Havi Logistics, la empresa encargada de distribuir los productos a las franquicias de McDonald's. En esta ocasión, el juez también dictaminó el archivo de la denuncia, al no presentar indicios de delito penal. Por otro lado, el bufete de Rafael Franco —que también llevó la defensa de algunos denunciantes en el proceso contra Restalia— acusó de estafa a la cadena de panaderías Granier, pero el caso fue archivado definitivamente en 2020.

En el caso de la cadena de supermercados DIA, el mayor franquiciador de España, con más de 1.500 tiendas bajo este modelo de gestión, surgieron litigios puntuales de este tipo hace algunos años, en el contexto de la anterior dirección. De hecho, uno de los casos más sonados se produjo en 2016, con la querella por estafa liderada por el bufete Marcos García-Montes, en representación de ocho franquiciados, entre otros denunciantes. Este caso también quedó archivado y, en la actualidad, el grupo de distribución no cuenta con ningún proceso de este tipo, según apuntan fuentes de la compañía.