La Audiencia rechaza el recurso de Ron contra un expediente de la CNMV

La Audiencia Nacional entierra el último de los recursos contra un expediente de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) por las remuneraciones de Banco Popular. La Sala de lo Contencioso del tribunal dictó una sentencia el pasado 15 de diciembre en la que se mantiene una multa de 25.000 euros al expresidente de la entidad Ángel Ron.

Lo hace copiando los mismos criterios e incluso transcribiendo gran parte de las sentencias que ya abordó con otros exconsejeros ejecutivos multados, como el ex-CEO Francisco Gómez; el exsecretario del consejo Francisco Aparicio, y los no ejecutivos Luis Herrando, Ana María Molins, Jorge Oroviogoicoechea y Unión Europea de Inversiones, cada uno de ellos con multas que van de los 14.000 a los 25.000 euros. Además, el supervisor de los mercados impuso una sanción de un millón de euros a Banco Popular, en la actualidad Santander.

El motivo es la presunta mala información que se dio al mercado de las condiciones de las pensiones y prejubilaciones de los principales ejecutivos del grupo, entre 2013 y 2015. La CNMV lo definía como una "omisión de datos y presentar datos engañosos en sus informes anuales sobre remuneraciones de los consejeros (IARC) (...) en relación con los sistemas de ahorro a largo plazo y pagos por resolución de contrato de los consejeros ejecutivos de la entidad".

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J. Z. Agencias

Cada uno de los expedientados recurrió con sus propias alegaciones. En términos generales, todos defienden que las remuneraciones eran transparentes. Junto a ello, algunos como Ron y Gómez expusieron ante el tribunal que no participaron en la elaboración de los informes de remuneraciones, por lo que no entienden la multa.

En el Supremo

Aun así, la Audiencia Nacional da la razón a la CNMV, al considerar que todos los consejeros ejecutivos del banco y los que pertenecían a la Comisión de Remuneraciones eran responsables de dichos informes.

Este frente legal está actualmente en el Tribunal Supremo, donde ya se han admitido recursos. Uno de ellos es del propio Santander, como heredero de Popular, que alega que la jurisprudencia avala que un banco no responda de multas que no tengan que ver con el negocio heredado. En este caso, la multa sería por incumplir políticas internas que ya no están en vigor tras la compra del Popular en 2017.