La banca urge a la CNMV y al BdE que se pronuncien sobre el impuesto

Nervios a flor de pie en la banca en la recta final del cierre de sus resultados de 2022. A escasos días de que los consejos de administración formulen las cuentas, el sector seguía este lunes sin tener claro cómo contabilizar el impuesto aprobado por el Gobierno a finales del año pasado, algo sobre lo que se tienen que pronunciar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) e, indirectamente, el Banco de España.

Todo apunta a un posible tratamiento benévolo que habría estado impulsando el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, según fuentes financieras consultadas por este medio. De esta forma, se compensaría parte del golpe asestado al sector con el impuesto, de 3.000 millones. Pero la última palabra debería ser de los técnicos de los supervisores.

Estas dudas son determinantes y podrían cambiar la foto de los resultados que los bancos irán presentando en las próximas semanas: Bankinter este jueves, Sabadell el siguiente, y Santander, BBVA, CaixaBank y Unicaja, en dos semanas.

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Así, una de las opciones que se barajan es que el impacto del impuesto correspondiente a 2022 (más de 1.500 millones en conjunto) se recoja ya en las cuentas que se están cerrando. Otra alternativa sería que la factura con cargo al año pasado se empiece a asumir contablemente a medida que lleguen las liquidaciones de Hacienda en 2023, lo que ocurrirá a partir de febrero.

Desde la CNMV, señalan que es un tema que está siendo analizado ahora porque los detalles del impuesto se conocieron hace pocos días y que el criterio final requerirá de la coordinación internacional con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). Las fuentes consultadas creen que ha habido tiempo desde que se conoce el impuesto para que no haya estas prisas actualmente.

Una de las opciones que se barajan es que el impacto del impuesto correspondiente a 2022 se recoja en las cuentas que se están cerrando

Desde el Banco de España, explican que este asunto es competencia del supervisor de los mercados, aunque desde los bancos insisten en que los equipos de Pablo Hernández de Cos están siguiendo de cerca el asunto. Así, participa en los grupos de trabajo formales e informales con CNMV, de la cual es consejera Margarita Delgado, subgobernadora, desde 2018.

Tratamiento escalonado

Las fuentes consultadas ven un posicionamiento de estos supervisores a favor de la posición que quiere el Ministerio de Economía, favorable a un tratamiento escalonado que suavice el golpe para las entidades de cara a los mercados.

La cuestión técnica no es sencilla, ya que se trata de un impuesto procedente del Gobierno, para dos sectores concretos (energía y banca) y con dudas sobre su legalidad. Todo ello debería exigir que haya un tratamiento homogéneo en el sector de cara a los inversores.

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Junto al año en el que hay que contabilizar el impuesto, también hay dudas sobre si la partida debe figurar en la línea de márgenes, ya que es una prestación patrimonial que solo carga los ingresos por intereses y comisiones, o directamente en la línea de impuestos. Lo primero sería mucho más beneficioso para el sector, puesto que reduciría el resultado antes de impuestos, y, por tanto, el pago de sociedades.

El tratamiento contable es solo una complejidad más en el desarrollo de este impuesto, anunciado por sorpresa por el presidente Pedro Sánchez en julio y que se ha tramitado por la vía urgente en el Congreso y en el Senado, desoyendo las recomendaciones del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, solo afectará a las entidades españolas que ingresaron más de 800 millones en 2019. Tendrán que pagar un 4,8% de sus ingresos netos por intereses y comisiones de 2022 y 2023, con el objetivo de recaudar más de 3.000 millones en ambos años.

Las entidades ya han anunciado recursos tan pronto como reciban las primeras facturas del impuesto, lo que ocurrirá en febrero. El proceso tardará años, pero confían en ganar en los tribunales.