Gobierno y eléctricas se acusan mutuamente de manipular la factura de la luz con fines políticos

El Gobierno y las eléctricas libran una guerra soterrada por la información que se debe incluir en la factura de la luz, un recibo que llega a 30 millones de consumidores todos los meses y que genera cada vez mayor malestar entre los ciudadanos desde que se inició la crisis de precios.

En ese contexto, ambas partes tratan de señalar a la otra como la culpable del elevado coste, también con la información que incluyen en la factura, una cuestión altamente sensible, sobre todo cuando España sufre la inflación más alta desde los ochenta y afronta un superciclo electoral de municipales, autonómicas y generales en 2023. Esta guerra ha provocado que el Gobierno esté ahora mismo legislando sobre la información mínima que las eléctricas deben incluir en la factura.

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El choque, uno de otros tantos que han librado Gobierno y eléctricas en los últimos meses, se remonta a marzo de 2022, cuando el Ejecutivo expresó su deseo de recortar los ingresos de las eléctricas en el mercado mayorista, estableciendo un tope al gas. El plan fue aprobado por Bruselas tras intensas negociaciones y se activó en junio.

Fuentes al tanto de la situación señalan que en el Ministerio para la Transición Ecológica provocó un fuerte malestar la inclusión en el recibo por parte de las eléctricas de un término a cobrar por el mecanismo de ajuste del Real Decreto-ley 10/2022.

En el Gobierno, creen que las eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente) están jugando sucio, ya que dicha información está, según su opinión, "sesgada", puesto que ese coste del ajuste sumado al coste energético es inferior a lo que se pagaría sin el mecanismo aprobado bajo la excepción ibérica. De hecho, los 10 millones de facturas del mercado regulado (PVPC), las que diseña el Ejecutivo vía BOE, no incluyen dicho coste del ajuste especificado en el recibo, sino que va incluido en el término de energía. Entienden que, como otros costes regulatorios, no es necesario que venga detallado. Tampoco en la nueva factura aparecerá este coste, según la propuesta del ministerio liderado por Teresa Ribera.

Este posicionamiento choca frontalmente con el que expresan las eléctricas. Según su criterio, este ajuste del tope al gas es un coste a mayores de los contratos a precio fijo que ellos formalizaban, por lo que se ven en la obligación de especificarlo y trasladarlo. Para las eléctricas, no se trata de un gasto que unido al coste de la energía sume menos, posición que defiende el Gobierno. Para tratar de clarificarlo, hacen un paralelismo con las hipotecas. Según defienden, ahora los que tenían un contrato a coste fijo pagan un extracoste por el ajuste al gas, que beneficia solo a los contratos que estaban indexados al mercado mayorista, principalmente el PVPC.

Fuentes empresariales señalan que dividir la subvención al gas entre todos los consumidores, no solo los que están con contratos vinculados al mercado mayorista —los más perjudicados por la crisis de precios—, es cargar un coste que beneficia a una parte al repartirlo con todos los demás. En este sentido, destacan que eso además les ayuda a reducir más el IPC, ya que la medición del impacto de la electricidad que hace el INE está sesgada, al tener solo en cuenta los contratos con tarifa regulada, que no son representativos de la mayoría del mercado.

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Desde el Ejecutivo rechazan esta visión y creen que el coste del mecanismo beneficia también a los contratos del mercado libre, porque los precios del mercado mayorista o pool contenidos han logrado también rebajar las referencias a las que se firman los contratos de dicho mercado libre. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido actuar y obligar a tener que dar una información mínima en las facturas.

Fuentes próximas al regulador hablan de golpes bajos por parte de las eléctricas. Señalan que los agentes comerciales que llaman en nombre de las eléctricas desde Latinoamérica advierten a los consumidores "del impuesto de Pedro Sánchez" para referirse al tope al gas, algo que solo creen que puede partir del argumentario que dan las empresas a agentes del otro lado del charco, sin capacidad propia para hacer ese tipo de maniobras.

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De esta manera, el Gobierno decidió, a través del Real Decreto-ley 18/2022, obligar a las eléctricas a dar una serie de informaciones que ahora no incluye. Si mantienen su idea de seguir especificando en la factura el coste del ajuste al gas como un gasto procedente de un real decreto del Gobierno, tendrán que poner "en sitio visible e identificado claramente" lo siguiente:

"Las comercializadoras en mercado libre pueden elegir voluntariamente repercutir el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico regulado por el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, dentro de sus costes de aprovisionamiento, o bien trasladarlo de forma diferenciada a sus consumidores. En este caso, su comercializadora ha optado por esta última opción". Obligar a poner esta frase en la factura es, según algunas comercializadoras, una maniobra política.

Sin embargo, para el Gobierno es necesario. La gran mayoría de usuarios no sabe interpretar la factura de la luz, según subraya recurrentemente la CNMC en los datos del Panel de Hogares. Por ello, incluir un término como un real decreto, sin más información, induce en el consumidor la idea de que es un extracoste impuesto por el Gobierno, argumentan desde el Ejecutivo, de ahí la obligación a incluir esta frase.

No solo eso, las facturas de mercado libre se verán obligadas a incluir, en breve, también en "sitio visible e identificado claramente", un cuadro que dé la información del precio del mercado mayorista con el tope al gas, el que sería sin el mismo y el efecto reductor, para que el usuario, sea del PVPC o del mercado libre, vea que existe un ahorro, aunque su recibo no esté indexado al pool y tenga precio fijo. Algo que, según las eléctricas, no se da en muchos contratos de mercado libre a precio fijo, lo que rechaza el Gobierno, que cree que también se benefician de referencias del mercado de futuros más bajas.

Las fuentes consultadas señalan que tanto desde la CNMC como desde el Gobierno están trasladando a las compañías, de manera informal, su deseo de que cuanto antes den dicha información en la factura. Para este trámite, el Gobierno sacó adelante una Propuesta de resolución por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los comercializadores de referencia. Esta se elevó a consulta pública, que se cerró el pasado 1 de diciembre. Ahora ha sido enviada para lectura de la CNMC, que tendrá que dar su opinión preceptiva sobre la misma.

Posteriormente, y a través de una resolución ministerial, deberá entrar en vigor el nuevo modelo de factura. Las fuentes consultadas señalan que el Gobierno tiene interés en que esta modificación esté lista cuanto antes, ya que se trata de una cuestión muy política justo cuando nos adentramos en 2023, año de elecciones municipales, autonómicas y generales.