Repsol traslada a sus inversores dudas de que el impuesto a energéticas sea constitucional

Repsol da un paso más en sus advertencias sobre el nuevo impuesto a energéticas y bancos que tramita el Gobierno y señala ya "dudas razonables que generan estas figuras sobre su acomodo legal y constitucional".

Así se expone en un documento que acaba de trasladar a los inversores internacionales de su deuda, a los que avisa de que "existe un alto grado de incertidumbre sobre el impacto que estos nuevos impuestos puedan tener en el negocio de Repsol, especialmente dada la falta de una mayor especificidad en relación con las características particulares de estos impuestos y el tipo de gravamen que finalmente se aprobará".

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"El gravamen sobre las empresas de energía incluye un impuesto del 1,2% sobre el volumen de negocios agregado de dichas empresas. El proyecto de ley del impuesto a las ganancias extraordinarias de España fue aprobado el 24 de noviembre de 2022 por el Congreso, la Cámara Baja del Parlamento español, que ha enviado el proyecto de ley al Senado para una votación final. Se espera que los gravámenes entren en vigencia en enero de 2023, una vez aprobados por el Senado", concluye la compañía.

Repsol eleva su discurso tras dudar de que el gravamen sea constitucional. No obstante, ya en agosto, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, dijo que creía "en las garantías constitucionales y en las legales, tanto las españolas como las europeas" en una tribuna publicada en el diario El País, en la que cargaba contra este nuevo impuesto. Antes, tras la presentación de resultados del segundo trimestre, Imaz aseguraba ante los analistas "creer en el sólido marco constitucional y legal que tenemos tanto en España como en Europa".

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Aunque Repsol evita desvelar el impacto, en el sector se le atribuye un golpe de 800 millones de euros por este gravamen del total de 3.600 que estima Hacienda para todas las energéticas en dos años. Es decir, que más del 20% del total iría contra la petrolera. Sin embargo, la compañía aún no ha amenazado públicamente con acudir a los tribunales contra este gravamen, como sí han hecho Cepsa o Iberdrola. Sí ha advertido de que el tributo puede dañar a la inversión e incluso ha abierto la puerta a invertir más en EEUU si se aprueba el impuesto.

La amenaza de recursos frente a este impuesto ha estado sobrevolando su tramitación desde el primer día. De hecho, el PSOE dio un volantazo en 48 horas en plena tramitación en el Congreso y aceptó una enmienda de PNV y PDeCAT para aligerar este tributo. Entonces, fuentes empresariales expusieron que había cuestiones tanto de tramitación como de discriminación que podrían ser esgrimidas en una hipotética demanda, con incluso petición de cautelares para que el tributo no se aplique.