Dinamizar la toma de decisiones en las empresas, entre las claves de la nueva Ley Concursal

Con las subidas de los tipos de interés, el dinero gratis y los bajos costes de capital han dejado de ser una realidad para la mayoría de las empresas. A lo que se suma el fin de dos importantes medidas aprobadas durante la pandemia para apoyar a los negocios en dificultades: las moratorias concursales, en vigencia desde marzo de 2020 hasta el pasado 30 de junio, y el periodo de carencia de los créditos ICO, que también finalizó el pasado verano. El punto y final de los paraguas de protección para empresas coincide además con un periodo de ralentización económica, altas tasas de inflación y un consumo todavía robusto por el ahorro acumulado, pero desinflándose por las turbulencias macroeconómicas.

Para analizar el estado del tejido empresarial y los nuevos instrumentos normativos aprobados después de la reforma de la Ley Concursal en septiembre, El Confidencial organizó la conferencia Reestructuraciones en España: ¿estamos ante una nueva ola? En el debate, participaron Javier Castresana, socio especializado en Reestructuraciones e Insolvencias de Allen & Overy; Lluís Farrés, director de Asesoría Jurídica Concursal y Reestructuraciones de CaixaBank; Carlos Hernando, managing director de Rothschild, y María López-Valcárcel, responsable de Reestructuraciones Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) y miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea en Restructuring & Insolvency Law. Aparte del panorama económico, la reforma de la Ley Concursal, publicada en el BOE el pasado 5 de septiembre para adecuar la normativa española a la directiva comunitaria, introduce novedades para los inversores y algunas herramientas para agilizar los procesos.

Situación del mercado

"La situación del mercado es relativamente tranquila, esperamos un aumento de las reestructuraciones en 2023, seguramente en el segundo semestre", señaló el socio especializado en Reestructuraciones e Insolvencias de Allen & Overy sobre las moratorias que han permitido a empresas insolventes y en dificultades financieras cierta protección durante más de dos años.

El Consejo General de Economistas (CGE) presentó el lunes su informe Atlas concursal 2022, en el que prevé un repunte de los concursos de acreedores en 2023, hasta los 10.000 procedimientos. Desde la pandemia, el número de concursos creció un 52% en 2021, y entre el fin de la moratoria concursal en verano hasta finales de este año se espera otro incremento del 30%.

"Es importante destacar que la moratoria fue genérica, era para todas las empresas, durante dos años no había obligación de entrar en concurso, pudiéndose tratar de viabilizar la compañía o liquidarla en un acuerdo con sus acreedores", añadió el director de Asesoría Jurídica Concursal y Reestructuraciones de CaixaBank. "Por lo que el final de esta medida en verano coincide con los meses en los que hay más actividad de concursos, como es octubre". Sin embargo, Farrés destacó un "aumento sensible de insolvencias enfocadas de personas físicas que buscan la exoneración del pasivo".

"Habrá un aumento de las reestructuraciones en 2023, seguramente en el segundo semestre" (Javier Castresana, Allen & Overy)

A pesar de estas perspectivas, el managing director de Rothschild recordó que la situación del tejido empresarial es "financieramente mejor que en anteriores crisis, con menos endeudamiento y cargas, y unos datos macro de partida relativamente buenos". Por sectores, Hernando destacó el "impacto de los costes de la energía en las actividades con mayor uso intensivo de la misma", como las empresas metalúrgicas, químicas, fabricación de papel y cartón, y los fertilizantes. Mientras que las "empresas muy endeudas están viendo afectada su caja por las subidas de los tipos de interés, lo que afecta de una forma transversal a todos los sectores".

En este escenario, un aspecto importante es que la nueva ley pone el foco "en la salud de las empresas" y "busca evitar que un problema de liquidez se convierta en un problema de insolvencia", añadió la responsable de Reestructuraciones Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).

Además de la reforma de la Ley Concursal, los cerca de 140.000 millones de euros con aval ICO, concedidos principalmente en 2020 y que beneficiaron a más de 750.000 empresas y autónomos, fueron otro de los aspectos relevantes del debate.

Castresana diferenció entre el crédito público y las líneas ICO, que, "al ser crédito financiero", necesitarán de la colaboración entre "la Agencia Tributaria y las entidades financieras para establecer ciertos protocolos que puedan servir de guía para que los actores de la restructuración puedan tener más visibilidad sobre qué se puede hacer" en temas de reestructuración.

"En reestructuraciones de deuda, habrá que ver qué mecanismos hay con los ICO. En la normativa se hablaba que eran pasivo financiero a efectos concursales y en planes de reestructuración, pero también hay una disposición adicional octava que en algún momento el Instituto de Crédito Oficial debería aclarar de algún modo para que el endeudamiento ICO forme parte de la reestructuración", añadió el directivo de CaixaBank.

Reforma de la Ley Concursal

Para López-Valcárcel, algunos de los aspectos más relevantes de la reforma de la Ley Concursal es la incorporación al ordenamiento jurídico de instrumentos de reestructuración de otros países. "La reforma nos dota de una caja de nuevas herramientas, con instrumentos de reestructuración de otras jurisdicciones, como el Scheme of Arrangement inglés o el Chapter Eleven americano, convirtiendo a España en un país más competitivo desde el punto de vista preconcursal", explicó la Responsable de Reestructuraciones Santander Corporate & Investment Banking (SCIB).

"La ley busca evitar que un problema de liquidez se convierta en un problema de insolvencia" (María López-Valcárcel, SCIB)

En este sentido, Hernando añadió el cambio de enfoque de la nueva reforma al "tratar de alinear los intereses económicos de los proveedores de capital de las empresas con la toma de decisiones". "En momentos difíciles, donde puede haber una reestructuración, la nueva ley debería dinamizar la toma de decisiones. Esto permitiría que haya más empresas que salgan adelante", añadió el managing director de Rothschild.

Desde CaixaBank, subrayan el "cambio de paradigma o el nuevo paradigma" de la reforma de la Ley Concursal, basado "en la prevención, al tratar de anticiparse y tratar de prevenir las insolvencias". "Al final, la herramienta [jurídica] es, en la mayoría de casos, colaborativa entre el deudor y los acreedores para viabilizar y maximizar la recuperación con la ayuda imprescindible del experto en reestructuración que emerge como una figura clave", explica Farrés.

Principales novedades de la reforma

Entre las principales novedades de la reforma de la Ley Concursal, añadió el director de Asesoría Jurídica Concursal y Reestructuraciones de CaixaBank, destacan que "ya no afecta al pasivo financiero, sino que se amplía a todo el pasivo y puede afectar también al activo para, por ejemplo, poder vender unidades productivas", especialmente relevante en pequeñas y medianas empresas. Otro punto clave será los planes de reestructuración "con los no-consensuales, ya que por mayoría simple de clases puedes alcanzar acuerdos con mayor flexibilidad y facilidad" que no apoyan estos planes. "Otra novedad [de la reforma] será cómo se configuran las clases".

En los planes de reestructuración, a la mayoría en todas las clases se le conoce como planes consensuales, mientras que en los no-consensuales es cuando no se logra una mayoría en todas las clases. Es en este último punto en el que se necesitaba seguir simplificando los procesos: desde cómo configurar las clases y los tipos de pasivos hasta evitar presentar distintos planes de reestructuración con la finalidad de reducir la litigiosidad.

"Otro punto también relevante es la pérdida de poder en determinados casos de los socios en situación de insolvencia actual. Se van a poder imponer determinadas condiciones a los socios cuando antes no se podía, lo que de alguna manera otorga más poder a los acreedores", dijo el socio especializado en Reestructuraciones e Insolvencias de Allen & Overy.

Si se comparaba con otras jurisdicciones, añadió Castresana, "antes la legislación tenía un enfoque que podía favorecer al deudor, ahora, si bien no se ha pasado a favor del acreedor, sí se contará con una posición más equilibrada entre acreedores y deudores".

Sobre los aspectos pendientes de la reforma, la Responsable de Reestructuraciones Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) destacó "el desarrollo reglamentario de aspectos importantes como el estatuto del administrador concursal, una pieza clave en esta materia, y que necesita regular su nombramiento, retribución y responsabilidades". Otros puntos en los que existe margen de mejora, pero de carácter más operativo, es "la regulación del registro público concursal y su interconexión comunitaria y que se atienda a la necesidad de aportar más recursos a los juzgados" para evitar que los expedientes se acumulen en los tribunales.