Los comercios de Aena llevan a la Audiencia Nacional el megacontrato de restauración

Las espadas vuelven a estar en alto entre los inquilinos de Aena y la compañía pública. Como habían amenazado que harían, los comerciantes y restauradores de los aeropuertos españoles, unidos en la asociación Aeocape, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los pliegos de los concursos de restauración para el aeropuerto Madrid-Barajas al considerar que son contrarios a derecho.

En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, fue el pasado jueves, 3 de noviembre, cuando se interpuso el recurso y este lunes ha sido admitido a trámite y asignado al Juzgado Central Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Este nuevo frente judicial llega apenas un día antes de que se cierre el plazo marcado por Aena para recibir ofertas por los restaurantes de Barajas.

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La empresa presidida por Maurici Lucena ha sacado a licitación por un periodo de ocho años un total de 55 establecimientos, en las terminales T1, T2, T3, T4 y T4S, que suman una superficie de 20.000 metros cuadrados. Al tratarse de la quinta puerta aérea más importante de Europa, con 61,7 millones de pasajeros antes de la pandemia, las cifras de este concurso alcanzan los 1.500 millones de euros que, se estima, suman todos estos contratos en términos de volumen de negocio.

Las fuentes consultadas aseguran que la admisión a trámite no paraliza la licitación, por el momento, a la espera de ver cómo avanza este nuevo frente judicial. Aeocape considera que los pliegos son contrarios a derecho, fundamentalmente, por dos motivos: introducen la subasta electrónica, sobre la que ya ha habido varios pronunciamientos en contra, y se licitan como contrato de arrendamiento y no como concesión de servicios.

Desde la asociación explican que "el Tribunal Supremo, en su Sentencia firme 1195/2021 de 8 de marzo, estableció con rotundidad que los contratos de restauración en el ámbito aeroportuario son concesiones y que no podía acudirse a la subasta electrónica. No obstante, Aena, a fin de evitar esta sentencia, modificó su sistema de contratación, trasladando las facultades de intervención que se reservaba sobre el servicio al contenido mínimo de las ofertas".

Sin embargo, según Aeocape, "lo que Aena no puede obviar es que ella misma tiene la obligación legal de garantizar la calidad y continuidad de los servicios que se prestan a los usuarios de los aeropuertos, ese es el sentido de su intervención, y eso solo puede hacerse a través de un contrato de concesión", y que "en los contratos de concesión no existe un criterio único de adjudicación, a diferencia de lo que sucede hoy con el precio de los arrendamientos, sino que prevalecen criterios sociales de calidad del servicio, protección a los trabajadores y medioambientales y desde luego la subasta está prohibida".

Sin apoyo de Áreas y SSP

Grupo Áreas es actualmente el operador de toda la restauración de Barajas, posición de dominio que corre serio riesgo de perder, ya que Aena ha dividido en 21 lotes el concurso y lo ha diseñado "para atraer al máximo número posible de operadores, para conseguir una oferta gastronómica amplia, variada y de calidad", según comunicó la propia empresa hace dos meses, cuando anunció el arranque de la licitación.

Consultado por este medio, un portavoz de Áreas ha asegurado que la compañía se ha desmarcado de la presentación del recurso contencioso-administrativo y que no lo apoya, añadiendo que en el seno de la asociación no existe unanimidad respecto a este nuevo frente judicial. Tras la publicación del artículo, desde SSP también han contacto con este medio para aclarar que ellos tampoco respaldan el recurso.

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Fuentes próximas al proceso aseguran que Aena ha recibido ya más de 10 ofertas y se espera que este martes, último día para concurrir, se presenten todavía más. En el mercado se da por descontado que Áreas pujará por todos los lotes en los que se ha dividido la licitación, una fragmentación que los comerciantes interpretan como la ofensiva de la empresa pública contra los gigantes que le han llevado ante los tribunales por el cobro de los alquileres durante el covid.

Dufry, Áreas, SSP e Ibersol son los mayores inquilinos de Aena y representan cerca del 90% de la facturación en el ámbito comercial. Durante los dos años de pandemia, se han mantenido firmes en la defensa de que debía aplicarse la cláusula rebus sic stantibus, que permite ajustar el pago de las rentas a la caída real del tráfico.

Además de haber recibido el respaldo de numerosos fallos judiciales, su postura ha sido avalada por el Parlamento, que hace un año votó por unanimidad, con las únicas abstenciones de PSOE y Podemos, a favor de una enmienda que obliga a la empresa pública a ajustar las rentas.