Galán mete en el consejo de España a la fortuna vasca que ganó 60 M con acciones de Iberdrola

Iberdrola está en plena reorganización de sus filiales en España, país que, según su presidente, Ignacio Sánchez Galán, está sufriendo la inseguridad jurídica derivada de las medidas regulatorias aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los cambios ha supuesto el nombramiento como consejero de Iberdrola España de Juan Ramón Urrutia Ybarra, heredero de una de las grandes familias vascas, que en 2020 ganó más de 60 millones de euros con acciones de la eléctrica con sede en Bilbao.

Según consta en el Registro Mercantil, Urrutia Ybarra se ha incorporado recientemente como consejero de Iberdrola España, la matriz de los negocios del grupo energético. Urrutia Ybarra ya era consejero de Iberdrola Generación desde 2014, cuando se sentó por primera vez en un órgano de gobierno de una sociedad vinculada a la eléctrica después de que su padre, Víctor Urrutia, hombre de gran confianza de Sánchez Galán, dejase la vicepresidencia de la empresa cotizada.

Ahora, su hijo, encargado de gestionar su fortuna familiar, con cerca de 1.000 millones de patrimonio, ha dejado Iberdrola Generación, rebautizada como Iberdrola Energía España, que en 2021 perdió más de 1.629 millones, frente a los 1.080 millones de beneficio del año anterior, por el encarecimiento de la producción de electricidad. Esta subsidiaria ha llevado a cabo una escisión parcial de sus activos, en favor de una empresa de nueva creación, Iberdrola Energía Sostenible España, para beneficiarse de la nueva taxonomía como ‘verdes’ del gas y las nucleares.

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Pero Galán ha incorporado a Urrutia Ybarra al consejo de Iberdrola España en calidad de externo, así como miembro de su comisión de auditoría y cumplimiento. El gestor de la familia de los Urrutia, primeros accionistas de Bodegas CVNE y de Ence, conoce bien la eléctrica pese a ser calificado como externo. En 2020, Asúa Inversiones, su 'family office', hizo un gran negocio con acciones de la eléctrica, al vender títulos por algo más de 90 millones de euros a precios de mercado, operación por la que obtuvo un beneficio de 60,41 millones. Esta plusvalía supuso dos tercios del resultado total de la sociedad patrimonial, que cerró el ejercicio con unas ganancias de 90,9 millones.

La compraventa fue tan rentable para los Urrutia que volvieron a confiar en la evolución de Iberdrola, en la que han vuelto a invertir unos 101,65 millones. En primer lugar, destinaron 44,96 millones a adquirir 3,94 millones de acciones de la eléctrica, pagando 11,38 euros por título. Después, apostaron otros 56,69 millones de euros a comprar 4,82 millones de aciones de la mayor compañía energética de España, a 11,74 euros. En total, 8,76 millones de acciones, es decir, las mismas que habían vendido en 2020, según el último informe de gestión de Asúa Inversiones.

Castigo para España

Urrutia Ybarra ocupa el espacio dejado por Fernando Diago de la Presentación, que ha sido durante muchos años presidente de las empresas cerámicas de España, una industria que es uno de los principales clientes del sector eléctrico, que ahora está sufriendo en primera línea el incremento del precio de la luz. También salen de Iberdrola España Antonio Carmona, el expolítico del PSOE, que era vicepresidente, apenas un año después de su nombramiento. Un movimiento poco habitual en la casa, por su corta duración. Por último, la compañía ha dado de baja a Emilio Ontiveros, el reputado economista que falleció el pasado verano.

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Todos estos cambios se producen en plena queja de Galán sobre la inseguridad jurídica en España, división cuyo beneficio cayó un 14% en los primeros nueve meses del año. Una evolución que va a llevar a Iberdrola a frenar sus inversiones en su país de origen en relación con otras áreas geográficas, como Brasil, Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos y Australia, según indican fuentes cercanas al grupo. El plan estratégico para los próximos tres años será presentado el próximo 9 de noviembre en Londres.

Con este castigo, el presidente salmantino quiere poner de manifiesto su reacción a lo que define como inseguridad jurídica del Gobierno de Pedro Sánchez para asegurar una rentabilidad razonable a su negocio, debido a los continuos cambios normativos sobre el sector eléctrico.