División en los bancos sobre cuándo contabilizar el impuesto del Gobierno

Los bancos y sus auditores afrontan una decisión clave en los próximos meses que podría provocar un vuelco en las cuentas de las grandes entidades del país. Desde hace algunas semanas, hay una discusión abierta en el sector sobre cuándo contabilizar el impuesto en que trabaja el Gobierno, de más de 3.000 millones de euros. Algunos bancos quieren quitárselo de golpe este año, lo que generaría un problema a algunos competidores, según fuentes financieras consultadas por El Confidencial.

La división es tal que en el sector no se descarta que haya entidades que tomen caminos distintos. La última palabra la tendrán sus auditores, por lo que todos los ojos están puestos en PwC y KPMG, las firmas que auditan a más bancos en España, cuatro y tres, respectivamente. Les siguen EY, con dos contratos, y Deloitte, con uno.

Las fuentes consultadas sostienen que todavía es pronto para que haya una decisión en firme, ya que el proyecto de ley todavía sigue atascado en el Congreso, en la fase de elaboración de enmiendas, a la espera de la opinión que enviará pronto el Banco Central Europeo (BCE). Aun así, se da por hecho que el impuesto va a salir sí o sí antes de final de año, por lo que los bancos tendrán que tomar una decisión desde entonces a la formulación de cuentas de 2022, que se hace entre finales de enero y febrero.

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Los técnicos prefieren esperar a ver la redacción final de la ley para tomar una decisión final, aun así, ya hay mucho trabajo preparado para entonces. Las fuentes consultadas sostienen que alguno de los grandes bancos con negocio exterior —lo tienen Santander, BBVA, Sabadell o CaixaBank— defiende asumir el golpe cuanto antes, apoyándose en la diversificación de sus cuentas, ya que el tributo solo afecta a las filiales españolas. Este escenario es el que no quieren los bancos medianos, que tienen todo su negocio aquí.

Entre los bancos que defienden adelantar cuanto antes la factura, se ve con buenos ojos porque limpiaría la cuenta de resultados de 2023 y 2024, años en los que sus márgenes serán más altos para dar alegrías a sus accionistas, y en los que tienen que estar preparados para el frenazo económico y el repunte de la morosidad. De hecho, hay grupos estudiando realizar provisiones colectivas antes de final de 2022, para estar mejor preparados para entonces.

Impacto

A la espera de los cambios que pueda haber en la fase de enmiendas, el impacto que calculan los analistas podría borrar de un plumazo la mitad, o más, del beneficio anual de algunos bancos medianos. Las principales entidades de este segmento son Bankinter, Abanca, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Cajamar, aunque las dos primeras tienen también negocio en Portugal.

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Este efecto supondría un duro golpe a los dividendos que se repartirían el próximo año, lastrando a grandes accionistas del sector como las fundaciones bancarias La Caixa, BBK, Ibercaja y Unicaja, de las que depende la obra social. En el caso de los aragoneses, supondrá un ligero freno en su objetivo de reunir un fondo de reserva con el que poder evitar la salida a bolsa, aunque se ven con músculo de sobra para lograrlo. También habrá un impacto para el FROB público, que tiene el dividendo como una de las vías para recuperar las ayudas públicas de la anterior crisis.

La factura final y, por tanto, el potencial impacto para los dividendos dependerán, entre otros factores, de que el Gobierno finalmente decida reformar la ley y quitar el listón que impide que afecte a grupos con ingresos de menos de 800 millones. Los bancos se quejan de que este umbral deja fuera a entidades extranjeras, por lo que supone en la práctica unas "ayudas de Estado inversas, para los de fuera".

Las entidades tienen puestas muchas esperanzas en el informe que enviará en los próximos días el BCE con su opinión sobre el impuesto. La institución de Fráncfort ya dijo con un tributo parecido de Lituania que podría afectar a la estabilidad financiera, reducir el flujo de crédito a la economía y, por tanto, frenar el crecimiento económico.