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El Gobierno subvenciona el gas tras considerar insostenible que Naturgy ponga más de 2.000 M
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La firma esquiva presión sobre su 'rating'

El Gobierno subvenciona el gas tras considerar insostenible que Naturgy ponga más de 2.000 M

El Ejecutivo advierte a Bruselas de que la fórmula por la que las empresas financiaban la tarifa regulada de gas contra su propio balance es insostenible, ya que dicho déficit se va a multiplicar y extender en el tiempo más de lo previsto

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reúne con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. (EFE/Luca Piergiovanni)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se reúne con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés. (EFE/Luca Piergiovanni)
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El Gobierno ha decidido subvencionar la tarifa regulada de gas y pagar con los presupuestos generales del Estado parte del recibo gasista a todo aquel que lo solicite, sin filtro de renta, tras admitir que las comercializadoras no pueden asumir en su balance la financiación de estas facturas, como se venía haciendo desde octubre de 2021. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos decidió entonces intervenir la factura y limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR). Sin embargo, el mayor coste de la materia prima comprada en los mercados internacionales era asumido por las energéticas, sobre todo Naturgy. El compromiso era que cuando pase la crisis ese déficit debería ser devuelto por los consumidores.

Sin embargo, ahora el Gobierno ha decidido cambiar la fórmula y pagar con dinero público esa parte del recibo que cargaban las suministradoras. Según detalla a Bruselas, la solución anterior "solo es viable y sostenible si la duración de la medida fuera limitada en el tiempo, ya que el déficit acumulado se va a multiplicar en los próximos trimestres, alcanzando unos importes que las compañías no pueden asumir en sus balances".

Tanto es así que el propio Gobierno considera que serán necesarios al menos 3.000 millones de euros para pagar alrededor de la mitad del recibo de la avalancha de consumidores que solicitarán esta tarifa, la mitad de barata que cualquiera del mercado libre actualmente. Además, hay que añadir otros 1,7 millones de familias con calderas centrales a las que se les ha dado esta cobertura que antes no tenían con la denominada TUR vecinal.

Foto: Imagen de archivo de un radiador en una casa. (EC)

Hasta ahora, Naturgy ha sostenido más del 80% de este déficit, frente a Endesa, Iberdrola y TotalEnergies, que han asumido menos del 20% entre las tres. De hecho, la compañía, cuyo máximo accionista es La Caixa, había asumido hasta junio de este año 173 millones de euros, mientras que Endesa había soportado 29 millones de euros, según las cuentas de ambas compañías. En el caso de Iberdrola y TotalEnergies, las cantidades son aún menores. Ese montante queda fuera de la subvención y aún tendrá que ser devuelto por 1,5 millones de familias con los intereses correspondientes.

Fuentes del sector señalan que, en conversaciones mantenidas con el Ejecutivo, se puso en conocimiento del Gobierno que mantener el esquema de financiación de esta medida por parte de las empresas hubiera supuesto obligar a Naturgy y el resto de empresas a asumir contra su balance cantidades muy superiores (el Gobierno calcula que 3.000 millones, que se podrían ampliar si fuera necesario). La previsión del coste de la medida hubiera supuesto para Naturgy más de 2.000 millones de euros hasta finales de 2023, según estimaciones sectoriales a partir de las cifras publicadas por el BOE.

Esto hubiera ejercido una fuerte presión sobre su 'rating' o la valoración de los analistas, ya que, aunque existía la garantía de que los usuarios acabarían devolviéndole ese dinero adelantado, no hay ninguna garantía temporal de cuándo se hubiera hecho. Fuentes oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, del Ministerio de Hacienda y de Naturgy han declinado hacer comentarios.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Mariscal)

Las empresas han mantenido su preocupación por la fórmula que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2021 desde el principio. De hecho, el Ejecutivo garantizó ya el pasado otoño, a través del Real Decreto-ley 17/2021, que este déficit que asumían las empresas se pagaría con los correspondientes intereses. Una garantía que servía para que las empresas no tuvieran que hacer provisiones en sus cuentas, como les hubieran obligado sus auditores de otro modo.

Ahora, además, soportar el coste de parte de la factura de millones de hogares supondría un golpe financiero, dado el contexto de alzas de los tipos de interés. Poco antes de que el Gobierno decidiera cargar contra los presupuestos públicos lo que antes cargaba contra las compañías, la agencia S&P puso el 'rating' de Naturgy en perspectiva negativa por las dudas sobre su estrategia.

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No obstante lo anterior, la agencia de calificación valora el desempeño operativo sólido que está logrando en estos momentos. Por otro lado, para tratar de optimizar su estructura financiera, la compañía presidida por Francisco Reynés ha decidido recientemente recomprar un bono híbrido en lugar de refinanciarlo. A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años, ahora una nueva emisión hubiera supuesto un mayor coste de intereses.

Ante este escenario, el Gobierno ha decidido subvencionar la tarifa gasista regulada. Las tarifas de mercado libre afrontan subidas del 200% por el encarecimiento de la materia prima, disparada tras la escasez de gas procedente de Rusia. El propio Ejecutivo ha señalado recientemente que Naturgy es una empresa estratégica en el sector del gas en España. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha asegurado que la escisión de la empresa, como anunció la cotizada en febrero a través del Proyecto Géminis, no es aconsejable en este momento de elevada incertidumbre en el mercado del gas.

El Gobierno ha decidido subvencionar la tarifa regulada de gas y pagar con los presupuestos generales del Estado parte del recibo gasista a todo aquel que lo solicite, sin filtro de renta, tras admitir que las comercializadoras no pueden asumir en su balance la financiación de estas facturas, como se venía haciendo desde octubre de 2021. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos decidió entonces intervenir la factura y limitar la subida de la tarifa de último recurso (TUR). Sin embargo, el mayor coste de la materia prima comprada en los mercados internacionales era asumido por las energéticas, sobre todo Naturgy. El compromiso era que cuando pase la crisis ese déficit debería ser devuelto por los consumidores.

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