El fondo de compensación para las víctimas del amianto ve la luz tras el repunte de litigios

El fondo de compensación para las víctimas de amianto creado por el Gobierno verá definitivamente la luz. Así ha sido recogido en la Ley 21/2022, de 19 de octubre, tras el elevado número de fallecimientos vinculados directamente a este componente del fibrocemento. Este material de construcción fue muy empleado hace décadas en nuestro país y ha provocado que, solo en España, el número de muertos haya sido de 3.943 solo entre 1994 y 2008, disparándose también la litigiosidad en este ámbito tras calcularse en unas 2.300.000 toneladas su consumo entre 1960 y 1995.

No obstante, la cifra de fallecidos por esta causa podría ser mayor. Si se hace una estimación del número anual de casos de patologías por amianto, entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos a indemnizar en sus diferentes modalidades. Con estos datos, se puede deducir, tal y como recoge el texto legislativo, que "hasta 2023 seguiremos con un número ascendente de casos, lo que pone más en evidencia la necesidad de poner en marcha en nuestro país un fondo de compensación como los existentes en Francia, Holanda o Bélgica. A partir del 2023 se estabilizarán las cifras y se iniciará una rápida tendencia descendente. Estas son las previsiones".

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Los daños sufridos están derivando en una gran cantidad de litigios, lo que hace necesaria la creación de un fondo de compensación. Los conflictos judiciales fundamentalmente se refieren o afectan a trabajadores y trabajadoras que hayan podido estar en relación con el amianto. Y, además, hay que tener en cuenta los contactos fuera del ámbito laboral, dentro del ámbito familiar (por lavado de ropa en casa) o ambiental, que no regula ahora el sistema. Otra de las problemáticas es que, a diferencia de los accidentes de trabajo, en las enfermedades profesionales los daños no son instantáneos, aparecen años más tarde, y, en el caso del amianto, décadas más tarde, cuando muchas empresas han desaparecido. "No obstante, todos los datos anteriormente señalados ponen de manifiesto que afecta a un número de trabajadores y trabajadoras suficientemente significativo como para poder justificar el establecimiento de un fondo de compensación".

El fondo de compensación será gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y buscará, por tanto, la reparación íntegra de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición a este material padecidos por toda persona en su ámbito laboral, doméstico o ambiental en España, y tendrán derecho a compensaciones, de las que no han trascendido las cuantías.

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EP

Los recursos económicos de este fondo provendrán de consignaciones o transferencias que se determinen cada año en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, por la obtención por subrogación de las personas afectadas en vía judicial, de las aportaciones de las sanciones impuestas por la autoridad laboral, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incumplir obligaciones en materia de seguridad y salud laborales relacionadas con el amianto y de las rentas o frutos del propio fondo.