PP, ERC, Junts y PNV presionan al Gobierno para que acote el dominio de las eléctricas

Varios grupos parlamentarios con importante representación en el Congreso de los Diputados están presionando al Gobierno, de una u otra forma, para que saque adelante las subastas de energía barata de las grandes eléctricas a la que se comprometió en 2021 y limite así el creciente poder de mercado que están logrando con la actual crisis.

Según documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya lanzarán varias enmiendas de forma inminente al proyecto de ley de ahorro energético que se tramitó este verano. El objetivo de los tres grupos, que suman más de 100 diputados, es que el Gobierno dé cumplimiento al Real Decreto-ley 17/2021 que prometía sacar una subasta con la energía inframarginal y barata de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP). Además, el PNV también ha pedido este año desde la tribuna de la Cámara Baja que se subaste esa energía en poder de las grandes eléctricas para lograr precios más equilibrados para todos.

El decreto del Gobierno se comprometió a celebrar esta subasta antes de que acabara el pasado año, pero aún no se ha sacado adelante dicha puja. Las eléctricas, que se opusieron frontalmente a la misma, argumentan que no tienen energía disponible, ya que toda está comprometida con sus clientes. De hecho, algunas firmas como Iberdrola especifican en los contratos que de celebrarse estas subasta estarán habilitados para romper contratos a sus clientes sin indemnización alguna.

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Con este panorama, los grupos parlamentarios de PP, ERC y Junts están siendo sensibles a las peticiones del sector energético más débil en estos momentos, que ve cómo el mercado cada vez está más en manos de las grandes empresas. Por eso, solicitan al Ejecutivo que obligue a las empresas a que subasten aquella energía que aún no tienen comprometida, así como que reserven la que les vaya quedando libre para este fin antes de lanzar nuevas ofertas. Y si la subasta queda a precios elevados, se detraiga los beneficios caídos del cielo y se utilicen para pagar parte de los cargos de la factura.

Las pequeñas comercializadoras, entre las que destaca un nutrido grupo de firmas catalanas como Holaluz, Factor Energía, Nexus Energía o Audax, vienen quejándose en los últimos tiempos de que al no tener generación, como las grandes 'utilities', no pueden dar energía al mismo precio y eso hace que sólo una parte del mercado se beneficie de energía barata. Ahora, los tres grupos parlamentarios que lanzan sus enmiendas aseguran que el objetivo es incentivar el ahorro energético del 100% de los consumidores y no sólo den lo que no hayan conseguido una buena tarifa eléctrica. Según creen, las enmiendas buscan que el precio de los clientes sea más equitativo, ni unos tengan precios tan caros, ni otros tan baratos.

Su objetivo, exponen los grupos políticos, es bajar el precio de la electricidad equivalentemente a todos los consumidores, promover el mercado libre y el ahorro de todos los consumidores.

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La lógica parte de que si se celebraran las subastas, las pequeñas comercializadoras tendrían acceso a energía a precios más baratos para sus clientes, algo de lo que no disponen hoy en día, lo que está provocando una fuga de clientes a las grandes empresas, con mayor capacidad de negociación. Pero en la coyuntura actual, las comercializadoras independientes y los grupos parlamentarios sensibles a sus causas creen que el mercado ha reaccionado protegiendo sus intereses y perjudicando al consumidor de dos maneras: creando clientes de primera y de segunda y destruyendo la competencia. Dicha destrucción de competencia también se da en la comercialización doméstica de gas tras subvencionar el Gobierno la tarifa regulada que dan las grandes energéticas.

No sólo estos tres grupos están siendo sensibles a las demandas de las comercializadoras de menor tamaño, que ya alertaron a Bruselas recientemente de su situación. Por su parte, el PNV ha lanzado preguntas parlamentarias al Gobierno para que se le dé cuenta de cómo están estas subastas. Pese a la influencia que Iberdrola pudiera tener sobre el grupo vasco, la diputada Idoia Sagastizabal preguntó por esta cuestión a principios de año, en vista de que las subastas no se habían realizado.

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El Gobierno le ha contestado nueve meses después, en septiembre. Según señala, siguen trabajando en coordinación con la CNMC para dar cumplimiento a estas subastas. El Ejecutivo volvió a sacar del cajón la posibilidad de celebrar estas pujas para incluir dicha energía en la reforma del precio de la tarifa regulada PVPC que actualmente tramita y pretende tener lista a principios del próximo año. Sin embargo, sólo lo contempla como una posibilidad. En línea con lo anterior, la propia parlamentaria del grupo jeltzale advirtió en la tribuna del Congreso el pasado 30 de junio que la reforma de la PVPC y el mercado de futuros debería tener más liquidez, es decir, que tenga energía para vender.

Según entendía Sagastizabal (PNV), "se debería hacer que los productores lleven un porcentaje de energía para que las comercializadoras puedan conseguir energía en condiciones de mercado y puedan competir y tener precios equilibrados". Tal y como estimaba en junio, "ahora es imposible acudir a este mercado porque las empresas dominantes operan con contratos intragrupo con sus comercializadoras al margen de ese mercado y por eso es necesario que estas lleven al menos un porcentaje de su energía a ese mercado bien a través de las subastas de energía primaria, bien a través de otros mecanismos". "Esto haría tener precios mucho más equilibrados", concluye.