Repsol sella la paz con el administrador del caso YPF y salva su reclamación de 1.500 M

Repsol evita un riesgo que podría haberle costado hasta 1.483 millones de euros. La petrolera española ha sellado la paz con el administrador concursal español del caso YPF, la antigua filial argentina que fue expropiada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que la amenazaba con retirar derechos de crédito millonarios.

Todo ha ocurrido en el concurso de Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa), las dos sociedades españolas con las que la familia Eskenazi compró un 25% de YPF antes de la expropiación de 2012. Su administrador, Armando Betancor, comunicó hace algunos meses a Repsol que podría retirarle derechos de crédito por valor de 1.483 millones en el concurso de estas sociedades.

Esta amenaza coincidió con un incidente concursal en el que Repsol y otros acreedores cuestionaban los honorarios del administrador, que acababa de pedir una ampliación tras haber gastado entre 12 y 15 millones de euros.

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La vista para tratar estos posibles costes excesivos para los acreedores estaba prevista para el próximo 22 de noviembre, aunque Repsol y otro acreedor —Innovación y Encomienda Empresarial (IEE)— han decidido pedir que suspenda el incidente y la citación: "En atención a las conversaciones que actualmente se mantienen para concluir el presente procedimiento, Repsol, el administrador concursal e IEE respetuosamente solicitan que este juzgado acuerde la suspensión del procedimiento de incidente concursal referido en los presentes autos", expone un escrito enviado al juzgado la semana pasada, al que ha tenido acceso este medio.

Recuperación pendiente

Las fuentes consultadas explican que la decisión del administrador de cuestionar los derechos de crédito de Repsol llegó como respuesta procesal a la petición de la petrolera de limitar sus honorarios, por lo que, cancelado este enfrentamiento, se paraliza también el primero.

Estos derechos de crédito dependen de un juicio en Nueva York de PESA y Peisa contra la República de Argentina e YPF, en el que podría haber novedades antes de final de año. Las sociedades españolas reclaman 12.500 millones por la expropiación de YPF. De ganar, un 70% del dinero sería para el fondo que está financiando el pleito, Burford. Lo demás iría principalmente a Repsol y el fondo oportunista Anchorage, que compró deuda de acreedores. También tienen posiciones Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP Paribas, Itaú, Standard Chartered y Santander.

Las dudas sobre los derechos de Repsol surgieron en un escrito del administrador, en el que sostenía que la petrolera presidida por Antonio Brufau había renunciado 'de facto' por el acuerdo que firmó en 2014 con el Gobierno argentino, por el que recibió bonos valorados en 5.000 millones de dólares: "La firma del Convenio Amigable suscrito entre Repsol y otros, con la República de Argentina, ha producido efectos directos para las concursadas (...). Dado que [el convenio] se rige por la ley argentina, la administración concursal ha encargado a un reputado experto y acreditado jurista argentino un análisis legal y de los efectos del citado convenio. Las conclusiones alcanzadas determinan que las concursadas se han beneficiado de la extinción de las obligaciones de pago frente a Repsol", expuso el administrador.

Desde la petrolera, negaron haber renunciado a ningún crédito —que tienen ya reconocido en el juzgado—, ya que el acuerdo que firmaron con Argentina solo afecta a posibles reclamaciones con este Estado latinoamericano. Por ello, defienden que tienen derecho a seguir en el proceso concursal de PESA y Peisa y a recuperar el dinero que les debían estas sociedades, en caso de que la liquidación lo permita.