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Iberdrola avala con 390 M a tres directivos implicados en la trama de corrupción eólica
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Iberdrola avala con 390 M a tres directivos implicados en la trama de corrupción eólica

La compañía eléctrica presenta garantías en primer requerimiento en el juzgado de Valladolid que investiga el presunto pago de mordidas en Castilla y León

Foto: Sede de Iberdrola en Bilbao. (EFE/Luis Tejido)
Sede de Iberdrola en Bilbao. (EFE/Luis Tejido)
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Iberdrola ha decidido asumir la responsabilidad económica de los embargos decretados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid contra tres de los directivos de la eléctrica implicados en la llamada trama eólica, un caso de presunta corrupción por el que la Fiscalía ha solicitado hasta 138 años de cárcel para todos los implicados. La compañía, que solo tenía que avalar 11,2 millones a título patrimonial, ha decidido hacerse cargo de los 390 millones de euros que el juez solicitó contra Pedro Barriuso, Rafael Icaza y Ricardo Bravo.

En octubre del pasado año, la Fiscalía Anticorrupción formuló un escrito de acusación y pidió penas de cárcel de entre cuatro y 42 años para cinco ex altos cargos de la Junta y 11 empresarios, entre los que estaban los tres de Iberdrola. Para ellos, el fiscal solicitó seis años de prisión. En noviembre, Javier de Blas, el magistrado que ha investigado la causa, dictó la apertura del juicio oral e impuso fianzas millonarias, tanto a la Junta de Castilla y León como a Iberdrola y a todos los señalados por haberse beneficiado presuntamente de concesiones ilegales tras pagar mordidas de 80 millones, según mantiene la acusación y ha sido publicado en medios locales.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (Iberdrola)

El pasado 10 de mayo, el juzgado requirió a Pedro Barriuso, el que fuera máximo responsable de la división de Renovables de Iberdrola, a Rafael Icaza de la Sota, director de Control, y a Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Castilla y León del grupo, que depositaran 130 millones de euros por cabeza por su papel en la trama. Una cantidad inédita que, obviamente, ninguno podría asumir.

Icaza llegó a depositar en el juzgado 14.600 euros, mientras que Barriuso, consejero delegado de Fisterra Energy, del fondo estadounidense Blackstone, llegó a consignar casi 410.000. Según distintas fuentes, tanto Barriuso, que en mayo negó a este diario que tuviera ninguna orden de embargo, como Icaza, que aún sigue en Iberdrola, mantuvieron contactos con la alta dirección de la eléctrica para solucionar un problema personal que les hubiera llevado a perder todas sus propiedades. El directivo del 'private equity' americano ha confirmado ahora que, efectivamente, ha sido avalado por la que fue su empresa.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE/Jesús Monroy)

Según ha adelantado 'El Mundo de Castilla y León', el pasado 7 de septiembre, Iberdrola elevó ante un notario de Bilbao garantías públicas de primer requerimiento para hacerse cargo de las fianzas de sus directivos que presuntamente participaron en una trama de corrupción para la concesión irregular de autorizaciones de parques eólicos en la comunidad autónoma entre 2003 y 2011.

En los contratos firmados con Barriuso, Icaza y Brazo, Iberdrola "garantiza de forma incondicional e irrevocable en concepto de garantía personal corporativa a primer requerimiento" y asume la obligación solidaria de pago derivada de la multa que les ha sido impuesta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, todo ello "de conformidad con lo establecido en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Foto: Ignacio Sánchez Galán, en una imagen del pasado julio. (EFE/José Coelho)

Hasta la presentación de estos avales, Iberdrola solo tenía que hacerse cargo de una multa de 11,25 millones, tal y como recoge en su informe anual relativo al ejercicio 2021, junto con la Junta de Castilla y León, que tiene que depositar 24 millones. A partir de ahora, se hace cargo de estas multas, que, de ratificarse cuando se celebre el juicio, previsto para principios de 2023, serían las de mayor importe en la empresa española.

El presunto caso de corrupción por cohecho continuado conocido como trama eólica tenía como cerebro, según la Fiscalía, a Rafael Delgado, viceconsejero de Economía durante los mandatos de Juan Vicente Herrera, y a los hermanos Alberto y Francisco Esgueva, dueños de una compañía denominada San Cayetano Wind, con la que Iberdrola firmó varios acuerdos para promover, construir y explotar parques eólicos en Castilla y León. Los hermanos Esgueva recibieron por ello 31,6 millones de euros.

El Confidencial ha intentado en ocho ocasiones obtener la versión de Iberdrola, pero ninguna de sus llamadas ha obtenido respuesta.

Iberdrola ha decidido asumir la responsabilidad económica de los embargos decretados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid contra tres de los directivos de la eléctrica implicados en la llamada trama eólica, un caso de presunta corrupción por el que la Fiscalía ha solicitado hasta 138 años de cárcel para todos los implicados. La compañía, que solo tenía que avalar 11,2 millones a título patrimonial, ha decidido hacerse cargo de los 390 millones de euros que el juez solicitó contra Pedro Barriuso, Rafael Icaza y Ricardo Bravo.

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