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Chóferes de Cabify, Uber y Bolt ven peligrar 40.000 empleos y amenazan con protestas
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En riesgo 10.000 licencias VTC

Chóferes de Cabify, Uber y Bolt ven peligrar 40.000 empleos y amenazan con protestas

El próximo 30 de septiembre termina la prórroga del decreto Ábalos, que permitió al sector de las VTC continuar cuatro años más. La falta de regulación en la mayoría de CCAA aboca al fin de su actividad en pocos días

Foto: Manifestación convocada por el Sindicato Libre del Transporte, mayoritario en el sector VTC en Cataluña. (EFE/Enric Fontcuberta)
Manifestación convocada por el Sindicato Libre del Transporte, mayoritario en el sector VTC en Cataluña. (EFE/Enric Fontcuberta)
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El Gobierno y las comunidades autónomas ya tienen encima de la mesa un nuevo conflicto sobre ruedas. Después de la huelga de transportistas de marzo, el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que opera a través de plataformas como Uber, Cabify o Bolt, ya amenaza con movilizaciones y protestas, por lo que entienden puede ser el fin de la actividad de unas 9.000 licencias, lo que supone una pérdida en el territorio nacional de casi 40.000 empleos directos e indirectos, señalan a El Confidencial fuentes al tanto de la problemática.

Para el sector, el coste de esta situación implicaría también cuantiosas pérdidas para la Administración, ya que se deberían pagar indemnizaciones compensatorias por valor de más de 1.377 millones de euros, según datos de las patronales sectoriales. Además, estiman que las pérdidas económicas en materia fiscal podrían superar los 2.500 millones de euros anuales.

El próximo 30 de septiembre expira la prórroga de cuatro años de actividad concedida a la VTC en el Real Decreto-ley 13/2018, conocido como el decreto Ábalos, ya que fue impulsado bajo responsabilidad del exministro de Transportes. Con esta regulación de tránsito, que modificaba la Ley de Ordenación de los Transportes, se permitía a los coches de Uber, Cabify o Bolt desarrollar su actividad dentro del entorno urbano.

La mayoría de regiones no quieren abrir este melón a más de medio año de las autonómicas

Sin embargo, la prórroga para todo el territorio nacional debería ser sustituida por regulación específica de las comunidades autónomas y la mayoría de ellas no lo han hecho. Además, las que sí han regulado lo han llevado a cabo de forma muy desigual: mientras Madrid ha desplegado una normativa que permite a los conductores de VTC trabajar en una situación similar a la actual, Cataluña ha puesto toda una serie de requisitos muy difíciles de cumplir que 'de facto' suponen el fin de su actividad, según entiende el sector, que busca fórmulas para poder seguir operando a pesar de las trabas. Las movilizaciones del sector que ya hubo en Cataluña este verano podrían extenderse a gran parte del resto del país.

La mayoría de regiones no quieren abrir este melón a poco más de medio año de las elecciones autonómicas, ya que permitir la actividad de los VTC es visto como un agravio por el sector del taxi, muy combativo desde que emergieron estas plataformas de transporte alternativas. Sin embargo, tampoco buscan en la mayoría de casos acabar con esta actividad, que es valorada por muchos ciudadanos de grandes ciudades.

A menos de tres semanas de que expire el decreto Ábalos, ha tenido que salir al paso la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que este mismo lunes rechaza, en principio, conceder una nueva prórroga. Sin embargo, la responsable del Gobierno dejaba la puerta abierta a revisar "uno a uno" los 16.000 recursos que presentó el sector para estirar los plazos y que por un defecto de forma tumbó la Justicia.

Foto: (Albert de Gea / Reuters)

Pero, por ahora, el sector no se muestra satisfecho y sigue barajando las movilizaciones y protestas, ya que siguen sin tener certeza de que puedan seguir trabajando dentro de 20 días, a excepción de las alrededor de 8.400 licencias que operan en la Comunidad de Madrid. Cabe destacar que entre los empleos amenazados hay un alto porcentaje de trabajadores en sus últimos años de vida laboral que tienen difícil su reinserción en el mercado de trabajo.

La VTC se siente agraviada, porque durante la pandemia el resto de colectivos dedicados al transporte obtuvieron prórrogas, a diferencia de lo que les ha ocurrido a ellos. Creen que las restricciones a la movilidad motivadas por el covid-19 no les han dejado amortizar sus inversiones como si estos cuatro años hubieran sido de actividad plena y normal. Por eso solicitan una prórroga del decreto Ábalos que permita mantener su actividad en los entornos urbanos mientras todas las comunidades autónomas regulan definitivamente sobre el sector.

Foto: Protesta de taxistas contra Uber y Cabify en Barcelona. (EFE)

En los últimos días, el sector está haciendo movimientos para tratar de salvar la situación. La semana pasada hubo reuniones con el portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del PSOE en el Congreso de los Diputados, César Ramos. En este punto, cabe destacar que el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, siempre se ha mostrado favorable a las tesis del taxi, lo que supone un escollo añadido para dar una salida a la VTC.

Semana clave

Esta misma semana, las patronales sectoriales de la VTC tienen convocadas asambleas en las que decidirán qué pasos dar en los próximos días, pero aun así creen que habrá protestas no organizadas de autónomos que cuentan con licencias VTC, y que suponen alrededor del 80% del total de propietarios. Una realidad distinta a la que había antes de la pandemia, cuando dichas licencias estaban mucho más concentradas en pocas manos, pero hubo ventas masivas ante la incertidumbre generada tras el estado de alarma y antes del mismo, como fue la transacción millonaria del conocido empresario Rosauro Varo.

Este martes, la patronal Movea, que representa a gran parte de autónomos del sector, ha convocado una rueda de prensa para hablar de la regulación catalana, que entienden contraria a sus intereses. No se descarta una contrarreacción del sector del taxi, que ve la actividad de estas plataformas como intrusismo y competencia desleal. El caso Uber Leaks, por el que se filtraron prácticas cuestionables a nivel mundial de la plataforma estadounidense, tampoco ayuda a la imagen del sector VTC.

placeholder Imagen de archivo de taxistas en Andalucía protestando. (EFE)
Imagen de archivo de taxistas en Andalucía protestando. (EFE)

Este mismo lunes, también se estaban barajando concentraciones ante la Consejería de Transportes de Andalucía, donde operan más de 3.200 licencias de VTC. El Gobierno de Moreno Bonilla esperó a que se celebraran las elecciones para regular esta cuestión, que está a punto de sacar adelante. Sin embargo, el sector tampoco está contento y cree que contiene trabas similares a las de Cataluña, lo que limitará su actividad. Mientras, el taxi andaluz tampoco lo ve bien y ha realizado protestas en los últimos días.

El último recurso que también se baraja en el ámbito del sector, si no consiguen una salida satisfactoria a este problema, es acudir a los tribunales con la premisa de que limitar la actividad de la VTC puede ser una regulación contraria al tratado fundacional de la Unión Europea, que aboga por la libertad de empresa y la libre competencia. Si no hay solución en 20 días, las demandas están garantizadas.

El Gobierno y las comunidades autónomas ya tienen encima de la mesa un nuevo conflicto sobre ruedas. Después de la huelga de transportistas de marzo, el sector de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que opera a través de plataformas como Uber, Cabify o Bolt, ya amenaza con movilizaciones y protestas, por lo que entienden puede ser el fin de la actividad de unas 9.000 licencias, lo que supone una pérdida en el territorio nacional de casi 40.000 empleos directos e indirectos, señalan a El Confidencial fuentes al tanto de la problemática.

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