La defensora del pueblo de la UE critica la gestión del fichaje de Navarro por Iberdrola

Emma Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) entre 2018 y 2020, fichó por Iberdrola solamente unos meses después de dejar la institución con sede en Luxemburgo. Durante su etapa en el banco, Iberdrola recibió financiación blanda por más de 1.200 millones de euros. Ese caso de puerta giratoria provocó críticas de eurodiputados y la apertura de la investigación por parte de la oficina de la defensora del pueblo europeo, Emily OReilly, que ahora se ha cerrado.

En su informe final, la irlandesa critica que el BEI "no gestionó adecuadamente el riesgo de conflictos de intereses, que surgió de la solicitud de la antigua vicepresidenta de ocupar un cargo en la empresa durante su período de enfriamiento", que es como se llama el tiempo que un miembro de la institución debe abstenerse de aceptar trabajos que pueden presentar algún conflicto de interés. Esta investigación comenzó en junio de 2021 y ha obligado al BEI a dar explicaciones a la oficina de la ombudsman sobre de qué forma se decidió dar luz verde a Navarro para que aceptara la oferta de Iberdrola.

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La española necesitaba el permiso del Comité de Ética y Cumplimiento (ECC) de la institución, al haber pasado menos de 12 meses de su salida del BEI. "El Comité de Ética y Cumplimiento del BEI no tuvo objeciones a su nombramiento para el cargo mencionado anteriormente, sujeto a su compromiso de abstenerse de cualquier relación con el Grupo BEI y sus órganos de gobierno durante el ‘periodo de reflexión’ de 12 meses", explicaron desde la institución a El Confidencial.

O’Reilly considera que el ECC debió haber hecho mejor su trabajo. "La investigación de la Defensora reveló que ni el Director de Cumplimiento, que elabora un dictamen preliminar de la solicitud, ni el ECC, habían pretendido establecer a partir de qué momento la exvicepresidenta había tenido conocimiento de la perspectiva de la actividad post-mandato con la empresa", señala su informe. Es decir, no intentaron saber en qué punto en el tiempo Navarro supo que tenía la posibilidad de trabajar en el futuro para Iberdrola. "La Defensora del Pueblo considera que, para evaluar adecuadamente el riesgo de un conflicto de intereses real, el BEI debería haber establecido cuándo surgió la perspectiva", subraya.

El análisis final apunta que el BEI no dio siempre la información exacta

La Defensora del Pueblo europeo señala la importancia de la percepción del público. "A pesar de las explicaciones dadas por el BEI sobre por qué no había ningún conflicto de interés real o potencial, el hecho de que la exvicepresidenta participara en actos públicos para la firma de acuerdos de financiación entre el BEI y la empresa matriz, a cuya sociedad subholding posteriormente se incorporó, podría crear una percepción pública de conflicto de intereses. El hecho de que los miembros del Comité de Gestión no estén directamente involucrados en los detalles de las negociaciones o la implementación de dichos acuerdos no será evidente para el público en general y, por lo tanto, no mitigará esta percepción".

O’Reilly celebra, sin embargo, que el BEI ha hecho mejoras en las normas éticas pertinentes, por lo que "cierra su investigación con la conclusión de que no se justifican más investigaciones", aunque envía un aviso a la institución con sede en Luxemburgo: "El BEI debería adoptar un enfoque más sólido para los cambios de puertas giratorias de los miembros de su Comité de Gestión a trabajos del sector privado relacionados con asuntos en los que trabajaron mientras estaban al servicio del BEI".

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Pero incluso si la Defensora del Pueblo cierra la investigación, el tono del análisis final es muy duro, apuntando a que la institución no siempre dio la información exacta. "El BEI argumentó que no había riesgo de un conflicto de intereses real porque el puesto estaba en manos de una sociedad de cartera secundaria, y no de la empresa matriz y del socio financiero del BEI. Sin embargo, la investigación de la Defensora del Pueblo demostró que fue la propia empresa matriz la que le había ofrecido al exvicepresidente el puesto en la empresa, y que el BEI estaba al corriente de ello", señala el documento.

Por ejemplo, otro de los toques de atención que O’Reilly da al BEI es que la institución no tomó medidas para que las condiciones que el ECC impuso a Navarro, es decir, que se abstuviera de hacer lobby, se cumplieran. La institución debería haber informado al personal del BEI para que avisaran de una infracción de esas condiciones en caso de que la española se pusiera en contacto con alguno de ellos. “La investigación ha demostrado que la decisión que aprobaba el movimiento y sus condiciones se compartió solo con cuatro altos directivos y no se comunicó más ampliamente debido a "condiciones de confidencialidad". Esto significaba que secciones cruciales del BEI no conocían las condiciones, por ejemplo, los equipos del BEI responsables de negociar e implementar acuerdos de financiación con Iberdrola. El Defensor del Pueblo no ve por qué el BEI no habría compartido la decisión de la ECC más ampliamente entre los miembros del personal pertinentes para garantizar que el cumplimiento de las condiciones pudiera controlarse de manera más eficaz”, señala el texto.

Puertas giratorias

"En sus conclusiones, queda claro que el fichaje de Emma Navarro por Iberdrola supone un caso de puertas giratorias mal gestionado y con un claro riesgo de conflicto de intereses", explica Ernest Urtasun, eurodiputado de Catalunya en Comú y uno de los miembros de Los Verdes que impulsaron la denuncia ante la Defensora del Pueblo.

"El hecho de que la señora Navarro asumiera un alto cargo en Iberdrola después de haber participado en la concesión de proyectos y préstamos del BEI a esa empresa cuando ejercía de vicepresidenta es un escándalo que daña la imagen de la institución bancaria, de la empresa y de las candidaturas españolas a los organismos comunitarios", subraya el eurodiputado ecologista.