El precio de subir a la ACB: sin SAD e inversión de 3,5 millones entre canon y presupuesto

Los ascensos y descensos han vuelto a la normalidad en el baloncesto. Bàsquet Girona y Covirán Granada debutarán en la ACB en 2022-2023, y para ello deberán cumplir una serie de obligaciones económicas y técnicas que la gestora de la liga profesional requiere a todos los que logran una plaza por méritos deportivos. La inversión inicial ya ronda los 3,5 millones entre el presupuesto mínimo exigido y el valor de participación, que se abona en cuatro temporadas. Eso sí, por primera vez se elimina la obligación de ser SAD tras los últimos cambios legislativos, que se consolidarán en la futura Ley del Deporte.

Ambos equipos han realizado ya sus inscripciones. Para aceptarlas, la ACB valora en primer lugar el informe de cuentas que deben presentar. Se trata de una auditoría externa que se encarga para los clubes que ascienden y así evaluar su salud económica. En su día, el Club Baloncesto Ourense no la superó y a la postre se destapó una deuda de más de 600.000 euros, que Pedro Fernández, su nuevo accionista mayoritario, se ha comprometido a limpiar.

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De esta forma, la ACB busca minimizar riesgos que dañen la reputación de la competición y afecten al resto de clubes. Por otro lado, la auditoría externa va seguida de un examen a los presupuestos. Este es un proceso por el que pasan todos los equipos, no solo los ascendidos. De nuevo, fue una de las notas discordantes el año de la Covid-19, cuando Gipuzkoa logró jugar la Liga Endesa tras su ascenso. Para intentar frenar su ascenso, la ACB alegó que había presentado unas previsiones que no se ajustaban al contexto de pandemia.

La realidad es que salvo Bilbao Basket o Breogán, pocos clubes dejaron a cero su partida de ticketing, y no solo Gipuzkoa Basket finalizó con pérdidas la temporada 2020-2021 al disputarse casi íntegra sin público. Aun así, es un requisito de control para realizar estimaciones de gasto. Eso sí, la ACB no interviene en las cuentas y los presupuestos, como sí hace LaLiga con su sistema de control económico. De ahí que se consienta a Real Madrid, FC Barcelona y Valencia Basket operar cada año a pérdidas, distorsionando la imagen real de la salud del torneo.

Una vez superados ambos exámenes financieros, Girona y Granada deben cumplir una serie de requisitos empresariales y técnicos. El primero es cubrir el valor de participación, lo que antiguamente podría equivaler al canon. Este valor es un pago que realizan los clubes al competir en una liga privada. La cuantía total es de 1,9 millones de euros, aunque se fracciona en cuatro ejercicios diferentes.

Cada club de cubrir en primera instancia la participación, que alcanza una cuantía de 1,9 millones de euros

Cada club abona unos 488.000 euros anuales en cuatro años, que se devuelven en el momento en el que se desciende a LEB Oro. En caso de lograr la permanencia, en lugar de realizar ese pago íntegro, la ACB descuenta una parte proporcional del reparto audiovisual y de patrocinio. Es una posición compleja para los clubes, pues supone un importante lastre a la hora de configurar presupuestos.

En esta situación se encontrará Río Breogán en 2022-2023. Tras ascender y amarrar la permanencia, debe hacer frente al pago del segundo tramo del valor de participación. Además de cobrar menos por el reparto, obliga a buscar financiación adicional, que en su caso aportarán sus máximos accionistas, Carmen Lence y Narciso Fernández. Este pago, a menudo, se suma a los compromisos de devolución de deuda que ya arrastran los equipos, como los lucenses, lo que pone más trabas a la hora de poder elevar el gasto en plantilla.

En el caso del Girona, será el propio Marc Gasol quien lo asuma como propietario del club. Granada, por su parte, tenía asegurado desde el año pasado una mayor aportación de las instituciones públicas y sus principales patrocinadores para elevar el presupuesto y cubrir este aval, además de otras palancas financieras.

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De hecho, este fondo también es un escudo para los propios clubes de la ACB. La asociación utiliza el reparto y el valor de participación para blindarse ante posibles impagos. En caso de quiebras que un club deje deudas con jugadores o entrenadores, la patronal se reserva el derecho a utilizar ese dinero para saldarlas. No cubre al resto de la plantilla no deportiva. Es decir, los propietarios o las instituciones, que suelen financiar este canon, también asumen un riesgo de insolvencia.

Aun así, el valor de participación es un mecanismo mucho más flexible que el anterior canon y el denominado Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos. Hasta 2017 había que pagar un canon de 3,1 millones y otros 1,9 millones al fondo de regulación, que es el que hoy se mantiene con condiciones más ajustadas a lo que los clubes pueden asumir sin tensionar sus proyectos.

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Una vez garantizados todos los pasos para la inscripción y superadas las auditorías, los equipos deben confeccionar el presupuesto. El mínimo son 2,5 millones de euros, aunque hoy casi ninguno baja de los tres millones. El año pasado solo tres clubes arrancaron por debajo de este importe: Breogán, Manresa y Fuenlabrada. Los dos primeros lo elevaron hasta superar esta barrera, y los madrileños, que jugarán su decimoctava temporada consecutiva, aún deberán calibrar en función de si atan un nuevo patrocinador principal. De momento, se desconoce los planes presupuestarios de Granada y Girona.

Lo que se ha eliminado definitivamente es la obligación de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). La nueva ley del deporte ha finiquitado un recurso que, si bien necesario en su fundación, se había convertido en un auténtico lastre para entidades que no habían dado el salto aún al profesionalismo. Granada y Girona podrán esquivar así este último requisito, aunque por ahora se desconoce cuáles serán sus obligaciones en otros sentidos.