El último obstáculo de Sánchez para lanzar Operación Campamento: una tasación de 300M

Hace cuatro años, en la primavera de 2018, el equipo de María Dolores de Cospedal al frente del Ministerio de Defensa tenía todo listo para sacar a subasta los 1,5 millones de metros cuadrados que conforman la conocida como Operación Campamento, una enorme bolsa de suelo en el suroeste de Madrid.

Pero la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa frenó en seco este desarrollo, que desde entonces lleva cuatro años n esperando su destino. Horizonte que se empezó a despejar ayer.

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El propio presidente del Gobierno, dentro del rosario de medidas económicas que anunció para intentar levantar la legislatura, adelantó que iba a desbloquear Operación Campamento para poder promover 12.000 viviendas, el 60% de las cuales serán públicas de protección.

Poco después, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), se explicó que la cartera dirigida por Raquel Sánchez había alcanzado un acuerdo con Defensa para comprarle los suelos, un pacto en firme, pero todavía pendiente del crítico aspecto del precio.

Y aquí es donde entra en juego aquel proyecto que dejó prácticamente terminado Cospedal y que ahora se ha convertido en el último obstáculo que necesita salvar Sánchez para desbloquear, definitivamente, Operación Campamento.

El ministerio dirigido por Margarita Robles, a la sazón, el mayor terrateniente de España, tiene reconocida por ley una gran autonomía para decidir sobre la venta de su patrimonio. A grandes rasgos, la capacidad de desafección recae sobre el secretario de Estado de Defensa, quien no necesita el acuerdo del Consejo de Ministros para llevar a cabo estas ventas, sino que lo hace a través del Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa).

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Este organismo, según explican fuentes conocedoras, deberá ahora validar el precio que acuerden Transportes y Defensa, importe que cuenta ya con una nota de corte: los 300 millones que fijó como precio de partida el plan de Cospedal, según han confirmado fuentes implicadas en aquel plan.

Este número está en línea con los entre 200 y 250 millones que se estimaron en 2015, cuando Pedro Morenés era ministro de Defensa y se anunció a través de la web inmobiliaria Admeet la intención de sacarlos a subasta pública.

Entonces, todavía estaba en Campamento el Cuartel General de la División Castillejos, lo que hacía inviable un proceso de venta sólido y, para resolverlo, el equipo de Cospedal aprobó en 2017 su traslado a Huesca, mudanza que se completó hace apenas cinco meses.

Este punto era, junto a un acuerdo con la Comunidad de Madrid por una cañada real que atraviesa los terrenos de Campamento, el gran escollo que bloqueaba la venta de Campamento en tiempos de Rajoy y que estaba resuelto cuando triunfó la moción de censura.

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Entonces, ¿por qué se ha tardado cuatro años en relanzarlo? Hasta la Policía Nacional, que todavía tiene una parte de su servicio de caballería en Campamento, compró el año pasado un nuevo terreno para mudarse, con lo que Operación Campamento tiene garantizado que puede vender todos sus terrenos libres de ocupantes.

El único fleco que queda por resolver, por tanto, es el precio, conseguir llegar a un acuerdo que no penalice a Defensa, ya que por ley estas desinversiones están regladas por unos principios mínimos de tasación, precisamente para evitar que intereses políticos puedan jugar en contra de las fuerzas armadas, que necesitan este cheque para financiar su propia operativa.

A la espera de acontecimientos, los 300 millones fijados por el anterior Ejecutivo pueden terminar siendo la mejor bala de Robles para defender los intereses de su ministerio, ya que cualquier cifra por debajo exigirá ser cuidadosamente justificada si quiere evitarse el escándalo.