Ayuso cede: revisará excepcionalmente el coste de las obras por el alza de precios

Finalmente la Comunidad de Madrid revisará excepcionalmente el coste de las obras públicas por el alza de los precios. El Ejecutivo regional incluyó este miércoles en el orden del día de las votaciones del Consejo de Gobierno aprobar la adopción del Real Decreto 3/2022 que permite aplicar en los contratos de obra pública la cláusula de revisión de precios, una medida que el sector llevaba meses pidiéndoles y que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha estado resistiendo acoger.

Con esta adhesión se entierra el hacha de guerra que se había abierto entre las empresas constructoras y el Gobierno madrileño, enfrentamiento que ponían en riesgo importantes obras de la región. Entre ellas, una de las más importantes, la ampliación de la línea 11 de Metro, contrato adjudicado inicialmente a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Acciona, ACS y Rover.

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Se da la circunstancia de que la empresa presidida por José Manuel Entrecanales ha dicho públicamente en las últimas semanas que va a renunciar a concursos en los que ha resultado ganadora si el precio de las mismas no se ajusta a la nueva realidad de la energía, los materiales y la inflación. De hecho, en Cádiz, según las fuentes consultadas, ha renunciado ya a un proyecto.

En este contexto, el Consejo de Gobierno además aprobó este miércoles la adjudicación definitiva de la línea 11 de Metro además de la revisión de precios, dos puntos que permiten hacer confluir los intereses de todas las partes y evitar el enquistamiento de una nueva guerra. Entre los principales beneficiados de esta 'pax romana' está el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se había mostrado ya en el pasado a favor de ajustar los contratos al alza de precios.

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Históricamente, el sistema de revisión de precios ha permitido reequilibrar económicamente los proyectos ante fuertes variaciones del precio de los materiales, como lleva ocurriendo desde hace año y medio, pero desapareció de los pliegos tras un cambio normativo conocido como ley de desindexación, que se introdujo bajo el mandato de Mariano Rajoy y que buscaba mecanismos alternativos al IPC para referenciar los contratos públicos.

El Gobierno de Pedro Sánchez, ante el nuevo escenario de alza de precios e inflación, y movido por las obras paradas y las licitaciones desiertas que empezaron a multiplicarse ya el año pasado, aprobó en marzo el real decreto que ahora adopta Ayuso. Una norma que cuenta con el apoyo tanto de Vox como del PSOE, hasta el punto de que sendas formaciones presentaron en primavera dos proposiciones no de ley para adherirse.

El rechazarlo a hacerlo ha puesto en el alero a 80 contratos adjudicados tanto por la comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid entre 2020 y 2022 y que suman casi 3.000 millones de euros, según los datos del sector a los que ha tenido acceso El Confidencial.