El Gobierno ya revisa al alza contratos públicos de 'catering' por la inflación

La Administración pública ya está sufriendo en carne propia los efectos de la elevada inflación, que se encuentra por encima del 10%, récord desde 1985. Sin ir más lejos, el Ministerio del Interior se ha visto obligado hace pocos días a actualizar al alza los contratos firmados con los proveedores de alimentos que suministran 50 millones de raciones de comida al año a los presos de las cárceles españolas. Esta revisión busca evitar que dichos contratos entren en quiebra, ya que, según argumentan, a los precios a que se firmaron resultan inviables. Entre los productos que dicen que están provocando esta situación destacan la carne, el pescado, la leche, los precocinados o las conservas.

Según consta en documentación oficial, el departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska ha tenido que reconocer modificados de contratos de suministro firmados en 2021 y que se alargan hasta 2023 con aumentos de precios que llegan a ser próximos al 10% para las contratistas proveedoras de la comida. El Gobierno cree que esta es la decisión más adecuada desde el punto de vista económico, ya que de no elevar los precios se vería comprometida la provisión de alimentos, algo que pretende evitar, sabedor de que se trata de un colectivo especial como son los presos de las prisiones.

En cualquier caso, la Administración pública admite que la subida de precios no cubre costes a las empresas proveedoras. La actualización de precios de los diferentes productos y lotes se produce "para así garantizar el suministro por el tiempo que resta de ejecución de estos contratos, quedando en todo caso el precio de cada artículo por debajo del precio actual de mercado, de tal manera que la modificación no supone un beneficio para los adjudicatarios, puesto que ni siquiera se tiene en cuenta el beneficio industrial de los contratistas, con lo que la ejecución del contrato seguiría siendo desfavorable para estos, aunque no totalmente insoportable".

En este sentido, Interior advierte de que "en caso de una nueva licitación, los precios estarían por encima de la modificación" y que en 2023 serían más caros aún que con los contratos actuales revisados al alza: "Un cambio de contratista generaría un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación, porque en todos los casos los precios de mercado actual son sustancialmente más elevados que los propuestos".

El departamento encargado de gestionar las prisiones explica que el contexto bélico de la invasión rusa de Ucrania ha producido incrementos excepcionales de precios en combustibles, gas, electricidad, fletes marítimos de contenedores o materias primas que a su vez están afectando en la subida de alimentos básicos.

¿Qué alimentos suben más?

En este capítulo, el Ministerio del Interior destaca en los modificados de los contratos el aumento del coste de las aves, entre las que subraya el pollo (traseros, muslos, filete, pollo limpio), la gallina y el pavo. También afecta a las carnes: añojo, chuleta de cerdo, cinta de lomo, costillas carnudas, magreta adobada y salchicha fresca. Otros productos que sufren subidas destacables para la Administración son los precocinados. Ahí señala alaskitos, albóndigas, calamares, croquetas, escalopines, hamburguesa, patata prefrita, tortilla francesa y de patatas.

La leche también se ve impactada, según consta en la documentación consultada. Además, apunta a pescados congelados como la anilla de calamar, el bacalao, el cazón, el emperador, la merluza, la platija, el salmón y la tintorera. Por último, Interior señala el aumento de precio de las conservas: atún en aceite, en escabeche, caballa en aceite, pisto/fritada, salchichas y tomate frito.

Interior: "Ni la más diligente Administración hubiera podido prever una inflación así, ni mucho menos una guerra en Europa"

Por todo lo anterior, el Gobierno concluye que "resulta necesaria una actuación de la Administración que asegure la conservación del equilibrio de los contratos celebrados para el suministro de materias primas para la alimentación de los internos de los centros penitenciarios, a la luz de la nueva realidad con la que nos encontramos, ya que ni la más diligente de las administraciones hubiera podido prever una inflación como la existente, ni mucho menos una situación de guerra en territorio europeo".

Además, para esta actualización asegura que se cuenta ya con el dictamen favorable de la Abogacía del Estado. Se trata de numerosos contratos con diversos proveedores para las cárceles gestionadas por Interior y repartidas por toda España. Esta no es la primera vez que los proveedores de la Administración piden que se les reconozca un aumento de precios, dada la fuerte subida de sus costes, lo que está provocando en algunas ocasiones enfrentamientos entre las partes.