Acciona frena una sanción tras alegar la posible quiebra de su filial de 3.000 empleados

Las empresas incursas en procedimientos de sanción por infracciones relacionadas con la competencia afrontan cada vez un mayor riesgo para su negocio. Más allá de la multa económica que les aplican por cártel, y que en la mayoría de casos no les supone un gran daño real (lo que incentiva mantener comportamientos ilícitos), el verdadero problema puede surgir de la prohibición de contratar con la Administración pública, que en determinados casos supone su principal fuente de ingresos y puede ser clave para la supervivencia de las firmas sancionadas.

Este puede ser el caso de Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, una filial del grupo propiedad de la familia Entrecanales, que ha logrado esquivar en los tribunales la prohibición de contratar con el Estado, lo que hubiera supuesto la quiebra y desaparición de la empresa, donde trabajan más de 3.000 empleados.

Esta división fue multada en agosto de 2021 por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), acusada de participar en un cártel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la red de carreteras del Estado.

La sanción económica no parece que represente un gran riesgo, a tenor del tamaño de la matriz Acciona, presidida por José Manuel Entrecanales. De hecho, Acciona Mantenimiento fue multada solo con 2,34 millones de euros, lo que suponía la sanción más baja de las 12 empresas participantes en dicho cártel, con más de 62 millones de euros en total. Sin embargo, el procedimiento sancionador añadía que la CNMC había remitido a la Junta de Contratación del Estado (Ministerio de Hacienda) la notificación de esta resolución, a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance de la prohibición de contratar con la Administración a las empresas sancionadas.

Acciona, en desacuerdo con dicha sanción, decidió recurrir a la Audiencia Nacional, tribunal que asume esta tarea, para que se impusieran medidas cautelares y evitar así que se ejecutara la multa hasta que no haya un pronunciamiento de fondo sobre esta cuestión. En un reciente auto firmado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Justicia le ha dado la razón y ha suspendido dicha ejecución.

"Paralización, quiebra y desaparición"

Según los magistrados, "es precisamente la magnitud de los perjuicios que se irrogarían a la recurrente [en referencia a Acciona] con la ejecución de la multa y la prohibición de contratar el principal argumento que sustenta su petición cautelar".

"Destaca en tal sentido que Acciona Mantenimiento de Infraestructuras SA desarrolla su actividad mercantil en el ámbito de los contratos públicos, suponiendo esta prohibición de contratar con la Administración, la paralización de la actividad económica y la consiguiente quiebra y desaparición de la mercantil", señala el auto.

La Abogacía asegura que el castigo "tiene por objeto garantizar la existencia de una competencia efectiva entre las empresas"

En línea con lo anterior, añade que "la sanción económica impuesta, si se ejecutara, producirá un quebranto económico importante para la mercantil recurrente. Asimismo, la inmediata ejecutividad de la prohibición de contratar privaría a la plantilla del trabajo que viene desarrollando en régimen de contrato o concesión por una aplicación previa de la mencionada prohibición de contratar", concluyen los jueces, por lo que entienden procedente la suspensión de la sanción.

La cuestión, sin embargo, choca con la visión de la Abogacía del Estado, que defiende en este caso la ejecución de la sanción impuesta por la CNMC. La Abogacía asegura que el castigo "tiene por objeto garantizar la existencia de una competencia efectiva entre las empresas, que es un elemento definidor de la economía de mercado reconocida en el artículo 38 de la Constitución".

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Sea como fuere, Acciona entiende que no había un riesgo evidente de quedarse fuera de las licitaciones del Estado, fuente primordial de negocio de su división de mantenimiento de infraestructuras, ya que la propia Junta de Contratación, adonde la Audiencia Nacional devuelve el asunto, aún no se ha pronunciado sobre el plazo en que deberá de dejar de contratar con el Estado, si es que finalmente se confirma la multa de la CNMC, algo que no siempre ha ocurrido en el pasado más reciente. El hecho de que no haya un riesgo fuerte para el negocio en el corto plazo es lo que hace que no haya sido señalado como tal ante su auditor.

Por otro lado, fuentes jurídicas conocedoras del caso señalan que hay abundante jurisprudencia por la que los jueces admiten cautelares y suspenden las multas impuestas por la autoridad de competencia, a la espera de que se resuelva la cuestión de fondo, para garantizar así que no se genera un daño irreparable, como sería dejarlo fuera de las licitaciones públicas y que años más tarde la Justicia diera la razón al sancionado.

Algo similar sucedió recientemente con Deloitte. Tal y como avanzó El Confidencial, la 'Big Four' logró también suspender la ejecución de una sanción alegando tanto el daño económico que le supondría como el daño que conllevaría tener que dejar de contratar con la Administración pública.