El sindicato CIC acude a BdE y CNMV por la auditoría de Liberbank en 2021

El sindicato CIC (Confederación Intersindical de Crédito) mantiene su cruzada para averiguar por qué Liberbank no auditó sus cuentas previas a la fusión con Unicaja Banco. Tras un escrito al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) en abril, ahora recurre al Banco de España y a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) para que aclaren si los administradores de la entidad asturiana podrían haber incurrido en "una infracción muy grave" por no tener en marcha su auditoría de 2021. Desde Unicaja no hicieron comentarios.

La tesis de este sindicato, que tiene una representatividad del 25% en el banco malagueño, es que Deloitte ya no podía ser auditor de Liberbank el año pasado, al haber pasado 10 años desde que empezó a revisar sus cuentas. Así se lo confirmó el ICAC en la respuesta al escrito presentado en marzo.

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Ante ello, la CIC cree que Liberbank tendría que haber rotado de auditor, aunque estuviera inmersa en la fusión con Unicaja Banco, cuyo acuerdo se firmó a finales de 2020 y que se materializó el 30 de julio de 2021.

El sindicato sostiene que la entidad asturiana tendría que haber auditado sus cuentas de la primera mitad de 2021, al ser una entidad cotizada con miles de accionistas. Liberbank no lo hizo acogiéndose a una exención de la Ley del Mercado de Valores para "los emisores cuyas acciones o valores de deuda hayan sido excluidos de negociación antes de que finalice el plazo máximo permitido para remitir una determinada información periódica".

Trabajos de auditoría

Aun así, la CIC considera importante aclarar qué firma estuvo realizando los trabajos de auditoría de la firma asturiana, por si se hubiera dado el caso de que se rompiera la fusión y hubiera tenido que presentar las cuentas semestrales revisadas.

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Es en este punto en el que el sindicato pregunta al Banco de España y a la CNMV si "la presunta falta de contratación de un auditor por una empresa cotizada" es "causa de infracción muy grave por parte de los administradores, en base al artículo 92, párrafos g y h de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito".

Estos dos puntos se refieren a "carecer de la contabilidad exigida legalmente" e "incumplir la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas conforme a la legislación vigente en la materia".