La UDEF señala al juez que el Popular ejecutó una "política muy agresiva" en 2016

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha señalado al juez instructor del caso Popular que el banco llevó a cabo una "política comercial uniforme muy agresiva en la captación de fondos" durante la ampliación de capital de 2016, descartando que pueda hablarse de "actuaciones limitadas".

En un informe de 111 páginas remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan las declaraciones de hasta 1.417 clientes que habrían comprado acciones del banco, una diligencia solicitada por el magistrado después de levantar el secreto sobre la pieza separada en la que se indaga en la financiación a clientes por parte de la entidad para la citada ampliación.

Así las cosas, la UDEF relata que la "política de obtención de capital seguía" una "cadencia" determinada: en algunos de los casos, se ofrecían las acciones a clientes habituales o aquellos que acudían a las sucursales por cualquier otro motivo.

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En este contexto, relatan, también buscaban convencerlos de que "se trataba de una buena inversión y que podrían recuperar la inversión realizada con la ulterior venta de las acciones". Asimismo, se ofertaba esa financiación si el cliente no contaba con los fondos necesarios para su adquisición con unas condiciones ventajosas.

Concretamente, y según se desprende del análisis, un total de 681 clientes han señalado que desde el Popular "les ofrecieron acciones de la entidad y su adquisición fue financiada a través de la concesión de un préstamo" con condiciones favorables.

Presión y coacciones

El informe apunta a que algunos clientes fueron condicionados, presionados y coaccionados. En concreto, "aquellos reticentes a la compra de acciones y que se encontraban en una situación de necesidad financiera". "Esta presión se manifestaba en la denegación de préstamos o no renovación de otras fuentes de financiación preexistentes si no compraban acciones", revela.

Esa forma de operar coincide en al menos 365 de las entrevistas, de las que "se infiere que esta política de oferta de acciones a sus clientes minoristas enmarcada dentro de la ampliación de capital" generó "prácticas, al menos, reprochables por parte del personal empleado en las distintas sucursales de Banco Popular en todas las provincias".

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Estas prácticas se resumen, según explican los agentes, "en el aprovechamiento de la necesidad de obtención o mantenimiento de financiación de sus clientes, bien para sus negocios, empresas o cualquier tipo de compra, condicionando su concesión a la adquisición previa de acciones de la entidad".

Lo anterior choca, sin embargo, con la decisión de algunos clientes "que han adquirido acciones por su propia iniciativa sin que se lo ofrecieran previamente", haciéndose con las mismas "con fondos propios". Ese fue el caso de hasta 243 clientes a los que la entidad ofreció la posibilidad de comprar acciones del Banco Popular "y decidieron suscribirlas sin necesidad de financiación alguna".

Por otro lado, el extenso trabajo de campo que llevó a realizar más de 1.400 entrevistas por toda España revela declaraciones "en las que los comparecientes no eran responsables de la sociedad beneficiaria de la compra de acciones en ese momento" o que figuraban "como titulares cuando esa adquisición fue gestionada por otra persona, pareja o padres, ahora fallecida".

Operaciones por iniciativa propia

Por otro lado, 131 clientes describieron "operativas distintas, siendo en la mayoría de los casos situaciones en las que los testigos no recuerdan si se les ofreció la compra de acciones y/o su financiación o no fueron los responsables de la operación". "En otros casos, cabe mencionar que la compra se realizó por iniciativa del inversor, sin previo ofrecimiento de Banco Popular", apostilla el informe.

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Con todo, los autores del documento reconocen que "no todas las declaraciones se enmarcan fácilmente en las operativas descritas en el cuerpo del informe". "Se ha tratado de sintetizar el proceder de los empleados de Banco Popular en la oferta de acciones de 2016 y, si bien en la mayoría de los casos estos encajan en las pautas descritas, en otros casos, los mínimos, una misma declaración puede encuadrarse dentro de un patrón u otro según la interpretación del analista y el grado de información aportada por el declarante", explican.

Este informe fue encargado por el juez José Luis Calama el pasado 22 de marzo a la UDEF para que hiciera un trabajo de campo que abarcase a todas las provincias —incluyendo las ciudades autónomas— a fin de preguntar a una muestra de clientes si efectivamente compraron acciones del Banco Popular en la ampliación de capital del año 2016 con la financiación otorgada para ese fin.

Se trata de una de las dos principales ramas de este caso, en el que el magistrado investiga, por un lado, las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y, por otro, las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.