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Europa blinda al contribuyente y la unión bancaria a costa del inversor del Popular
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Europa blinda al contribuyente y la unión bancaria a costa del inversor del Popular

La Justicia allana el terreno de juego para futuras resoluciones en Europa con dos decisiones polémicas para los afectados por Popular, cuyos derechos se han dejado al margen

Foto: Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. (EFE/Julien Warnand)
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. (EFE/Julien Warnand)
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La Justicia europea ha necesitado seis sentencias de cientos de páginas para explicar lo que significa 'bail in'. La decisión adoptada este miércoles por el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), unida a la de hace casi un mes del TJUE, ha laminado gran parte de las esperanzas que tenían los antiguos accionistas y bonistas de Banco Popular de recuperar el dinero que se esfumó con la resolución que la próxima semana cumple cinco años.

Con distintos argumentos —muchos cuestionables a distintos niveles, según los afectados—, este tribunal ha dejado claro que la resolución que se llevó a cabo entre el 6 y el 7 de junio de 2017 fue legal y que era la única alternativa viable para la entidad entonces presidida por Emilio Saracho. Junto a ello, una sentencia del pasado 5 de mayo fijó que los afectados no pueden reclamar nada a Santander, ni aunque hubieran sido víctimas de una estafa.

Expertos consultados por este medio señalan que "Europa ha blindado su mecanismo de resolución, uno de los pilares de la unión bancaria". Así, esta alianza se asienta sobre tres pilares, dos construidos —el Mecanismo Único de Supervisor (MUS), que lleva el BCE, y el Mecanismo Único de Resolución, que está a cargo de la JUR— y uno pendiente: el mecanismo común europeo de garantía de depósitos (EDIS), bloqueado por países como Alemania.

Foto: Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)
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En caso de que se hubiera anulado la resolución del Popular, el pilar de resolución se hubiera resquebrajado, poniendo en tela de juicio la unión bancaria. Esta nació con el objetivo primordial de controlar al sector bancario y evitar que los contribuyentes vuelvan a financiar los rescates ('bail out'), algo que corresponde desde 2014 a los accionistas y bonistas ('bail in'). El primer campo de pruebas fue Banco Popular, y por eso era clave que la Justicia no anulara el proceso.

“Acojo con beneplácito la decisión de la Corte hoy, que reivindicó la acción que tomó la JUR. Trabajamos de manera oportuna y dentro de la ley para mantener la estabilidad financiera, mientras protegíamos al contribuyente de tener que rescatar al banco. Me complace que el tribunal esté de acuerdo con la posición de la JUR sobre nuestra decisión de resolución”, expuso Elke König, presidenta de la JUR.

Efectos secundarios

Lo mismo ocurría con la responsabilidad del comprador de una entidad resuelta de los litigios heredados. Desde que compró Popular, Santander reclamó que futuras resoluciones contaran con un esquema que liberara al banco heredero de demandas. Lo ha conseguido finalmente gracias a un recurso que estimó el TJUE. Según fuentes próximas a la JUR, también era clave dejar claro este punto para que en la próxima resolución que haya la subasta no quede desierta por temor a los litigios, teniendo que hacer frente al rescate el contribuyente.

Los abogados creen que el TUE se contradice y abre la puerta a demandas

Sin embargo, este blindaje de la unión bancaria puede tener efectos secundarios. El primero es la desconfianza que puede provocar entre accionistas y acreedores de la banca. El riesgo de fuga de inversores en una entidad en problemas se duplica, ante el panorama de no poder reclamar ni por estafa ni por falsedad contable y la rotundidad con la que ha defendido la resolución el TUE.

La defensa de Aeris Invest de los chilenos Luksic—, representada por Roca Junyent, denuncia la arbitrariedad de la sentencia del TUE, que, por un lado, dice que los recurrentes no justificaron lo suficiente que las palabras de Konig en mayo de 2017 provocaron una fuga de depósitos, y, por otro lado, les ha negado durante los últimos años documentación al respecto.

Foto: Antigua oficina del Banco Popular en Barcelona. (Alamy/Kristoffer Tripplaar) Opinión

Desde el TUE explican que “el Tribunal General estima que, tras la adopción del dispositivo de resolución, las partes demandantes no tienen derecho a que se les comunique todo el expediente en que se basó la JUR”. A ello, Aeris Invest responde que "se reprocha a los afectados la falta de pruebas o datos, cuyo acceso el mismo tribunal denegó en el curso de la causa". "Sin datos precisos y un acceso completo a la información sobre la que se basó la JUR, no es posible para los afectados defenderse plenamente", exponen.

Rendija legal

Desde Fieldfisher España creen que las sentencias abren un frente sobre el que reclamar en los próximos días por enriquecimiento injusto de Santander, que prescribe la próxima semana, por lo que hace un llamamiento a los accionistas a bloquear el periodo con un escrito al banco.

"La sentencia concluye que efectivamente la Valoración 2 de Deloitte reflejaba una serie de pasivos preexistentes a la resolución, entre los que Deloitte señala en sus informes a las ampliaciones de capital de 2012 y 2016, así como las emisiones subordinadas convertibles, que podían suponer pérdidas para el comprador en un escenario de venta de negocio, y que la resolución se basó correctamente en esta valoración. Es decir, que si se disminuye el valor del Popular por esas contingencias [que se valoran entre 1.800 y 3.500 millones] y luego se impide reclamar las mismas, se está produciendo un enriquecimiento injusto del Banco Santander", expone el presidente de este despacho, Jordi Ruiz de Villa.

La Justicia europea ha necesitado seis sentencias de cientos de páginas para explicar lo que significa 'bail in'. La decisión adoptada este miércoles por el Tribunal General de la Unión Europea (TUE), unida a la de hace casi un mes del TJUE, ha laminado gran parte de las esperanzas que tenían los antiguos accionistas y bonistas de Banco Popular de recuperar el dinero que se esfumó con la resolución que la próxima semana cumple cinco años.

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