La Fiscalía se 'alía' con Saracho y carga contra Ron por las cuentas de Banco Popular

La Audiencia Nacional se ha convertido en un campo de batalla en el caso Banco Popular. La probable cercanía del final del caso ha hecho que los principales protagonistas de la causa pongan las cartas boca arriba y se recrudezcan los ataques entre unos y otros. El último ha sido el de Ángel Ron para que se investigue "la posible gestión desleal" de su sucesor, Emilio Saracho. Esta petición fue rechazada por el juez José Luis Calama y ha derivado en una batería de recursos ante la Sala de lo Penal que ha dado una nueva vuelta de tuerca a los enfrentamientos.

Junto a ello, este movimiento ha generado dos bloques. Por un lado, uno que lidera Saracho en contra de las nuevas pruebas con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción y los grandes fondos, liderados por Pimco. Y por otro, está Ron con un extraño aliado, el mexicano Antonio del Valle, uno de los que forzaron la salida del banquero gallego a finales de 2016, abriendo la puerta a Saracho.

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EFE

Esta guerra llega tras la petición de Ron de que se investiguen la "inoperancia e inactividad" de Saracho durante los cinco meses que lideró Popular; el papel de Uría Menéndez como asesor del consejo de la entidad en el proceso de resolución, y la posibilidad de que el banquero de inversión y Uría no informaran bien a los consejeros de Popular de las implicaciones que estaban tomando el 6 de junio al declarar la inviabilidad de la entidad.

Uno de los escritos más duros de respuesta ha sido el del fiscal Antonio Romeral, del pasado 25 de mayo. En él acusa a Ron de intentar "desviar la atención" con "diligencias" que "se apartan de los hechos que son objeto de investigación". Romeral defiende que los consejeros tomaron una decisión cuya responsabilidad no puede trasladarse a Uría Menéndez. Y manda un recado a Ron:

"Da por hecho que ninguna relevancia penal tiene uno de los principales hechos investigados, como es la ampliación de capital de 2.505,5 millones de euros llevada a cabo por el banco, que para captar el capital de los potenciales inversores proporcionó a estos, a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad (...). La probable alteración contable que se mostró a los inversores a través del folleto de inversión está siendo objeto de una minuciosa investigación de la que resultan unos elementos incriminatorios que el recurrente ignora".

Saracho se ha sumado al escrito del fiscal. El banquero de inversión explica en sus alegaciones que intentó evitar la resolución, pero le faltó tiempo. Y usa una metáfora para cuestionar los argumentos de Ron y devolverle el golpe: "La situación sería equivalente a la del médico que, por no realizar el mejor tratamiento posible a la víctima de un delito (que ha sufrido un disparo o ha sido atropellada), no evita que las lesiones desemboquen en una muerte. La jurisprudencia nunca ha dejado de imputar el resultado al que ha creado el riesgo, con independencia de la omisión posterior".

Precedentes de CAM y CCM

Junto a ello, recuerda a su predecesor que hay "indicios (...) que evidencian lo contrario de lo manifestado por el recurrente: que sí se proporcionó información falseada al mercado durante el año 2016". Y aporta referencias a dos sentencias de la Audiencia que, en su opinión, podrían complicar el futuro penal de Ron: una de CAM, en la que se habla de falsedad contable por movimientos de provisiones —una de las cosas que se investigan en el caso Popular—, y otra de CCM, en la que el presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, fue condenado a pesar de no ser el responsable directo de la contabilidad.

Frente a estos supuestos indicios, Ron defiende que el informe pericial del caso, del 8 de abril de 2019, prueba que "a 31 de diciembre de 2016, Banco Popular era una entidad solvente, viable y estable".

Ron cuenta desde la semana pasada con Del Valle como aliado en esta cruzada. El banquero mexicano, que lideró su cese, considera que se deben aceptar sus pruebas porque "los consejeros de Banco Popular pudieron no haber dispuesto de la información y el asesoramiento necesarios a la hora de declarar la inviabilidad de dicho banco". "O, dicho de otro modo, que los consejeros de Banco Popular declararon la inviabilidad del banco sin que previamente, por parte de los asesores asistentes, se les explicaran las verdaderas consecuencias que dicha declaración de inviabilidad implicaba", añade.

Del Valle lo fundamenta en que "tal y como consta acreditado en las presentes actuaciones, fueron varios los consejeros (entre ellos, el tristemente fallecido Sr. Ruiz Sacristán [ex socio de Del Valle]) que, una vez tuvieron acceso al acta levantada respecto de la sesión del consejo de administración en cuestión, manifestaron sus discrepancias con lo realmente discutido y acordado en dicha reunión del consejo de administración, haciendo especial hincapié en las inexactitudes que dicha acta reflejaba".