Ayuso abre una nueva guerra contra todos al resistirse a revisar el precio de las obras

Las espadas están en alto entre la Comunidad de Madrid y las empresas constructoras, que no alcanzan a comprender cómo un Ejecutivo que se vanagloria de su carácter liberal está ahogándolas en un momento crítico para la supervivencia de estos negocios. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es el único, junto al cántabro y el navarro, que no ha adoptado todavía el Real Decreto 3/2022 que permite aplicar en los contratos de obra pública la cláusula de revisión de precios.

Históricamente, este sistema ha permitido reequilibrar económicamente los proyectos ante fuertes variaciones del precio de los materiales, como lleva ocurriendo desde hace año y medio, pero desapareció de los pliegos tras un cambio normativo conocido como ley de desindexación, que se introdujo bajo el mandato de Mariano Rajoy y que buscaba mecanismos alternativos al IPC para referenciar los contratos públicos.

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Entonces, nadie podía imaginar que la inflación iba a situarse por encima del 10%, ni que una guerra en el corazón de Europa iba a tener en vilo a todo el mundo occidental. El cambio de tercio es comparable a lo ocurrido con la pandemia y su impacto en comercios, bares y restaurantes, que se han acogido de manera masiva a la cláusula 'rebus sic stantibus' para exigir el reequilibrio en el pago de los alquileres y adaptarlos a la nueva realidad, repartiendo la pérdida provocada por el covid entre caseros e inquilinos.

Numerosos constructores consultados por este medio y que piden guardar el anonimato denuncian que esta postura del Ejecutivo regional les está ahogando, al obligárseles a trabajar a pérdidas, ante lo que advierten que existe un serio riesgo de retrasos en las obras y licitaciones desiertas. Esta espada de Damocles pende actualmente sobre 80 contratos adjudicados tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid entre 2020 y 2022 y que suman casi 3.000 millones de euros, según los datos del sector a los que ha tenido acceso El Confidencial.

Este medio ha intentado contrastar con la Comunidad de Madrid tanto el impacto económico que tendría para las cuentas públicas aplicar la revisión de precios en las obras ya lanzadas como el número de licitaciones y adjudicaciones que lleva este año, pero al cierre de esta edición no ha tenido respuesta, alegando que recabar esos datos lleva tiempo. Una falta de referencias que, en cambio, no les ha impedido asegurar que "no están detectando ningún problema en las licitaciones y adjudicaciones".

A la cuestión de por qué son casi la única comunidad de España que continúa sin aplicar la revisión de precios, ha señalado que, "desde la Comunidad de Madrid, estamos actuando con prudencia, ya que todavía no se han estabilizado los precios de la energía y hay mucha incertidumbre en cuanto a la coyuntura económica actual derivada de la guerra de Ucrania y la subida de precios. Estamos analizando cómo evoluciona todo este escenario".

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Esta respuesta y el "de momento" que también han apuntado desde el Gobierno regional en sus respuestas a este medio deja entrever que el Ejecutivo de Ayuso deja una puerta abierta a cambiar de postura. Cuando se traslada la misma pregunta a las compañías, algunas aseguran que a ellas también se les ha dicho que en breve se traspondrá, mientras que otras sostienen que, desde el entorno de la presidenta, se les ha hecho llegar justo lo contrario.

El Ayuntamiento de Madrid es otra víctima de este rechazo de Ayuso, ya que la postura del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida es favorable a la revisión de precios, la cual podría activarse en 39 contratos adjudicados en los últimos dos años y que suman 1.400 millones de euros. Sin embargo, como reconocen desde el Consistorio, no pueden hacerlo hasta que la comunidad trasponga la norma estatal que lo permite.

Martínez-Almeida sí quiere aplicar la revisión de precios, pero la postura del Ejecutivo regional ata de manos al Ayuntamiento para poder hacerlo

Desde hace casi un año, la CNC (Confederación Nacional de la Construcción) está reclamando recuperar la revisión de precios en las licitaciones públicas, para evitar la pérdida de miles de euros y de puestos de trabajo. El pasado enero, esta patronal ya advirtió que 485 licitaciones públicas, que suman 230,15 millones de euros, habían quedado desiertas por el alza de los precios y que cientos de obras ya en ejecución se estaban quedando paradas ante la imposibilidad de reequilibrar sus costes. Problema que, lejos de mejorar, se ha ido agravando desde entonces.

Precisamente, el primero en atender los ruegos de los constructores fue Alberto Núñez Feijóo, todavía presidente de Galicia, cuando incluyó en la Ley 18/2021 del pasado 21 de diciembre la disposición adicional segunda de "medidas aplicables a los supuestos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública".

Feijoó desafió a Sánchez cuando, siendo aún presidente gallego, se anticipó al Gobierno e incluyó en su normativa la revisión de precios

En ella, el Ejecutivo gallego, "atendiendo a la concurrencia de razones de interés general y para garantizar la viabilidad económica de los contratos de obra pública", reconoció una "compensación económica" o una modificación de los materiales cuando se produzca un alza del precio de los materiales superior al 20% y que esta suponga "una pérdida económica para el contratista superior al 6% del importe de adjudicación del contrato".

Con esta norma, Feijóo desafió al Gobierno de Pedro Sánchez, que por aquel entonces, como ahora Ayuso, se resistía a modificar la normativa para poder recoger la revisión de precios en las licitaciones públicas. Hasta que el pasado 1 de marzo, justo una semana después de la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética desatada en todo el Viejo Continente, aprobó el Real Decreto 3/2022, que reconoce medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.

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En este, reconoce que "la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de un número limitado de materias primas indispensables para la realización de determinadas obras no es posible afrontarla" con el mecanismo reconocido en la Ley de Contratos del Sector Público, que bebe de dos directivas europeas las cuales reconocen el mecanismo de revisión, pero solo para aquellos contratos en los que hayan transcurrido dos años desde su formalización o hayan ejecutado el 20% de su importe.

El real decreto reconoce que tanto aquellos contratos cuyos pliegos no incorporan revisión de precios como en aquellos que la incorporan, pero aún no hace dos años desde su formalización o no llevan ejecutado el 20% de su importe, están desamparados. "Ante esta circunstancia, notablemente perjudicial para el interés público subyacente en cualquier contrato del sector público y que también afecta severamente a los operadores económicos del sector de la obra civil, se ha considerado oportuno adoptar medidas urgentes y de carácter excepcional para, únicamente en estos supuestos, permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos", señala la norma que en poco más de un mes han adoptado prácticamente todas las comunidades.