El TS tumba el veto de Carmena a las grandes eléctricas: "Desproporcionado e injustificado"

Golpe judicial al veto impuesto a las grandes eléctricas por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, liderado por Manuela Carmena de 2015 a 2019 bajo la marca Ahora Madrid, que aglutinaba a Unidas Podemos y lo que posteriormente se convirtió en Más Madrid. El Tribunal Supremo acaba de estimar un recurso interpuesto por Endesa que revoca tanto la sentencia de 2018 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como posteriormente, en 2019, la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El alto tribunal ha zanjado que obligar a que una comercializadora de luz tenga que vender el 100% de su energía de origen renovable es "una exigencia desproporcionada y que supone una restricción injustificada a la actividad de comercialización". En este sentido, admite las pretensiones de la compañía liderada por José Bogas y concluye que "si el objeto del acuerdo marco es que la energía suministrada al ayuntamiento y entidades dependientes sea de origen 100% renovable, dicho objetivo puede perfectamente ser cubierto por empresas que hayan comercializado también energía eléctrica de otro origen. Incluso, puede estar mejor garantizado por una comercializadora con más volumen de negocio, aunque no toda la energía que comercialice sea de origen renovable, que por una comercializadora de menor tamaño que solo venda energía de fuentes renovables".

De esta manera, la sala de lo Contencioso-Administrativo admite el recurso de Endesa, que argumenta que "el efecto directo (y exclusivo) del requisito de solvencia técnica que se impugna es excluir del contrato a las comercializadoras que ostentan una cuota de mercado del 70%, lo cual es de por sí anticompetitivo, y solo perjudica al ayuntamiento, y a los ciudadanos que con sus impuestos mantienen al ayuntamiento".

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"Parece que el compromiso verde del ayuntamiento terminaba con la exclusión de la posibilidad de licitar para las grandes comercializadoras de electricidad, lo que no parece un objetivo compatible con los principios de no discriminación que deben presidir los procesos licitatorios en el marco de la Unión Europea", exponía la empresa propiedad de la italiana Enel ante el juez, que ha contado para este caso con la asistencia jurídica del bufete internacional Clifford Chance.

Para entender este caso, hay que retroceder casi cinco años. El equipo de gobierno de Ahora Madrid buscó una fórmula de licitar un megacontrato de más de 80 millones de euros en el que no pudieran concurrir las grandes eléctricas. Para ello, el entonces responsable de Hacienda y Economía, Carlos Sánchez Mato, diseñó un pliego que obligaba a acreditar a las empresas que toda la luz que vendían —no solo para este concurso sino al resto de sus clientes— era de origen renovable. Esto 'de facto' era el veto a las grandes eléctricas. El concurso lo llevó a término el sucesor de Sánchez Mato, Jorge García Castaño.

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De esa manera, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa (rebautizada posteriormente como Naturgy) ni siquiera podían optar al concurso. La forma de llevar a cabo este proceso fue pedir la acreditación A que otorga la CNMC y que certifica que toda la luz vendida es de origen limpio. Las eléctricas trataron de impugnar el concurso y pidieron que dicho contrato verde se acreditara mediante las garantías de origen renovable (GdO), pero el consistorio argumentó que en dichas GdO se incluye la cogeneración de alta eficiencia, que utiliza gas, y por ello no le dieron paso como método acreditativo.

Con las eléctricas fuera de juego, el concurso fue a parar a manos de las catalanas Holaluz y Nexus, que ya dieron este servicio, que cubría hasta el año 2020. Ahora, el Supremo falla en contra de la licitación y pide que se retrotraiga el concurso al momento inicial, ya con esa cláusula excluyente para las eléctricas eliminada. Sin embargo, fuentes jurídicas explican que el mandato judicial es de imposible ejecución por ser extemporáneo, ya que la adjudicación de la licitación ha terminado. Solo cabría solicitar daños y perjuicios al ayuntamiento por las costas del proceso. No obstante lo anterior, Endesa señala que no van a reclamar cantidad alguna al consistorio dirigido desde 2019 por José Luis Martínez-Almeida (PP).

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Las fuentes consultadas, sin embargo, señalan que la "sentencia tiene gran relevancia y trascendencia para los casos similares, ya que sienta una jurisprudencia clara para el futuro". Cabe destacar que, tras el movimiento de Madrid, otros equipos municipales de las conocidas como 'alcaldías del cambio', Barcelona (Colau), Valencia (Ribó) o Cádiz (Kichi), trataron de buscar líneas similares para evitar adjudicaciones a las eléctricas.

Al margen de lo anterior, la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia sobre los métodos para acreditar el origen renovable de la electricidad y concluye que tanto la CNMC como las garantías de origen son métodos válidos para certificar el origen limpio de la luz, en contra de lo que argumentaba Endesa.