La Cataluña zombi: 20.000 pymes que ni pueden ir a concurso, ni pueden crecer

En lo económico hay una Cataluña zombi. La Cataluña zombi es mayor en proporción que la España zombi por la mayor cantidad de pymes, el 18,5% del total nacional, según los datos de Ministerio de Industria. Eso quiere decir que en Cataluña hay 616.000 pymes. De ellas, fuentes del sector de la notaría explican que hay unas 20.000 pymes que están a las puertas del concurso de acreedores. Son compañías zombis, atrapadas en una espiral de ICO, ERTE y prórrogas varias que ni pueden negociar, ni pueden cambiar de actividad, ni tienen futuro. Son las víctimas económicas ignoradas de la pandemia, no están vivas, pero tampoco están muertas.

En este momento, el Gobierno ha vuelto a dar una prórroga para que este tipo de compañías no tengan que ir a concurso. El nuevo plazo acaba el 30 de junio de 2022. Estas empresas llevan así desde finales de 2020. Pero el número de afectados no deja de crecer. La moratoria concursal, en la práctica, fue la tercera pata del plan de rescate de las empresas, junto con los ERTE y los ICO. En el caso de los concursos de acreedores, comprende tanto la suspensión de la obligación de presentar concurso al empresario, al tiempo que bloquea la tramitación de las peticiones de concursos necesarios por parte de los acreedores.

El problema es para los juzgados. Cataluña solo tiene una veintena de juzgados mercantiles, incluyendo suplentes, de refuerzo y dedicación parcial, once de ellos en Barcelona. Es imposible tramitar con esta infraestructura el aluvión de concursos que se les vendrá encima cuando se levante la veda.

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Agencias

Las empresas zombis muestran un perfil muy marcado. Son pequeñas. Si fuesen grandes, estarían negociando la entrada de la SEPI en su capital. Pero no lo son. Operan en sectores muy afectados por la pandemia, la caída de la economía que provocará la guerra de Ucrania no les ayuda y no han podido afrontar el problema de reestructuración de deuda en estos dos años. Pura y simplemente se han dejado mantener en el estado vegetativo en que ya se encontraban.

En la Generalitat son conscientes del problema. Pero el actual clima político apunta a que la 'consellera' de Justicia, Lourdes Ciuró intentará soluciones por la vía directa, sin pacto con el Ministerio de Justicia, para desjudicializar esta dinámica y apostar por que este tipo de empresas puedan llegar a acuerdos extrajudiciales, preservando los tribunales mercantiles para el contencioso. Arbitraje o vías equivalentes. Sin embargo, la tentación de la Generalitat será legislar por la vía directa, lo que provocará que luego sea anulado por la Justicia, cuando en Madrid consideren que hay invasión de competencias. Eso puede ayudar a crear un clima político de agravio, pero ayuda poco o nada a la Cataluña zombi.

El pleito y el pacto

Es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, reza el manual de cualquier licencia. La Generalitat, por ejemplo, intentó organizar un portal de subastas electrónico, que era una buena idea. Apartaba a los subasteros y agilizaba los trámites judiciales. Pues bien, como se impulsó sin acuerdo con el Gobierno en Madrid, acabó anulado por la Justicia.

Un ejemplo: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró nulo el Decreto 41/2019, de 19 de febrero, de creación y funcionamiento de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la celebración de subastas públicas electrónicas por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, por invadir la competencia material estatal respecto de los tributos cedidos, que siguen siendo de titularidad estatal. Además, la norma introducía requisitos distintos a los de la normativa estatal para poder participar en las subastas electrónicas, e incluso cambiar el lugar de celebración de las subastas, lo que, de aceptarse, iba a implicar una notable desigualdad entre obligados tributarios, según recogió entonces el fallo.

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Pero la iniciativa era buena, como cualquiera que descargue de trabajo a los juzgados mercantiles, que ya con la pandemia están trabajando en un régimen de excepcionalidad poco valorado por la ciudadanía. Como en la Justicia, en la política también vale el dicho: es mejor un mal pacto que una buena ley. Y, sobre todo, que el pacto sea previo a la norma que se impone.

Hacia el colapso

Los juzgados en España ya están muy saturados. Los de Cataluña también. Y los mercantiles juegan en la misma liga. En 2021 se tramitaron un total de 1.430 concursos de acreedores, según un informe de la aseguradora Solonium. Cuando se levante el veto, eso supone multiplicar la carga de trabajo por veinte. De golpe. Es el agua entrando en un camarote del Titanic.

Algunos abogados ya están aconsejando a sus clientes que aquellas empresas que tengan auténticos planes de viabilidad es mejor que se presenten a concurso antes. De hecho, puede hacerse. Así se evitará la fase de colapso que parece inevitable, a menos que se salte del barco cuando aún queden botes salvavidas. Incluso, si la empresa es inviable, es mejor hacerlo antes del próximo 30 de junio por pura operatividad legal.