Putin confisca el negocio ruso de Maxam y golpea a la burguesía madrileña

Maxam, la compañía española de explosivos señalada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por sus negocios en Rusia, ha sido confiscada 'de facto' por las autoridades de Moscú. Así lo aclaró ayer su presidente, José Manuel Vargas, a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en una reunión de urgencia a la que asistieron también las otras dos compañías, Porcelanosa y Sercobe, a las que citó en el Congreso de los Diputados el líder del país atacado por Vladímir Putin.

Según relatan fuentes del Ministerio de Industria, Maxam, Porcelanosa y Sercobe fueron llamadas por la secretaria de Estado para saber exactamente cuál era la situación de sus negocios en Rusia. Aunque la empresa de azulejos castellonense y la Asociación Nacional de Bienes de Equipo (siglas de Sercobe) ya habían aclarado el martes por la tarde su situación actual, el Gobierno las convocó para saber con detalles qué fabricas tenían en Moscú y cuál era su estado en estos momentos.

La sorpresa fue, según estas fuentes, que Vargas, presidente y consejero delegado de Maxam, le explicó que, mientras Occidente imponía sanciones a las empresas y empresarios rusos con intereses en Europa, Rusia ha hecho lo propio con las compañías que tienen presencia en su territorio. En su caso, el Gobierno de Putin le obliga a mantener la actividad de las fábricas y les prohíbe cualquier repatriación de capitales, así como de disponer de las acciones. Por tanto, le señaló que no hay ninguna opción de obtener ningún beneficio económico.

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De hecho, la española recibió hace unas semanas un burofax del Ministerio de Industria ruso en el que se les advertía de sanciones adicionales si no continuaban fabricando productos después de tener que realizar una parada técnica por falta de mercancía. En consecuencia, Maxam y el resto de sociedades españolas o extranjeras con factorías en Rusia están obligadas a seguir funcionando, pero no pueden disponer del dinero que ganan, ni tampoco de la propiedad.

Es, en realidad, una confiscación 'de facto' del negocio que, dada la situación del conflicto bélico y del enfrentamiento internacional, será nacionalizado o vendido a un empresario local por un rublo. La española ha llegado a tener nueve filiales en el gigante de Europa del Este, las cuales aportan cerca del 5% de los ingresos del grupo, que superan los 1.200 millones en su totalidad.

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Maxam, que ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, y Porcelanosa también se reunieron con el embajador de Ucrania en Madrid, Serhii Pohoreltsev, al que explicaron que no están haciendo ningún negocio con Rusia. La primera, porque su división está confiscada y porque necesita la autorización del Gobierno de España para vender cualquier tipo de armamento a Moscú. Y, la segunda, porque cesó su actividad en territorio ruso hace prácticamente dos meses. Ninguna de las dos le ha pedido una rectificación al representante del Gobierno de Kiev, pero sí una aclaración tras las declaraciones de Zelenski, que les ha supuesto un golpe reputacional y que podría traducirse en problemas con proveedores y bancos.

Los amigos del presidente

Vargas dirige Maxam desde que en 2018 el fondo de capital riesgo estadounidense Rhône Capital comprase el 45% del capital por unos 600 millones de euros. No obstante, el grupo estaba controlado por José Fernando Sánchez Junco y una serie de empresarios amigos. Entre ellos, Santiago Eguidazu, presidente de Alantra; Santiago Bergareche, accionista y consejero de Vocento, y Rafael Del Pino, el máximo responsable de Ferrovial. Los tres han compartido consejos de administración de sus sociedades, hasta el punto de que Eguidazu fue consejero de Maxam y de Ferrovial, lo mismo que Bergareche, que llegó a ser consejero delegado de la constructora.

En 2020, Rhône Capital compró cerca de un 30% del capital, por lo que se hizo con una mayoría del 75%. El pasado año, la compañía adquirió un 6% en manos de inversores minoritarios y directivos, que fueron despedidos tras una profunda reestructuración. Una participación que fue a parar a la autocartera, que posteriormente se amortizó. Sánchez Junco sigue como presidente honorario y mantiene un paquete de acciones cercano al 5%, al igual que Eguidazu, Bergareche y Del Pino, tres de los apellidos de la burguesía empresarial y financiera madrileña.