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La Audiencia frena a los pescadores ante una ley clave para el arrastre del Mediterráneo
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NI EN FORMA, NI EN FONDO

La Audiencia frena a los pescadores ante una ley clave para el arrastre del Mediterráneo

Cepesca llevó a juicio la orden del Gobierno para proteger los recursos pesqueros demersales (es decir, del fondo del mar). El juzgado no comparte sus argumentos

Foto: Fondo del mar Mediterráneo. (EFE/Juan Cuetos)
Fondo del mar Mediterráneo. (EFE/Juan Cuetos)

Más allá del maltrecho entorno económico, los pescadores también afrontan el auge de la regulación en sus aguas. Otro escenario más en el que la sociedad se enfrenta al reto de equilibrar la preservación medioambiental y la actividad económica. En este entorno, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) llevó a juicio el plan de conservación del Gobierno para los recursos pesqueros demersales (es decir, del fondo del mar) en el Mediterráneo. Una medida que afecta de lleno a la pesca de arrastre en nuestras costas. La Audiencia Nacional acaba de tumbar los intentos del gremio, y fuentes del sector indican que desde la patronal no hay, en un principio, mucha intención de recurrir.

En la pesca hay muchas variedades de actividad: de cerco, palangre... ¿Qué es la pesca de arrastre? Es aquella que lanza las redes al fondo del mar para capturar, por ejemplo, especies como las merluzas, gambas o langostinos. Según Cepesa, esta modalidad cuenta con 887 buques en España, un 10% del conjunto de la flota de nuestro país y entre 250.000 y 300.000 toneladas de pescados y mariscos de un volumen total de capturas en torno a 800.000 toneladas (es decir, un tercio).

Sobre este sector, el plan de conservación demersal viene impulsado desde Europa (con el conocido Reglamento 2019/1022) y está enfocado en las aguas de Francia, Italia y España. Para preservar el entorno marítimo, el Gobierno estableció en 2020 un plan plurianual con límites a los días de pesca de arrastre y abre también vedas temporales a esta actividad. Por ejemplo, tras reunirse este diciembre, los ministros de pesca de la UE redujeron en un 6% los días de pesca de arrastre para 2022, adicional a la ya llevada a cabo hasta el momento del 17,5% en 2021.

Foto: El pasado viernes se produjeron amarres parciales en Andalucía, Galicia y Asturias. (EFE/Miguel Ramos)

En un momento de fuerte incertidumbre por la pandemia, en 2020 Cepesca recurrió ante la justicia esta orden, una medida sin precedentes en su organización. Por un lado, el gremio hizo hincapié en cuestiones de fondo sobre el programa para la pesca de arrastre: la infracción del principio de reserva de ley, de legalidad administrativa y jerarquía de normas, vulneración del principio de igualdad, y vulneración del principio de libertad empresarial y planificación empresarial. Por ejemplo, defendió que el Gobierno favorecía la gestión conjunta de los días permitidos de pesca (es decir, pescadores que se juntan en una asociación y salen juntos en las mismas fechas), porque les daba más facilidades en la gestión de los días. "Se establece distinciones y privilegios claramente injustificados y discriminatorios, de tal forma que no garantiza ni protege el ejercicio de la libertad de la actividad empresarial, ya que en la práctica se está obligando a optar por la gestión conjunta si el empresario quiere optar a las ventajas que ofrece la norma", decían desde Cepesca.

El juzgado no está de acuerdo. La libertad sigue ahí: "no es una obligación para un armador de un buque participar en la gestión conjunta de su entidad asociativa, pudiendo incluso estar asociado en una de ellas, pero no dar su consentimiento a su participación en la gestión conjunta", defiende.

La pesca de arrastre captura especies como las merluzas, gambas o langostinos

Por otro lado, Cepesca también intentó torpedear la ejecución de la orden llevando a cabo una argumentación contra las formas con las que se había establecido. Por ejemplo, se argumenta que "la orden ministerial impugnada se limita a realizar un informe sin la más mínima justificación ni detalle, y ello, pese a lo que el Consejo de Estado decretó en su informe, que la citada orden debía describir mínimamente las consecuencias económicas de la aplicación de la norma en los sectores y colectivos afectados".

El juzgado no está de acuerdo. Según explica, no es posible hacer cálculos sobre el impacto económico de esta medida porque las decisiones de cuántos días de pesca se permiten son variables según las decisiones del consejo de ministros de pesca europeo. Por eso, hace mención a algunos. "No cabe exigir una ponderación detallada y exacta de todos los costes que pueda suponer una disposición general, pues se trata de datos cuya completa determinación puede resultar imposible en el momento de aprobarse aquella, pero al menos, es preciso la elaboración de una estimación aproximada que tenga en cuenta las variables que puedan producirse". De este modo, la jurisprudencia ha considerado aceptables memorias económicas que aporta el Gobierno junto con el Parlamento y Consejo Europeo.

placeholder Pesca de arrastre. (EFE/Anna Schuhbauer)
Pesca de arrastre. (EFE/Anna Schuhbauer)

Por otro lado, Cepesca también argumentó que el Gobierno había acortado los plazos de trámite de audiencia pública, es decir, cuando el ministerio hace ronda de contactos con los actores del sector. El Gobierno apenas estableció siete días, cuando dice que tenían que ser quince. De nuevo, el juzgado responde que las autoridades sí pueden reducir bajo algunos factores este plazo y que, de todas formas, las alegaciones de Cepesca sí que fueron consideradas en la audiencia aún pese a ser presentadas fuera de plazo. De hecho, la agrupación también alegó que la orden "no se había acordado así entre la mayoría del sector y de las administraciones públicas".

El juzgado vuelve a discrepar: "consta en el expediente administrativo la contestación a las alegaciones formuladas no solo por la parte actora, sino por las Comunidades Autónomas y asociaciones afectadas, siendo una cuestión diferente, que la parte actora no esté conforme con las contestaciones dadas por la administración, pero ello no implica ninguna nulidad invalidante de la orden". Se pone de relieve que se hicieron reuniones entre otros los sectores y partes del sector, en varias de las cuales Cepesca participó, y que existía mayoría sobre los puntos de los que se queja la asociación.

Los pescadores de aguas españolas tienen que cumplir con las limitaciones a su actividad a la vez que ahora también afrontan desafíos como el del precio del combustible. De hecho, varios grupos en distintas partes del país, como Andalucía o País Vasco, tienen amarradas sus embarcaciones en forma de protesta ante la falta de medidas del Gobierno.

Más allá del maltrecho entorno económico, los pescadores también afrontan el auge de la regulación en sus aguas. Otro escenario más en el que la sociedad se enfrenta al reto de equilibrar la preservación medioambiental y la actividad económica. En este entorno, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) llevó a juicio el plan de conservación del Gobierno para los recursos pesqueros demersales (es decir, del fondo del mar) en el Mediterráneo. Una medida que afecta de lleno a la pesca de arrastre en nuestras costas. La Audiencia Nacional acaba de tumbar los intentos del gremio, y fuentes del sector indican que desde la patronal no hay, en un principio, mucha intención de recurrir.

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