ACS afirma ante la Audiencia Nacional que Iberdrola mintió a las autoridades de EEUU

La batalla entre ACS e Iberdrola se recrudece. Florentino Pérez, presidente de la constructora, ha informado a la Audiencia Nacional de las manifestaciones que los directivos de la eléctrica hicieron ante la Comisión Federal de Servicios Públicos de Texas (Estados Unidos) sobre los pagos a José Manuel Villarejo, después de que el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán advirtiese al magistrado de que que se planteaba pedir una compensación millonaria al Estado español por haber provocado, con su funcionamiento anómalo, que la Administración estadounidense vetase la adquisición de PNM Resources por 8.000 millones de dólares.

Los representantes legales de Florentino Pérez, que fue presuntamente investigado por Villarejo por encargo de Iberdrola, califican de “graves consideraciones” las vertidas por la eléctrica, que en su escrito del 10 de diciembre de 2021 asevera que “los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.

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El escrito de Iberdrola añadía que “la historia de la instrucción de los procedimientos penales en España —sobre todo en aquellos de mayor repercusión mediática— muestra toda clase de patologías, pero probablemente en este caso se estén traspasando las líneas imaginables, hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia abiertamente anormal, encontrándose plenamente acreditado el daño causado, a los efectos del artículo 296 de la LOPJ, circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas, respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos”.

Pero, para Florentino Pérez, el veto de Estados Unidos a la adquisición de PNM Resources no se produjo por el funcionamiento anómalo de la Justicia española, sino porque el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán no dijo la verdad a los miembros de la Comisión Federal. “Como se verá de forma reiterada, Iberdrola SA se niega a admitir ante la comisión estadounidense que algún directivo o empleado de Iberdrola —o alguna filial— haya sido imputado en el procedimiento. Para ello se niega sistemáticamente a utilizar el vocablo 'charged' para referirse a imputación”, cuando los autos del juez de la Audiencia Nacional ya advertían “de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad documental”.

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Según el escrito del presidente de ACS, el 24 de junio de 2021, tras el auto de imputación del día anterior por parte del magistrado español, Iberdrola indicó a la autoridad estadounidense que el citado auto no constituía ni una “imputación formal ni ninguna otra acción formal por parte del juzgado”. Sin embargo, la institución sin ánimo de lucro New Energy Economy solicitó el informe completo del juez de la Audiencia Nacional ante la repercusión en prensa sobre los presuntos actos delictivos. Unas noticias que para la eléctrica “eran de medios desconocidos y poco fiables que basaban sus informaciones en rumores e insinuaciones y no en resoluciones”.

Los indios navajos

“Las pruebas demuestran hasta dónde llegará Iberdrola para controlar el negocio de sus filiales, acosar, rechazar y erradicar la competencia, espiar y atacar personalmente a los oponentes, ya sean jueces u otros líderes empresariales o ciudadanos que recogen firmas, o llevar a cabo otras actividades turbias, viles y fraudulentas”, indica el escrito de ACS en referencia a lo expuesto por NEE, una ONG cuyo origen es la defensa de la tribu india de los navajos. Una acusación a la que Iberdrola reaccionó restando credibilidad a las informaciones publicadas en distintos medios españoles e internacionales.

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“No existe ninguna prueba en ningún lugar de que Iberdrola o el presidente Galán estén acusados de cometer un delito, y no existe prueba de que sea probable que Iberdrola o el presidente Galán vayan a ser imputados de un delito, mucho menos condenados por uno”, indicó la compañía a las autoridades estadounidenses el 16 de julio, cuando el juez de la Audiencia Nacional ya le había declarado como investigado el 23 de junio. Hasta Baker & McKenzie presentó un escrito en nombre de la española en que citaba la palabra 'imputación' para referirse a Iberdrola Renovables, escrito que después rectificó ante la Comisión Federal.

El árbitro de la comisión federal americana consideró, en contra de lo aducido por Iberdrola, que dicha investigación española sí era relevante para el proceso de aprobación de la adquisición de una empresa estadounidense, dado que “una investigación penal sobre cuestiones tales como sobornos y falsificación de documentos es especialmente preocupante”. Sobre todo porque dicha investigación penal incluyese “los pagos realizados a una persona que tal vez (o tal vez no) había actuado como un oficial de policía para investigar a los oponentes de Iberdrola en algunos proyectos”.

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Por ello, el árbitro exigió a la empresa española que remitiera determinados documentos —entre ellos, los autos de imputación de 23 de junio y de 9 de julio de 2021— bajo advertencia de que, en caso negativo, se requerirían directamente al juzgado en España. Pero Pedro Azagra, responsable de Desarrollo Corporativo y ahora presidente de Avangrid, la filial estadounidense, aclaró que este tipo de investigaciones en España “no constituyen escritos de acusación, imputaciones o alegaciones de conducta delictiva”. Agregó que se utiliza el término 'investigado', no como una forma de identificar a los objetivos de la investigación, sino más bien para "requerir a las personas y a las compañías para que cooperen con las autoridades en relación con la investigación".

Pero la Comisión Federal concluyó que "la investigación penal genera dudas sobre uno de los estándares legales para la aprobación de una fusión" y es "relevante puesto que puede reflejar la cultura del grupo de empresas de Iberdrola SA / Avangrid Inc. PNM tiene que mantener su cultura de respeto por la ley estatal y federal". Por ello, añade que "la contratación de compañías de seguridad para investigar y acosar a los competidores en el sector eléctrico a lo mejor no es ilegal en Nuevo México, pero va más allá de las normas que consideramos apropiadas aquí. La cuestión de la falsedad documental es todavía más relevante".

Prueba de que Iberdrola no dijo la verdad a Estados Unidos es que la semana pasada dictó el sobreseimiento sobre la imputación a Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y José Luis San Pedro, si bien mantuvo la de Galán.