Aristrain libra otra batalla judicial por presunto fraude en la compra de un edificio

Nueva batalla judicial para José María Aristrain, el magnate del acero (tiene acciones de ArcelorMittal y Tubacex) y la 27.ª mayor fortuna de nuestro país, con un patrimonio de unos 950 millones de euros, según 'Forbes'. ¿El motivo? La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años de prisión para el empresario por adquirir a su nombre un edificio en el centro de Madrid (calle Zurbano) de casi 2.000 metros cuadrados propiedad de una mercantil de la que era administrador único, con objeto de eludir el pago del IVA y de que no se la embargaran.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de frustración de la ejecución y en concepto de responsabilidad civil reclama que se declare la nulidad de la compraventa realizada "fraudulentamente". Según el escrito de acusación, el empresario constituyó ante notario la sociedad Pioninin, de la que era administrador único con el 99% de participación, y que tenía como objeto la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas, así como la compra, suscripción, tenencia, permuta y venta de valores mobiliarios.

Pese a ello, advierte el escrito, su "inmediato" era la adquisición del inmueble situado en la misma calle en la que constituyó la sociedad, una vivienda unifamiliar de 1.969 metros cuadrados, “que ha constituido su única partida de activo”. Tras sucesivas ampliaciones de capital, la Corporación José María Aristrain pasó a ostentar el 100% de las participaciones de Pioninin. Lo hizo por escritura pública de 28 de marzo de 2012 y por compensación de un crédito reconocido en favor de la corporación, de la que era socio único y administrador único el propio empresario vasco.

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EFE

Entre los años 2005 y 2012 ejecutó una serie de obras en el inmueble que dieron lugar a que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) iniciara una inspección donde se comprobó que no era deducible el IVA soportado de las facturas recibidas por el obligado tributario, Pioninin, por la ejecución de dichas obras. De hecho, concluyó con una regularización que se extiende al IVA devengado por la sociedad durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, donde se descubrió una cuota no declarada por importe de 661.296,24 euros, de los cuales 540.573,38 euros corresponden a cuota y 120.722,86 euros a intereses.

Posteriormente, el 18 de diciembre de 2012, "ante la previsión de la ejecución tributaria", el empresario compareció en una notaría donde le otorgó un poder especial en favor del otro acusado D. Q. P., para quien el fiscal también solicita cuatro años de prisión. Para hacer "infructuosa" dicha la ejecución, ambos se pusieron de común acuerdo. Así, en el mismo acto le entregó una escritura de compraventa en virtud de la cual el magnate del acero adquirió la finca de la calle Zurbano, que le transmite Pioninin por un precio de 5,5 millones de euros, más otros 220.000 euros de IVA.

El pago por dicha operación, no obstante, se aplazó "íntegramente" por un plazo de cinco años "sin ninguna garantía ni requisito adicional, ni elevarse a inscripción registral, dejando con ello a la sociedad sin ningún activo". Asimismo, la deuda tributaria dio lugar a que, "tras las correspondientes acciones ejecutivas", se trabara el inmueble y, cuando se iba a celebrar la pertinente subasta, el acusado opusiera una tercería de dominio "frustrando la ejecución y dejando a la sociedad sin activo alguno". La Fiscalía recuerda que, el 24 de enero de 2022, Pioninin ingresó en la Agencia Tributaria 120.000 euros a cuenta de la deuda.

El empresario vasco encara otra batalla judicial tras su última victoria en los tribunales a comienzos de este año. La Audiencia de Madrid absolvió a José María Aristrain de un supuesto delito de fraude fiscal tras descartar la tesis de la Fiscalía, que pedía 40 años de cárcel para el empresario tras acusarle de diseñar una compleja estructura societaria para evitar tributar en España por las ganancias obtenidas entre 2005 y 2009, cifrando la cuantía en unos 211 millones de euros. No obstante, el tribunal le absolvió ante la falta de indicios contundentes.