MásMóvil y Orange afrontan más de un año de incertidumbre en Bruselas por la fusión

MásMóvil y Orange tendrán que superar este año una prueba de fuego. Si finalmente la fusión se cierra en este segundo trimestre, las operadoras se enfrentarán este año al veredicto de las autoridades de competencia por el impacto de su ‘joint venture’ sobre el mercado. Su caso marcará un precedente para el sector, ya que se trata de una operación de consolidación sobre uno de los mercados más competitivos de Europa. Debido a los parámetros de la ley europea, todo apunta a que la fusión acabará en la mesa de Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia.

La legislación de competencia establece que una operación alcanzará dimensión europea (es decir, que saltará de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia a la Comisión Europea) si el volumen de negocios total a escala mundial realizado por el conjunto de las empresas afectadas supera los 5.000 millones de euros y si el volumen de negocios total a escala de la UE realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supera los 250 millones de euros.

Esta situación coincide con el caso de MásMóvil y Orange, que este martes avanzaban unos ingresos conjuntos de 7.500 millones de euros. Teniendo en cuenta que Orange ingresó 4.720 millones en 2021, lo lógico es pesar que MásMóvil (que no presenta cuentas anuales hasta abril) registró una cifra de 2.800 millones en este año (hay que tener en cuenta que la operadora ganó escala tras absorber a Euskaltel en 2021). Por tanto, el mercado entiende que las telecos tendrán que notificar esta operación a la Comisión Europea. Las propias estimaciones a futuro de las compañías así lo confirman, ya que en la nota del martes no esperaban cerrar la operación hasta dentro de un año, en el segundo trimestre de 2023.

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Fuentes legales apuntan que, asumiendo que la operación salta a Bruselas, esta estimación es incluso “conservadora”. “Hay que distinguir entre el plazo legal y el real —en el momento en el que sube a Bruselas, la operación pasa de una primera fase (25 días) y luego habría una segunda fase (115 días laborables)—, lo que pasa es que esta es una operación compleja en la cual la Comisión va a hacer requerimientos de información (lo cual frena los plazos)”, destacan estas fuentes, que también subrayan el rol de la fase de prenotificación, que durante la pandemia se ha visto muy obstruida.

Un año largo de incertidumbre es un precio alto a pagar. La posición histórica de Vestager ha sido favorecer mercados en los que tres grandes operadores se ven desafiados por un cuarto más pequeño y, por tanto, agresivo. MásMóvil constituye este cuarto operador “dinamizador”, como así lo calificó la CNMC en la revisión de 2021 por la compra de Euskaltel. “Al regulador le gusta mucho este rol y no le suele gustar que desaparezca”, explican fuentes legales. Este entorno agudiza la competencia y ha llevado a las operadoras a renovar sus negocios e infraestructuras, pero también a librar una sangrienta guerra de precios contra sus propios márgenes. Con la operación planteada este martes, Orange y MásMóvil se convertirían en la mayor operadora de España por clientes de banda ancha y líneas móviles, superando al antiguo monopolio en nuestro país (Telefónica). Con el anuncio de este martes, el mercado cierra un círculo: atrás queda la MásMóvil que en 2015 se nutrió de los ‘remedies’ que resultaron de la compra de Jazztel por parte de Orange. Ahora, ella misma podría verse en posición de ceder.

El sector lleva años pidiendo más flexibilidad por parte de las autoridades de competencia para así poder unir fuerzas y mejorar su eficiencia. Lo hacen bajo la bandera de la inversión en infraestructuras. Con la llegada del 5G, han aumentado su insistencia, ya que avisan de que si la situación continúa así España se va a quedar rezagada respecto a otros países. ¿La razón? Las telecos no van a poder mantener estos niveles de gasto en inversión con semejante presión en los ingresos. Sus plegarias todavía no han sido respondidas por Bruselas, si bien el sector se aferra como prueba de sus argumentos a la sentencia de 2020 del Tribunal General contra la decisión de Vestager por la adquisición de O2 en Reino Unido.

El debate está en si Vestager romperá con la idea del 'cuarto operador'

Entre los expertos, hay debate sobre cuál será la posición del regulador. “Orange se enfrenta a un largo periodo de incertidumbre regulatoria sobre la prevista fusión de su negocio español con el operador local MásMóvil por valor de 19.600 millones de euros, pues esto supondrá una prueba para el marco antimonopolio europeo del sector”, explica Jacques de Greling, director de Calificaciones Corporativas de Scope Ratings. “Dado que las empresas de capital riesgo propietarias de MásMóvil están deseosas de salir del mercado español, de bajo crecimiento pero cómodamente rentable, y que Vodafone no está dispuesto a asumir el papel de consolidador, le ha tocado a Orange intentarlo”.

El financiero recuerda las valoraciones del propio Stéphane Richard, CEO saliente de Orange, en la pasada presentación de resultados. El directivo afirmó que el marco antimonopolio no había cambiado, pero que los argumentos para la consolidación habían cambiado, ya que en el ruedo han entrado nuevos jugadores que no existían hace cinco años. "El marco regulatorio no ha cambiado en Bruselas, así que vayamos a ello, peleemos", avisó entonces el consejero delegado. El propio Richard reconoció ante los analistas que el precio a pagar por impulsar esta consolidación en un mercado como el español era un proceso antimonopolio de 12 a 18 meses en Bruselas, con toda la incertidumbre que ello conlleva.

Según De Greling, “un barómetro importante para saber si la Comisión Europea está más o menos dispuesta a considerar la consolidación de las telecos en el país sin imponer medidas significativas será el resultado de su recurso contra la decisión del tribunal de anular el bloqueo de la CE a la fusión de las operaciones de Hutchison y Telefónica en Reino Unido”, destaca. “El veredicto del Tribunal de Justicia Europeo no se espera hasta dentro de unos meses”.

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Carla Raffin

Iñigo Igartua, coordinador de Derecho de Competencia de Gómez-Acebo & Pombo, cree que hay que matizar todo este pesimismo. “El análisis competencial de la operación es más sofisticado que la mera constatación de que pasa de cuatro a tres operadores”, zanja. Según defiende, las autoridades de competencia tendrán que valorar el impacto en diferentes mercados relevantes, tanto mayoristas como minoristas, cuyo análisis detallado y concreto ha de ser objeto de cuidadoso estudio: por supuesto, los mercados minoristas de telefonía fija, telefonía móvil, acceso fijo a internet, acceso a banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de pago, teniendo en cuenta los diferentes empaquetamientos que revisten las ofertas comerciales existentes; pero también los mercados mayoristas de servicios de infraestructuras de redes fijas y móviles.

Para el abogado, ningún caso es igual a otro, pero resulta curioso ver cómo se han producido varias fusiones ‘de cuatro a tres’ operadores en el sector de telecomunicaciones en diferentes países europeos: Telia Sonera-Telenor en Dinamarca, Hutchison 3G UK-Telefonica UK en el Reno Unido, Hutchinson-Wind en Italia, T-Mobile NL-Tele 2 NL en Holanda. Hutchinson 3G Austria-Orange Austria, Hutchinson 3g IK-Telefonica Ireland y Telefonica Deutschland-E Plus. “Algunas de estas operaciones fueron aprobadas con condiciones por la Comisión Europea, alguna aprobada sin condiciones y en casos como el de Hutchinson-Telefónica en el Reino Unido la Comisión denegó la autorización, decisión que fue anulada ulteriormente por el Tribunal General de la UE”, valora. “Da la impresión de que el paso de cuatro a tres operadores exige un análisis atento de la situación competencial resultante, aunque no hay ningún ‘número mágico’ como se suele decir a menudo”.

“Debemos recordar que, sobre todo, teniendo en cuenta las grandes inversiones que requiere el despliegue del 5G, las autoridades de competencia europeas (tanto la Comisión Europea como las nacionales) están siendo más flexibles a la hora de autorizar concentraciones entre operadores de telecomunicaciones que, en otros momentos, no se hubieran autorizado”, considera Isabel Martínez Moriel, socia del área de Privacidad y Derecho de la Competencia de Andersen. “Por ejemplo, en su momento (2016), la Comisión Europea no autorizó la compra de O2 UK [de Telefónica] por parte de Hutchinson, entre otras razones, por el impacto en el mercado minorista”, matiza la experta. “Sin embargo, en 2019 la misma Comisión Europea autorizó la compra por parte de Vodafone del operador de cable de Liberty Global en la República Checa, Alemania, Hungría y Rumanía, si bien sujeta a condiciones”, añade Martínez Moriel, que también pone de manifiesto que, en marzo de 2020, autorizó la adquisición del control conjunto de Inwit por parte de Telecom Italia y Vodafone, por las mismas razones, pensando ya en la infraestructura del 5G.

En sus últimas presentaciones de resultados y discursos, los directivos de las operadoras ‘incumbentes’ apelan a un sentido de beneficio general para España —un argumento más político que técnico—. Las propias telecos explicaron en el comunicado de este martes que su operación contribuiría a "que España mantenga y continúe desarrollando unas infraestructuras de telecomunicaciones altamente competitivas”. Fuentes cercanas a las empresas suelen apelar a que el Gobierno de España está abierto a un sector más fuerte que pueda encarar este futuro de inversión y prosperidad. Sin embargo, en un proceso de competencia como el que afrontan Orange y MásMóvil, la política tiene poco que decir.

“Para la política es a veces hasta molesto lo independientes que son estos organismos de competencia, que apenas responden a criterios técnicos”, explican fuentes legales. Solo hay una excepción donde el Gobierno podría jugar un papel relevante, y es si la CNMC es quien finalmente revisa la operación, la tumba y el Gobierno decide revocar su decisión en un Consejo de Ministros. “Esto sería un caso muy excepcional, ya que en la historia reciente únicamente ha ocurrido en el caso de la fusión de Telecinco y Cuatro en 2011”, subrayan estas fuentes.

De hecho, las fuentes también apuntan a la dificultad de que el proceso de Orange y MásMóvil, dadas sus dimensiones, llegue a recaer sobre la CNMC (que está en constante contacto con Bruselas, pero que no tiene la última palabra en caso de que el proceso caiga a cargo de Vestager). “La autoridad nacional puede solicitar el traspaso si considera que la operación tiene sensibilidades locales, pero dada la índole tecnológica y de innovación de este sector, así como la presencia de una empresa como France Telecom, sería muy extraño que Bruselas cediera —y si no quiere, por más que los argumentos de la CNMC sean sólidos, no tiene por qué hacerlo—”. Un referente interesante sobre esta cuestión es la opa de Gas Natural sobre Endesa en 2005, que la segunda, al considerar hostil, consiguió llevar a la CNMC por un tecnicismo contable. Finalmente, la operación no prosperó por sensibilidades de competencia.