Comdata (Carlyle) se querella contra la excúpula de su filial de 'contact center'

Indemnización millonaria y petición de cárcel. Según fuentes jurídicas, Comdata Group, una participada del fondo de inversión Carlyle, ha abierto un frente judicial contra cuatro exdirectivos de Digitex, compañía de externalización de servicios corporativos (BPO) que compró en 2016, para reclamar una compensación de 30 millones de euros, además de penas de cárcel para los ahora investigados.

En concreto, la querella presentada por Comdata Group y admitida a trámite por un juzgado de Madrid es contra la empresa ABAI Group y varios de sus directivos, Javier López Cuevas (presidente), Ángel Parra (consejero delegado), José Ignacio Salán (director general) y Luis Alves (Sistemas), por presuntos delitos de fraude, revelación de secretos empresariales y manipulación de las cuentas (entre los más destacados).

Comdata (Carlyle) argumenta en su querella, fruto de la investigación interna realizada, que el anterior equipo directivo y ahora competidor desde ABAI Group diseñó un esquema para traspasar negocio de Digitex a otra compañía ajena al grupo, con clientes tan relevantes como Telefónica o Endesa, pero controlada por los querellados y por algunos antiguos accionistas, a la que luego han ido recalando desde 2019.

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Uno de los inversores de ABAI Group es el fondo Andean Capital, cuyos gestores ya estuvieron vinculados al equipo directivo en su anterior etapa en Digitex, de la que fueron accionistas hasta la venta a Comdata a través de la firma Altra Investments. También fueron accionistas de Digitex su fundador (López Cuevas) y su primer ejecutivo (Parra), que hicieron caja con la venta a Comdata y siguieron vinculados hasta irse a ABAI.

Según recoge la querella, Comdata también hace referencia a temas sobre la gestión del equipo directivo original, como la creación de facturas falsas o simuladas, mediante la duplicación de otras auténticas, una cuenta de gastos sin supervisión y control de la compañía, contratos de comisión o colaboración onerosos para la compañía, destrucción de información, apropiación de ordenadores, tabletas y teléfonos móviles…

La historia comenzó en 2016, cuando la italiana Comdata (participada de Carlyle) adquirió Digitex para entrar en el mercado español y latinoamericano y protagonizar la consolidación del sector de BPO. Un año después, según el querellante, López Cuevas habría contratado a un abogado para constituir ABAI como persona jurídica y comenzar a traspasar clientes, como ocurrió primero con Tirea y dos años después con Endesa.

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López Cuevas se incorporó a ABAI Group como presidente en otoño de 2019, tras salir de Comdata, aunque en la querella se hace referencia a que tuvo un contrato de asesor concedido por el consejero delegado, Ángel Parra, antes de abandonar la compañía por motivos de salud a finales de 2019. También por esas fechas causó baja el tercer investigado, José Ignacio Salán, coincidiendo con el cambio de contrato de Endesa.

El último querellado era el administrador de sistemas informáticos de Comdata, que se incorporó a ABAI en agosto de 2020. Antes de marcharse, según el escrito de acusación, Luis Alves borró todas las cuentas de la empresa, incluidos los correos electrónicos de todos los directivos que dejaron la compañía en España para incorporarse a la competidora de nueva creación. En total, 15 directivos cambiaron de empresa.

Todo este conflicto ha coincidido en el tiempo con los planes de Carlyle de vender Comdata, que se disputa la hegemonía del mercado con la española Konecta. La operación, lanzada a finales del año pasado, podría alcanzar los 1.000 millones, después de relanzar el proceso que ya exploró en 2018. Desde entonces, y como consecuencia de la crisis sanitaria, Carlyle ha tenido que recapitalizar su participada antes de ponerla en venta.

Otra versión

Por su parte, ABAI Group afirma que "los hechos que se les imputan no se ajustan a la realidad y están intencionadamente tergiversados". En concreto, asegura que realizan "su actividad rigurosamente conforme establece la legislación mercantil y los directivos han actuado en todo momento de forma transparente y ajustada a derecho", por lo que "rechazamos estas acusaciones y no permitiremos que se manche la buena reputación de la compañía y de sus trabajadores".