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Iberdrola amenaza con reclamar al Estado una indemnización por daño reputacional
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Iberdrola amenaza con reclamar al Estado una indemnización por daño reputacional

Se considera "perjudicada" a nivel empresarial por la atribución de conductas delictivas a su cúpula directiva tras perder la operación de compra de PNM Resources en EEUU

Foto: Foto: Reuters.
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Iberdrola ha amenazado con reclamar una indemnización al Estado por el daño reputacional y las pérdidas económicas que le está provocando el procedimiento judicial abierto en contra de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y de su filial Iberdrola Renovables en el marco del caso Villarejo. La eléctrica ha asegurado que se plantea presentar una reclamación patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, según indica en un reciente escrito remitido al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en que se considera "perjudicada" a nivel empresarial por la atribución de conductas delictivas a su cúpula directiva.

El escrito se presentó después de que el regulador eléctrico de Nuevo México rechazara el pasado mes de diciembre la propuesta de la filial estadounidense de Iberdrola para adquirir PNM Resources, en un movimiento estratégico para ampliar su presencia en el mercado norteamericano. Una operación de 8.300 millones de dólares que Galán daba por descontada, según explicó en la última junta general de accionistas de 2021. "Generará un valor de 40.000 millones", explicó el ingeniero salmantino, quien matizo que solo quedaba el visto bueno de la Comisión Federal de Nuevo México.

Foto: El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. (EFE)

Este organismo regulador dijo en su dictamen, aprobado por unanimidad, que "la investigación criminal suscita interrogantes sobre uno de los estándares legales para la aprobación de la fusión, las cualificaciones de la compañía que pretende adquirir PNM". Además, añadió que el proceso judicial en España "es relevante y muy preocupante, porque afecta a los principales directivos de Iberdrola y de Avangrid, que dirigirán PNM". Por último, mencionó que la investigación es también relevante porque "puede reflejar la cultura de Iberdrola", para contraponerla inmediatamente con la necesidad de que PNM siga "manteniendo una cultura de respeto a la ley estatal y federal". "El comportamiento poco ético de Iberdrola y Avangrid nos preocupa, porque es la antítesis del interés público", subrayaron.

En el escrito al juzgado, el abogado de Iberdrola ha reclamado al juez instructor, Manuel García Castellón, que investiga la contratación irregular el comisario para labores de espionaje industrial, que impulse la instrucción "en aras de esclarecer el hecho central de la presente causa" para evitar "seguir causando perjuicios económicos a mi representada".

Como ya viene reflejando en diferentes escritos presentados, Iberdrola SA considera que la Audiencia Nacional atribuye de forma "artificial" a sus directivos y su división una actuación delictiva que le provoca un claro perjuicio. En esta ocasión, va un paso más allá para atribuir al Estado responsabilidad en la cuestión. "Llegados a este punto, conviene traer a colación que le corresponde a la Administración de Justicia, y especialmente a sus órganos judiciales, evitar los perjuicios que su actuación puede generar", indica. Añade que esta obligación supone evitar "las dilaciones indebidas", pero también "los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría el mantenimiento de una artificial atribución delictiva carente de sustancialidad".

Foto: ilustración: EC Diseño. Opinión

"El artículo 121 de la Constitución española, desarrollado por los artículos 292 a 297 LOPJ, es claro al determinar que 'los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley", indica la defensa de la eléctrica, que agrega que la historia de la instrucción de los procedimientos penales en España ha mostrado "toda clase de patologías" que —añade— se están traspasando en este caso, que ha dado al traste con todas "las líneas imaginables". Hasta tal grado es así, agrega, que se está dando lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia "abiertamente anormal" por el que se encuentra "plenamente acreditado" el daño causado, circunstancia fácilmente comprobable con la mera lectura de las noticias publicadas, respecto de la inversión de Iberdrola en Estados Unidos.

"Prevaricación"

En otro escrito reciente adelantado por El Confidencial, la defensa de la eléctrica cargó contra el instructor del caso acusándole de violar "de forma contumaz" sus derechos fundamentales, proceder de forma arbitraria con la única finalidad de mantener vivo el procedimiento y sumar una ristra de "despropósitos procesales" y errores que perjudican a sus intereses. "Esta parte se ve obligada a acudir a la Sala para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales, ante la contumaz violación de los mismos que está padeciendo", arrancaba este escrito, en el que se aseguraba que el juez comete "incorrecciones palmarias" en su interpretación de la estrategia penal de la compañía, que acusa al principal testigo en su contra, un exdirectivo que denunció la contratación irregular del comisario de sustraer documentos y falsificar pruebas.

Foto: Ignacio Sánchez Galán. (Getty Images/Carlos Álvarez)

El escrito llega a deslizar una velada insinuación de prevaricación. "Lo que jamás sería admisible es una decisión que impidiese la investigación del posible delito, atentando no solo contra los derechos procesales del querellante —entre ellos, su derecho a la tutela judicial efectiva y protección ante la indefensión—, sino también contra el propio ordenamiento jurídico que obliga a la autoridad o funcionario a cumplir con la obligación de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables", lanzaba.

Iberdrola sigue muy interesada en comprar PNM Resources y ha presentado recurso de apelación ante EEUU por el caso Villarejo. La eléctrica con sede en Bilbao ha alcanzado un acuerdo con su actual rival para extender el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas circunstancias por un periodo adicional de tres meses. De esta forma, el grupo energético español sigue con su objetivo de materializar esta compra, que supondría la gran operación para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos. El devenir del caso Villarejo se presenta clave para ese logro.

Iberdrola ha amenazado con reclamar una indemnización al Estado por el daño reputacional y las pérdidas económicas que le está provocando el procedimiento judicial abierto en contra de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, y de su filial Iberdrola Renovables en el marco del caso Villarejo. La eléctrica ha asegurado que se plantea presentar una reclamación patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, según indica en un reciente escrito remitido al Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en que se considera "perjudicada" a nivel empresarial por la atribución de conductas delictivas a su cúpula directiva.

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