Andalucía arma un frente contra la retirada de los carros de combate Dragon a Asturias

La planta de Santa Bárbara Sistemas (SBS), en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, ha pasado en menos de un año de la euforia por conseguir uno de los mayores contratos de la historia del Ejército de Tierra a ver amenazada su supervivencia por la intención de la empresa matriz de trasladar su producción a la localidad asturiana de Trubia.

SBS es desde hace dos décadas una filial de la empresa norteamericana General Dynamics, que en el año 2001 le compró al Gobierno de José María Aznar la Empresa Nacional Santa Bárbara. La firma tiene la sede en Trubia y oficinas en Madrid, pero ha mantenido en este tiempo muy activa la factoría sevillana, especializada en la fabricación de carros de combate, como los Pizarro, Leopard, etc.

De hecho, hace siete años, el Ministerio de Defensa decidió encargarle a SBS el diseño y fabricación de nuevos vehículos de combate sobre ruedas (VCR8x8), denominados Dragon, con el mayor presupuesto de un contrato del Ejército de Tierra, casi 2.100 millones. La previsión es fabricar 348 unidades de estos carros desde este año a 2030.

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Tras varios años de negociación, y tiras y aflojas sobre el precio final de los vehículos, en diciembre de 2019, el Gobierno declaró desierto el concurso, lo que obligó a General Dynamics, con el que negociaba en exclusiva, a aceptar las condiciones de Defensa: dio cabida a varias empresas españolas creando la sociedad Tess Defense, en la que entraban Indra Sistemas, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering.

También acordaban que 240 unidades de esos 348 VCR8x8 se entregarían con la configuración completa y las 108 restantes con la configuración simple, y dejaban sin cerrar el precio definitivo del contrato, firmado con un "importe provisional máximo de 2.100 millones, que dependerá de los costes que realmente incurra el contratista y del beneficio acordado en el acta de negociación".

Tras aceptar esas condiciones, apenas nueve meses después, en agosto de 2020, la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmaba ese gran contrato que sonaba en Alcalá de Guadaíra a premio de la Lotería. No en vano, esta planta se ha implicado mucho en la fabricación de los prototipos de este nuevo vehículo Dragon, en el que el Gobierno ha llegado a invertir casi 100 millones de euros para su diseño, tecnología y patentes.

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Con la firma del contrato, las partes emitían una Nota de Prensa en la que insistían en que el programa tendría "una repercusión directa en la creación de empleo cualificado en España (aproximadamente 8.750 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos durante la duración prevista de la ejecución del contrato)", confiando en un "impacto relevante en las economías de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Trubia, (Asturias), Aranjuez (Madrid) y Andoain (Guipúzcoa), poblaciones en las que tienen plantas de producción las empresas que participan en el proyecto".

Desde entonces, la planta sevillana, que emplea a 236 trabajadores directos, pero mueve otro medio centenar de puestos indirectos, unos 800 en total, llevaba meses esperando noticias sobre el desarrollo de este contrato y la ampliación de la plantilla que no han llegado.

Por el contrario, la dirección procedió recientemente al despido de 21 trabajadores en Sevilla (y otros 3 en Madrid), a la vez que informaba a los sindicatos de la decisión de que los vehículos Dragon se fabricarán en Trubia, mientras que la planta sevillana quedará para mantenimiento.

Esta decisión ha levantado una reacción unánime en las administraciones públicas, los empresarios andaluces y los sindicatos. Una de las más activas ha sido la propia alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez (PSOE), que ha mantenido encuentros tanto con la dirección de la compañía como con los propios trabajadores.

Además, al enterarse de que este pasado martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba la base militar sevillana de El Copero, se plantó en las instalaciones para pedir una reunión informal con la representante del Gobierno. Tras diez minutos de charla, Robles realizó unas contundentes declaraciones en las que mostraba su sorpresa, su rechazo, su "profundo malestar" y advertía de las consecuencias que podían tener estos despidos que, a su juicio, demostraban "falta a la lealtad que habría que tener".

"No es aceptable que una empresa pueda reducir puestos de trabajo porque justamente una de las cosas que se tuvo en cuenta para la adjudicación del contrato era la creación de puestos de trabajo", amenazó la ministra.

También la Junta de Andalucía se ha metido de lleno esta semana en el conflicto. Los consejeros de Transformación Económica y de Empleo, Rogelio Velasco y Rocío Blanco, respectivamente, se han reunido tanto con la empresa como con el comité y con los empresarios sevillanos para analizar la situación y buscar soluciones.

Los representantes del Gobierno regional han mostrado su firme apuesta por el mantenimiento íntegro de la actividad y del empleo en la factoría de Santa Bárbara Blindados. A sus responsables han intentado hacerles ver "la oportunidad que supone para la industria en Andalucía que la planta de Sevilla mantenga, e incluso incremente su actividad, en cuanto a labores de centro logístico, mantenimiento 4.0 y modernización de los carros".

A juicio de los consejeros, la especialización de la factoría puede convertirse en una gran oportunidad para la provincia. "Estamos convencidos de que este campo de actuación generará nuevas cargas de trabajo para la industria local, teniendo en cuenta además la implantación en Andalucía (Córdoba) del nuevo Centro Logístico del Ejército", han asegurado los consejeros.

Por su parte, los representantes de los empresarios sevillanos, agrupados en la Federación de Empresarios del Metal, Fedeme; la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES); la Cámara de Comercio de Sevilla; y la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra, FICA, se muestran "profundamente preocupados" y han pedido una reunión con la ministra Robles para trasladarle "la necesidad de actuar con máxima prioridad y de forma coordinada ante esta problemática, entablando de forma inmediata un diálogo con la compañía que evite el trasvase definitivo de toda su actividad productiva hacia la factoría asturiana de Trubia y el consecuente varapalo que esta decisión supondría en el plano económico y para la propia imagen de la provincia como enclave industrial".

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La patronal sevillana recuerda que "la industria de defensa terrestre es una industria tractora clave de la provincia de Sevilla, que genera alrededor de 800 puestos de trabajo, directos e indirectos, en torno a la que pivota un importante ecosistema de empresas auxiliares, formado por unos 250 proveedores, cuyo futuro quedaría en el aire de producirse finalmente el trasvase de toda la actividad productiva de la factoría de SBS en Sevilla hacia su planta asturiana".

"Con independencia de que este plan de reestructuración responda a intereses estratégicos de la compañía, desde estas patronales no se entiende cómo a nivel nacional, regional y local se promueven políticas industriales encaminadas a ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la industria, donde se prioriza la colaboración público-privada, y que puedan darse situaciones como estas que den lugar al desmantelamiento de toda una industria, la de defensa terrestre, con una trayectoria histórica en Sevilla, capacitada y cualificada, cuya pérdida supondría un verdadero fracaso a nivel económico, laboral y político", aseguran en una nota conjunta estas organizaciones.

También las centrales sindicales conocen ya el problema al máximo nivel. Este jueves, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, acudieron a Sevilla para una asamblea multitudinaria celebrada en el Palacio de Congresos con representantes de toda la región sobre la nueva Reforma Laboral. Allí, los responsables sindicales locales informaron a ambos de la situación de SBB en Alcalá y las movilizaciones previstas.

Este mismo viernes, la plantilla secundó masivamente la huelga convocada y además realizaron una marcha desde la planta hasta el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Los trabajadores han denunciado los despidos de los dos centros por haber sido anunciados sin negociación previa con los sindicatos, incumpliendo así el convenio colectivo.

El presidente del comité de empresa y delegado de Csif, Carlos Tercero, insiste en que "el temor a corto plazo es que haya más despidos, pero a medio plazo es que desmantelen esta fábrica". No sería la primera vez. Desde que el General Dynamics se hizo con Santa Bárbara, ha cerrado o vendido la mayoría de las plantas con que contaba: Murcia, Palencia, Granada, Oviedo y La Coruña.

Los consejeros Velasco y Blanco han ofrecido los servicios de mediación del Ejecutivo autonómico a fin de solventar el conflicto laboral existente en la compañía y por el que los trabajadores han convocado movilizaciones. Las próximas jornadas de huelga convocadas se han fijado para los días 23 de febrero y 9 de marzo.