Los expertos fiscales ya tienen un borrador con alzas en sociedades y a las fortunas

Cuenta atrás para que el Ministerio de Hacienda reciba el informe final del comité de expertos creado hace un año. Los expertos, según fuentes conocedoras, ya tienen un borrador común que estudian contrarreloj para realizar ajustes en dos reuniones telemáticas que se producirán esta y la próxima semana, antes de elaborar el documento que enviarán al ministerio que dirige María Jesús Montero.

El borrador contempla las líneas básicas de las recomendaciones que surgen del trabajo de los 15 miembros, economistas y juristas, que lo componen, tras la dimisión de dos académicos, y que prevén tener su última reunión el 17 de febrero. En las recomendaciones no se toca la financiación autonómica y no habrá una revolución a nivel recaudatorio, sino que se centra en impulsar incentivos verdes, sugerir una armonización fiscal y cuestionar deducciones por recaudación o por evitar distorsiones económicas.

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Bajo este prisma, hay tres líneas importantes de recomendaciones para la reforma fiscal a la que se comprometió el Gobierno con Bruselas, y cuyo boceto deberá enviar a Europa en el primer trimestre de 2023. Por una parte, se recomendará una armonización fiscal a nivel autonómico que, en la práctica, implica evitar la deducción del 100% en el impuesto al patrimonio en la Comunidad de Madrid, así como del 95% en sucesiones y donaciones.

En segundo lugar, por motivos de eficiencia económica, evitando distorsiones en las decisiones de consumo, ahorro e inversión, los expertos cuestionan deducciones fiscales tanto en patrimonio como en sociedades. En la práctica, esto implicaría un auge fiscal para empresas y altos patrimonios. Y, en tercer lugar, hay medidas impositivas, tanto impuestos como beneficios, para penalizar el uso de hidrocarburos y otros productos o energías contaminantes y premiar alternativas.

El impuesto al patrimonio es una de las claves del documento, después de las sucesivas ponencias de los expertos. La principal justificación por la que recomendarán cambios, según fuentes cercanas al comité, es la distorsión que genera. A nivel autonómico, porque en Madrid no se tributa, lo que incentiva la localización de la residencia fiscal de muchos altos patrimonios. En despachos de abogados y bancas privadas de Madrid, incrementan todos los años su número de clientes procedentes de otros territorios, y una de las razones es la fiscal.

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Si el Gobierno de Pedro Sánchez, como parece, encara una armonización fiscal, habrá una batalla política con el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso y, también, jurídica. Así lo han expresado explícitamente Ayuso y su equipo, plasmándolo en una ley de blindaje fiscal, en la que enumeran competencias y amenazas. Según fuentes jurídicas, Madrid no tiene capacidad de evitar que se imponga una mayor fiscalidad desde Moncloa, aunque sí podría embarrar o retrasar los cambios yendo al Constitucional.

De hecho, diferentes despachos de abogados y bancas privadas coinciden en trabajar en una hipótesis conservadora de que se tributará por patrimonio en Madrid en 2022. Aunque dudan en pronosticar si será este año o el que viene, mueven ficha para modificar las estructuras patrimoniales de sus clientes para maximizar la rentabilidad financiera y fiscal neta.

Entre estos cambios, está asegurar la deducción de la empresa familiar, cuando sea posible, priorizar inversiones inmobiliarias a través de sociedades profesionales o de capital riesgo frente a inversiones mobiliarias, o el escudo fiscal entre rentas y patrimonio, por el que no se puede tributar más del 60% de los ingresos anuales. Los despachos de clientes ricos fuera de Madrid llevan años trabajando en cambios que tienen motivación fiscal y no financiera.

Esto es una distorsión que critican algunos de los miembros del comité de expertos. Por ello, habrá recomendaciones para realizar cambios o eliminar estas deducciones sobre la base imponible del impuesto sobre el patrimonio. Si llegaran a aprobarse tales modificaciones, sería una revolución para la estrategia que siguen los altos patrimonios con sus asesores. Entre los análisis externos que han llegado al comité, uno de ellos procede de un investigador y ejecutivo del sector financiero, acostumbrado a trabajar con grandes fortunas, que menciona estas distorsiones y, también, el ejemplo de Francia. Allí, Emmanuel Macron abolió el tributo en 2018, por el que tributaban franceses con una riqueza superior a los 1,3 millones, pero lo sustituyó por un impuesto sobre bienes inmobiliarios para los que tengan activos con un valor neto superior a este umbral.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recuperó el impuesto al patrimonio en 2011. La recaudación total por este tributo fue de 1.219 millones en 2019, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, aunque en 2021 debería haber habido un aumento de la recaudación por la subida en el tipo impositivo desde el 2,5% al 3,5% en las grandes fortunas por encima de los 10 millones. Además, incorporar a Madrid al perímetro sería relevante a efectos recaudatorios. El patrimonio total sujeto al tributo ascendió a 720.479 millones, de los que 193.947 millones, o el 27%, estaban en Madrid.

En el terreno del impuesto sobre sociedades, ha habido una tendencia a menos aportación a la recaudación total por bases imponibles generadas durante la Gran Crisis Financiera y por las deducciones. Si bien en 2021 hubo un aumento del 67,9%, hasta los 26.628 millones, al compararse con un ejercicio 2020 marcado por el covid y la caída de los beneficios, la cifra está muy lejos de los 44.823 millones de 2007.

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Los expertos fiscales han hecho un análisis de las deducciones del tributo, de las que se benefician muchas empresas, especialmente las más grandes, y cuestionan algunas de ellas. En paralelo, España ya ha adoptado un mínimo de tributación para las grandes empresas del 15%, en línea con el acuerdo global en que trabaja la OCDE.

En el ámbito de la fiscalidad verde, los expertos aludirán en su informe a una mayor tributación del diésel y la gasolina, de la matriculación de vehículos más contaminantes, así como billetes de avión o peajes. Uno de los miembros, Xavier Labandeira, catedrático de la Universidad de Vigo, está entre los mayores investigadores en el terreno de fiscalidad y cambio climático. El objetivo de estas potenciales medidas sería desincentivar las vías que causan mayores emisiones de CO₂. Por otro lado, también habrá recomendaciones sobre que la recaudación por esta vía se use en incentivar el transporte público o una mayor eficiencia de las viviendas. Es decir, que haya un esquema de incentivos para penalizar unas prácticas y favorecer otras.

Uno de los dos socios del Gobierno, Unidas Podemos, ha evitado esperar al informe del comité de expertos y ha presentado este lunes su propia propuesta de reforma fiscal, calentando las futuras negociaciones políticas. La formación morada apuesta por más tributación de empresas y por un nuevo tributo para patrimonios de más de un millón de euros, con exención por vivienda habitual de hasta 400.000 euros. En total, asegura que sus propuestas elevarían la tributación en 30.000 millones, un 13,4% más, desde una base de 223.382 millones en 2021.