Hayfin cierra un pacto para desbloquear en Valencia el plan sobre el circuito de Fórmula 1

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha dado un paso importante para desbloquear el plan de actuación integrada (PAI) del Grao, el proyecto para urbanizar y edificar un barrio nuevo sobre los terrenos del viejo circuito urbano de Fórmula 1. El programa, uno de los más atractivos de los que quedan pendientes de desarrollo en el término municipal, estaba atascado principalmente por el encaje administrativo de un convenio firmado en 2007 entre el consistorio, entonces encabezado por Rita Barberá, y la Generalitat presidida por el popular Francisco Camps. El acuerdo pasaba por cargar a los propietarios del suelo, una pastilla de casi 400.000 metros cuadrados entre la fachada portuaria y el viejo cauce del río Turia, parte de los costes del circuito a partir de una posible urbanización y aprovechamiento del mismo. Ese documento permitió a Camps asegurar a la opinión pública que el trazado automovilístico no iba a costar ni un euro a los ciudadanos.

El resultado final del Gran Premio fue mucho más oneroso de lo prometido, más de 300 millones de euros. Pero el convenio quedó firmado y recientemente el Consell Jurídico Consultiu (CJC) emitió un dictamen en el que señalaba su vigencia administrativa. El problema desde que los dueños de los terrenos mostraron interés en desarrollarlos era determinar qué parte de las obras del circuito era repercutible y cuáles no, habida cuenta de que el convenio se justificó por la posibilidad de aprovechar parte del trazado para completar la prolongación de las avenidas de Francia y del Paseo de la Alameda.

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Los dueños de las parcelas, liderados por una mercantil encabezada por Atitlan con el fondo británico Hayfin Capital y los empresarios Francisco Martínez y una rama de los Martinavarro, advirtieron de que el ayuntamiento se exponía a litigios judiciales si intentaba cargar sobre los propietarios obras no ligadas al desarrollo urbanístico. Finalmente, una comisión técnica municipal ha elaborado un informe que concreta los criterios de elementos repercutibles. La pista física del circuito, ya deteriorada, no entraría en el paquete, pero sí parte de las conducciones que se construyeron bajo su asfalto, así como otras actuaciones en el puente denominado Cuc de Llum, que conecta el sector del Grap con los barrios de Moreras y Nazaret y por cuyos bajos discurren todas las conexiones eléctricas para el futuro desarrollo.

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En conjunto, según las estimaciones de los técnicos, el consistorio podría cargar a los titulares de las parcelas, entre los que figura también ADIF con cerca del 30%, en torno al 60% de los 42 millones en que se cifró inicialmente la obligación de compensación del ayuntamiento a la Generalitat.

Según ha podido contrastar El Confidencial, la agrupación de interés urbanístico (AIU) conformada por Hayfin, Atitlan y otros propietarios, considera aceptable la estimación realizada por los técnicos.

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Es el primer paso para iniciar la tramitación del plan. Pero el avance definitivo de un proyecto que contempla cerca de 2.000 viviendas y un importante desarrollo de suelo terciario depende ahora de que los socialistas liderados por la vicealcaldesa, Sandra Gómez, que controlan el área de Urbanismo, consensúen con el alcalde, Joan Ribó (Compromís), el modelo de gestión del programa urbanístico. La AIU ha propuesto formalmente asumir el rol de agente urbanizador mediante la cesión por parte de la empresa pública Actuaciones Urbanas Municipales (Aumsa).

Ribó es más partidario de mantener la gestión directa, es decir, que sea la mercantil municipal la que asuma los trabajos de urbanización y pase la factura a los propietarios de las parcelas edificables resultantes. Los socialistas, por contra, creen que el consistorio no tiene por qué hacer un desembolso previo millonario para tener que subcontratar igualmente los trabajos pagando el mismo beneficio industrial y que la vía indirecta garantiza igualmente la capacidad de decidir sobre el diseño del nuevo barrio, la recepción de solares dotacionales y un 10% del aprovechamiento urbanístico para vivienda de protección social.

Será cuando se despeje la forma de gestión, se apruebe definitivamente el planeamiento y la reparcelación cuando de verdad comience a caminar administrativamente el proyecto. Fuentes municipales estiman, no obstante, que incluso agilizando la tramitación cediendo la gestión a la agrupación de propietarios, las máquinas no entrarían antes de dos años.