El juez exige a Telefónica un aval de seis millones por los pagos a Rodrigo Rato

José María Álvarez-Pallete ha empezado 2022 a lo grande, con premios al empresario del año, con su nombramiento como presidente de la patronal mundial de los móviles GSMA y con la cotización de Telefónica mirando hacia arriba gracias a las operaciones de fusión en el sector. Pero también con la preocupación de ver hacia dónde deriva el juicio contra Rodrigo Rato decretado a finales del pasado mes de diciembre y donde la compañía se ha visto obligada a poner un aval de seis millones de euros por responsabilidad civil subsidiaria.

Fuentes oficiales de Telefónica han confirmado que han tenido que depositar en el juzgado esta garantía millonaria por la relación contractual que tuvo en su momento con el que fuera ministro de Economía, director general del Fondo Monetario Internacional y presidente de Bankia. La compañía agrega que la pieza que investigaba la Audiencia Nacional por los pagos a la mano derecha de José María Aznar en asuntos económicos fue archivada a mediados de 2017, pero no así la implicación de Ramiro Sánchez de Lerín, el que fuera secretario del consejo de administración de la operadora y que presuntamente firmó los acuerdos con Rato.

Telefónica contrató a Rato como miembro de los consejos asesores de la compañía en Latinoamérica y Europa en enero de 2013, cuando César Alierta era presidente y Pallete, consejero delegado. El exministro recibía unos 26.000 euros mensuales por contrato, los cuales se constituyeron a través de Kradonara, una de sus sociedades patrimoniales con las que presuntamente defraudaba a Hacienda. Su nombramiento fue aprobado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de Telefónica, pero la responsabilidad ha recaído sobre Sánchez de Lerín.

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Conocido como el hombre del maletín de los secretos de Telefónica, Pallete prescindió del abogado previo pago de 11 millones de euros de indemnización en enero de 2018. Un importe que hablaba de la importancia de su rol en la casa y que se consideró suficiente para que mantuviese a buen recaudo la reputación de la compañía. Porque, aunque el juez libró a Telefónica, mantuvo la imputación al que fuera su directivo por ser presunto cooperador necesario de los fraudes fiscales atribuidos a Rato, para quien la Fiscalía pide 70 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Sánchez de Lerín se trasladó a vivir a Portugal a finales de 2020 para beneficiarse de la laxa tributación que el país vecino ofrece a los altos directivos de Europa que se compren una casa en su territorio y pasen en ella al menos la mitad del año. Pero ahora tiene que venir a Madrid para asistir a la apertura del juicio oral. Telefónica, como responsable civil subsidiaria, ha aceptado hacerse cargo del aval de seis millones que en realidad debería haber puesto el que fuera su secretario del consejo de administración.

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Fuentes próximas al caso se cuestionan sobre cuál será la postura de Sánchez de Lerín, que ha rehecho su vida profesional y disfruta en Lisboa de la generosa indemnización que le abonó Telefónica cuando Pallete le relevó. Estas fuentes indican que el abogado tiene claro cuál fue su responsabilidad en los pagos a Rato y quién le dio las órdenes para formalizar los contratos.

La multinacional de las telecomunicaciones, como La Caixa y Banco Santander, contrató a Rato después de que fuera imputado por la quiebra de Bankia. Fue toda una demostración de apoyo de Alierta, Isidre Fainé y Emilio Botín al que fuera ministro de Economía, con el que todos ganaron mucho dinero con las privatizaciones de empresas públicas llevadas a cabo a partir de 1996 y numerosa regulación normativa que benefició a las grandes compañías.