La Audiencia Provincial de Madrid niega a Aena la cuestión de inconstitucionalidad

La ofensiva legal lanzada por Aena para que algún juez inste una cuestión de inconstitucionalidad por la nueva ley que le obliga a rebajar los alquileres de las tiendas de sus aeropuertos ha chocado con la Audiencia Provincial de Madrid. El órgano judicial capitalino ha rechazado la petición de la empresa pública por "no considerar la procedencia de esta cuestión", según una diligencia publicada esta misma semana.

La Audiencia Provincial es el superior jerárquico de todos los juzgados de primera instancia de Madrid, que son los que aglutinan la mayor parte de las 108 demandas interpuestas contra Aena y, sobre todo, las abiertas por sus tres mayores inquilinos: Dufry, Áreas y SSP.

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Aunque se trata de un revés judicial de calado, todavía hay mucha batalla legal por delante. La providencia no genera doctrina vinculante, pero sí que doctrinalmente hablando es importante por el peso espífico y el prestigio que tiene la Audiencia de Madrid entre sus pares. Y la estrategia diseñada por Aena se extiende a juzgados de toda España, en los que se está enfrentando a sus inquilinos, donde presenta un escrito y un dictamen del exministro socialista Tomás de la Cuadra-Salcedo defendiendo la inconstitucionalidad de la nueva ley.

Pero, de momento, el dictamen de la Audiencia de Madrid ha reforzado la posición de los inquilinos de Aena. Por ejemplo, cuando alguna otra Audiencia Provincial se plantee si instar la cuestión de inconstitucionalidad, antes deberá preguntar a las partes, y los inquilinos contarán como argumento con el rechazo de la de Madrid, cuyo criterio suele ser bastante respetado.

Desde Aena subrayan que el recurso de apelación en que se enmarca esta providencia corresponde a las cautelares que solicitó SSP para evitar que se le pudiera ejecutarle los avales correspondientes a las rentas mínimas garantizadas del ejercicio 2020, y que todavía está pendiente de resolverse el fondo de la cuestión, procedimiento en el que aseguran que volverán a plantear la cuestión de inconstitucionalidad.

Otras fuentes jurídicas consultadas explican que lo que ha hecho la Audiencia Provincial con esta diligencia es desestimar la petición de Aena de la cuestión de inconstitucionalidad en el momento que procedimentalmente corresponde, justo antes de resolver el recurso de apelación de las cautelares de SSP, por considerar que no hay indicios de inconstitucionalidad en la norma y, por tanto, que es definitiva.

La Audiencia Provincial es el superior jerárquico de toda la primera instancia de Madrid, que es donde se concentran la mayoría de demandas

Con la puerta de la Audiencia Provincial cerrada, la opción que le quedaría a Aena sería que otra sección de la misma Audiencia defendiera la postura contraria, algo que en teoría es factible, pero en la práctica sucede en pocas ocasiones, porque los propios magistrados tienden a fijar criterios comunes entre ellos y porque, por las normas de reparto, suelen ser los mismos magistrados los que tratan cada materia.

Cambio legal

El pasado septiembre, el arco parlamentario votó a favor de una enmienda a la Ley de Transportes Terrestre que emplaza al gestor aeroportuario a rebajar el alquiler, con las únicas excepciones de PSOE y Podemos, que se abstuvieron ante el cierre de filas por parte de toda la oposición

La situación es políticamente incómoda para Aena, cuyo presidente, Maurici Lucena, milita en el Partido Socialista de Cataluña (PSC). El Estado es dueño del 51% del capital y los grupos parlamentarios de los dos socios del Gobierno de coalición han respaldado la legislación cuya constitucionalidad cuestiona el operador aeroportuario. Además, el Ejecutivo, con potestad para recurrir la constitucionalidad de la medida, ha declinado hacerlo.

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Esta posición del Gobierno de Pedro Sánchez es la que ha abocado a Aena a tener que buscar un juez que defiende su postura, ya que solo los magistrados, el Gobierno, el defensor del pueblo o la suma de fuerzas de 50 diputados pueden abrir este frente. Aena cifra en 1.350 millones el impacto de la nueva ley en sus ingresos, ya que se trata de cobros comerciales que hasta la modificación legal tenía garantizados y que ahora deberá descontarse.

La normativa vigente sostiene que Aena debe renunciar al cobro de las rentas entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, fecha a partir de la cual debe ajustarlas a la evolución real del tráfico de pasajeros en cada aeropuerto. Esta modificación, además, deberá mantenerse hasta que se recuperen los niveles de 2019, un horizonte que la propia compañía presidida por Maurici Lucena retrasa hasta 2026.

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Además, este cambio no solo afecta a previsiones de beneficios futuros, sino que también modifica los términos de los contratos del ejercicio de 2020, cuando Aena se anotó 620 millones que con la nueva ley no debería haber ingresado. Las cuatro primeras sentencias judiciales que han entrado al fondo de la cuestión han coincidido también en ligar las rentas a la evolución real del tráfico.

Cautelares para Adolfo Domínguez en la Audiencia Provincial de Mallorca

La Audiencia Provincial de Mallorca ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por Adolfo Domínguez y ha concedido, como cautelares, suspender el pago de la renta mínima garantizada entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 y, a partir de esa fecha, ajustarlo a la caída del tráfico, medida que se prolongará hasta que se recuperen los niveles de tráfico de 2019 o se resuelva esta causa. También ha prohibido incluir a Adolfo Domínguez en los registros de morosos y aplicarle la prohición de contratar con Aena por impago de facturas.

Al igual que en Madrid, Aena también aprovechó esta apelación para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Antes de pronunciarse, la Audiencia de Mallorca escuchó a las dos partes y también se consultó a la Fiscalía. Ésta ha resuelto que "no procede la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad", por considerar que se están valorando aspectos como la exigibilidad de la renta mínima garantizada o la no inclusión en el registro de morosos, "que a nuestro entender no guardan relación con la posible inconstitucionalidad" de la nueva normativa.

Adolfo Domínguez, por su parte, se opuso a la cuestión de inconstitucionalidad alegando que la eficacia de la nueva normativa "decaerá cuando los aeropuertos recuperen el volumen normal de pasajeros, lo que -presumiblemente- tardará meses o años en producirse. En sus efectos hacia el pasado, la ley simplemente viene a procurar una solución de equidad a una situación extraordinaria ajena a las partes que impide el normal cumplimiento de los contratos. Esta situación, inevitablemente, debe conducir a un reparto de riesgos y de pérdidas, que -a la vista del distinto poder negociador de las partes-, de no intervenir el legislador, no se produciría de manera equilibrada".

Tras escuchar a todos, la Audiencia de Palma ha desestimado plantear la cuestión de inconstitucionalidad, pero ha dejado la puerta abierta a que Aena vuelva a intentarlo cuando se resuelva el fondo de la cuestión, y ha recordado que “la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme”.