El juez prohíbe salir del país al CEO de Repsol en Perú por presunto delito medioambiental

Un juez decretó este viernes que cuatro directivos de la refinería La Pampilla, entre ellos el director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, tienen prohibido salir del país andino durante 18 meses como parte de la investigación abierta por su presunta responsabilidad en un delito de contaminación medioambiental por el derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo el pasado 15 de enero en la costa central peruana.

La decisión judicial también afecta al jefe del Terminal Marítimo 2 de La Pampilla, Renzo Tejada Mackenzie, y los gerentes de Repsol en Perú para Calidad de Medio Ambiente, Cecilia Posadas Jhong, y para Producción, José Reyes Ruiz.

El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla, Romualdo Aguedo, aceptó la petición hecha por la Fiscalía peruana este jueves, a la que se acogieron de inmediato los cuatro directivos de la petrolera española, cuyos abogados arguyeron que han colaborado con la justicia y no tenían intención de salir del país.

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En esta etapa preliminar de la investigación, la Fiscalía consideró a Fernández-Cuesta en "calidad de autor" y a los otros tres implicados como "cómplices" en la presunta comisión del delito de contaminación medioambiental.

El Ministerio Público recordó que el Código Penal peruano establece para este delito una condena entre 4 y 6 años de prisión y remarcó en la necesidad de que los imputados permanezcan en Perú "para el esclarecimiento de los hechos".

Durante la lectura de su resolución, el juez recordó que los abogados defensores de los investigados expresaron su "voluntad de que no se oponían al requerimiento fiscal" y que mantenían su intención de colaborar con las investigaciones.

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EFE

En ese sentido, sostuvo que existen "razones plausibles" de que los implicados "habrían cometido el delito por el que se les viene investigando", aunque remarcó que aún se está en la etapa de "diligencias preliminares".

Tras indicar que los indicios que se tienen hasta el momento generan la "sospecha simple" para abrir diligencias y evitar un "potencial peligro de fuga", el juez defendió que la prohibición de abandonar el país es "estrictamente proporcional ante el interés de la sociedad en averiguar la verdad" y trasladó de inmediato la resolución a la Policía Judicial y la Superintendencia de Migraciones. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría del Estado, que participó como parte agraviada, y los abogados de los investigados manifestaron su conformidad con el dictamen judicial.

El derramamiento de crudo se produjo en coincidencia con la llegada a las costas peruanas del tsunami causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, en el Pacífico Sur, lo que provocó un inusitado aumento del nivel del mar en el momento que el buque Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la refinería La Pampilla, en el puerto limeño del Callao.