Asenjo se pone en manos de un abogado de la élite judicial al ser señalado por Galán

Antonio Asenjo se ha convertido en el presunto culpable número uno de las irregularidades cometidas por Iberdrola en la contratación de José Manuel Villarejo. Así lo señaló este martes Ignacio Sánchez Galán, presidente de la eléctrica, que responsabilizó al que fuera su jefe de Seguridad durante dos décadas de cualquier posible ilegalidad. El exdirectivo, despedido en noviembre de 2019 tras la publicación por parte de El Confidencial de los primeros audios y documentos sobre la relación con el comisario, ha decidido cambiar de abogado y ponerse en manos de un letrado de gran prestigio ante la que se le avecina.

Según han confirmado fuentes jurídicas, Asenjo, de 63 años, que percibió 1,6 millones de euros por dejar "voluntariamente" Iberdrola por “pérdida de confianza”, según la empresa, ha contratado los servicios de Manuel Ollé, tal y como comunicó a la Audiencia Nacional el pasado 27 de diciembre. Personas vinculadas a la investigación indican que el que fuera jefe de Seguridad de Galán, primero en Airtel (ahora Vodafone) y después en la energética, ha optado por contratar los servicios de Ollé por los problemas de salud de su anterior defensor, que acusó al juez y a los fiscales de prevaricación con escritos muy duros.

Ollé es conocido porque es el letrado encargado de la representación de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que entró en España de forma irregular para tratarse en un hospital de Logroño. Una maniobra que provocó la ruptura de las relaciones entre Madrid y Marruecos, una crisis diplomática en la que ha tenido que intervenir Felipe VI esta misma semana para acercar posturas con Rabat. La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fue relevada este verano de su cargo tras las protestas del país africano.

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Pero, además, Ollé, al que se le vincula con Baltasar Garzón y con Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, ha llevado los casos del financiero Hervé Falciani, perseguido por revelar los datos de numerosos defraudadores fiscales del banco HSBC, y de Javier López Madrid, investigado por la operación Lezo, vinculada a la corrupción del Partido Popular.

Fuentes jurídicas reconocen que Ollé es un profesional de primer nivel. Ollé sustituye a Manuel Santaella, el anterior letrado de Asenjo, que arremetió en numerosas ocasiones contra el juez Manuel García-Castellón, encargado de la causa, y los fiscales. Les acusó de prevaricación e intentó apartar el magistrado, para el que pidió la recusación.

Santaella llegó a presentar una querella en el Tribunal Supremo contra García-Castellón por varios supuestos delitos de prevaricación y tramitó un recurso de amparo en el Constitucional por la presunta violación de sus derechos fundamentales. Además, interpuso una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial para que tomara medidas disciplinarias contra el instructor.

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En uno de sus escritos, pidió que se anularan las dos primeras declaraciones de su cliente, de Asenjo, que reconoció que los conceptos de las facturas pagadas por Iberdrola a Villarejo eran falsos. Santaella incluso dijo que el exjefe de Seguridad no acudiría más a la Audiencia Nacional al sentirse engañado. “Nuestro patrocinado, en ejecución de la conformidad con la que el Ministerio Fiscal parecía haber adelantado acuerdo, ha hecho lo posible, pero también incluso lo imposible, para ponerse a sí mismo y a sus recuerdos a disposición plena e incondicional del juzgado. Y ahora nos encontramos con que el Ministerio Fiscal y ese juzgado le quieren hacer a don Antonio Asenjo, las trece catorce. Empezará este letrado a ganarse cada céntimo de euro de sus honorarios”, aseveró.

Una serie de maniobras que le han puesto en una posición difícil ante el juez y los fiscales, que ahora se ve más perjudicada tras el señalamiento directo de Galán, que recibió en su chalé de Puerta de Hierro cuando se conoció el presunto escándalo.