Naturgy recurre al TJUE la investigación de Bruselas por las ayudas a las centrales de carbón
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Pesquisas abiertas en 2017

Naturgy recurre al TJUE la investigación de Bruselas por las ayudas a las centrales de carbón

El Tribunal General desestimó el recurso de la compañía el pasado mes de septiembre. Ahora, Naturgy recurre ante el más alto tribunal europeo

Foto: Sede de Naturgy en Madrid. (Reuters/Sergio Pérez)
Sede de Naturgy en Madrid. (Reuters/Sergio Pérez)
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Naturgy ha decidido agotar la vía judicial europea contra la decisión de la Comisión Europea de investigar como posible ayuda de Estado ilegal las ayudas ofrecidas por el Estado a las centrales de carbón. Después de que en septiembre el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) desestimara su recurso, la compañía ha decidido recurrir ante la última instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), defendiendo que Bruselas no justificó de manera suficiente la apertura de las pesquisas. No se trata de un recurso contra la conclusión de esa investigación, porque de hecho sigue en marcha, sino contra la propia idea de abrirla, al considerar que no estaba suficientemente justificada.

El caso se remonta a 2015, cuando los técnicos comunitarios iniciaron una serie de chequeos en los esquemas de ayudas estatales de 11 Estados miembros. A raíz de esas primeras pesquisas, en 2017 la Comisión Europea decidió abrir una investigación por las ayudas que España venía ofreciendo desde hacía una década a las centrales de carbón a cambio de la instalación de unos nuevos filtros de óxido de azufre, el llamado 'incentivo medioambiental'. A cambio de esa instalación, las centrales tenían derecho a ayudas relacionadas con el tamaño de la central durante 10 años: por cada megavatio que producían al año, obtenían 8.750 euros. El último pago estaba previsto para 2020 cuando, según las estimaciones de la Comisión, las empresas beneficiadas habrían recibido ya más de 560 millones de euros. Los técnicos de la Dirección General de Competencia del Ejecutivo comunitario consideraban que podía ser una ayuda de Estado ilegal.

Foto: Central térmica de carbón de As Pontes. (EFE)

Entre 2007 y 2016, el periodo en el que se centra la investigación de la Comisión Europea, que todavía continúa abierta, el Estado ofreció ayudas por valor de 441 millones de euros. La principal beneficiada fue Endesa, que obtuvo más de 198 millones de euros durante este periodo, y la segunda que más ayudas recibió fue Naturgy, con algo más de 74 millones, seguida de Hidroeléctrica del Cantábrico, obteniendo 67,6 millones de euros. También se beneficiaron Viesgo Generación (casi 53 millones), Iberdrola Generación España e Iberdrola Generación (casi 45 millones) y Unión Fenosa, que obtuvo 3,8 millones. En total, 14 centrales de carbón se beneficiaron.

La Comisión señaló en la apertura de la investigación que España no había notificado esta medida en 2007 para que fuera evaluada por sus técnicos, y que temía que los límites de emisión impuestos por este 'incentivo medioambiental' sirvieran únicamente para dar “cumplimiento a las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente aplicables entonces a las centrales de carbón”. Es decir, que se estuviera premiando a estas empresas sencillamente por cumplir las normas europeas.

El Ejecutivo comunitario recordó que “los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente”, y que, de confirmarse, “esto significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental”. Antes del inicio del procedimiento verbal, el Reino de España llegó a pedir intervenir a favor de la Comisión Europea, retirando esa petición 21 días después.

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Central de carbón de la compañía Endesa. (EFE)

El caso en los tribunales

La antigua Gas Natural, actualmente Naturgy, decidió en mayo de 2018 presentar un recurso ante el TUE contra la apertura de la investigación, señalando, entre otros puntos, que Bruselas no había justificado de manera suficiente la selectividad de la ayuda. La empresa señaló que “la Comisión incumplió su obligación de motivación por no facilitar, en la decisión impugnada, ninguna indicación que permita comprender de manera clara e inequívoca por qué la medida tiene un carácter selectivo”, como reza la sentencia del TUE.

En septiembre de 2021, el TUE desestimó el recurso de Naturgy y de los coadyuvantes, Viesgo Producción y EDP España. La sentencia admitía, sin embargo, que se desestimó el recurso “a pesar de lo sucinto de la motivación relativa al carácter selectivo de la medida” por parte de la Comisión, pero señalaba que "el juez de la Unión debe evitar pronunciarse definitivamente sobre cuestiones que tan solo han sido apreciadas provisionalmente por la Comisión".

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Sede de la corte de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. (EFE)

El magistrado señala que “basta que las partes interesadas conozcan la razón que ha llevado a la Comisión a considerar provisionalmente que la medida de que se trata puede constituir una ayuda nueva incompatible con el mercado interior” y que la apertura de una investigación formal tiene como objetivo precisamente que las partes puedan dar más información al Ejecutivo comunitario para que este pueda determinar si la ayuda era o no selectiva.

El 18 de noviembre, poco después de la sentencia del TUE, Naturgy decidió recurrir ante el más alto tribunal europeo, el TJUE. La compañía mantiene la misma postura que ante el Tribunal General y, por lo tanto, “no se está recurriendo ninguna decisión de fondo, sino la simple decisión de abrir un expediente de investigación”, señalan desde la empresa energética.

Naturgy ha decidido agotar la vía judicial europea contra la decisión de la Comisión Europea de investigar como posible ayuda de Estado ilegal las ayudas ofrecidas por el Estado a las centrales de carbón. Después de que en septiembre el Tribunal General de la Unión Europea (TUE) desestimara su recurso, la compañía ha decidido recurrir ante la última instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), defendiendo que Bruselas no justificó de manera suficiente la apertura de las pesquisas. No se trata de un recurso contra la conclusión de esa investigación, porque de hecho sigue en marcha, sino contra la propia idea de abrirla, al considerar que no estaba suficientemente justificada.

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