Hacienda pacta con las eléctricas una subida fiscal a sus 70.000 empleados y jubilados

Malestar entre trabajadores y jubilados de las grandes eléctricas. La Agencia Tributaria y Aelec, asociación que representa en este asunto a Iberdrola, Endesa, EDP, Repsol y Total, han acordado un cambio a la hora de valorar la retribución en especie que supone el pago por parte de estas empresas de la factura de la luz de sus empleados.

Esto implicará un aumento de la base imponible del IRPF para cerca de 70.000 trabajadores y jubilados que disfrutan de este beneficio social. Los empleados —activos y pasivos— notarán ya las consecuencias en la declaración de la renta de la próxima primavera, ya que el pacto entre Hacienda y las eléctricas no es recurrible y su aplicación tiene carácter retroactivo al 1 de junio de 2021.

Mientras que hasta ahora venían tributando por su consumo a un precio de 0,098 euros el kWh, la actualización de la medida les obligará a ingresar a Hacienda parte del IRPF con el MWh en alrededor de 0,14 euros kWh, lo que supone un aumento del 40%. Esto se debe a que hasta ahora se tomaba un acuerdo previo de valoración (APV) elaborado por las eléctricas y ahora se tomará como referencia para valorar este pago en especie la tarifa regulada PVPC, que se ha disparado precisamente desde el pasado verano.

Desde los años setenta, las multinacionales eléctricas pagan la factura de la luz particular de sus trabajadores y sus familias, una medida que nació para compensar la alta inflación de aquellos años. Pero desde 1995, Hacienda considera que esto es un pago en especie y como tal debe tributar en el IRPF que paga el empleado. Desde entonces, cada vez que se producía un cambio estructural en la factura de la luz, la Agencia Tributaria pedía a la antigua Unesa que actualizara la estimación de a cuánto ascendía este pago en especie.

En este contexto, Hacienda pidió una nueva actualización de este pago después de que el Gobierno, a instancias de la CNMC, cambiara la estructura de la factura de la luz el pasado 1 de junio, cuando entraron en vigor los nuevos tramos horarios de punta, valle y llano tanto en el término de energía como en el término de potencia. Hasta ahora, las eléctricas hacían una estimación global del precio al que pagaban la luz de sus empleados con base en una muestra de diferentes usuarios.

Sin embargo, la propia Aelec presentó en noviembre una alegación a la Agencia Tributaria en que pedía que se considerara el consumo individual de cada uno de los beneficiarios del pago de la tarifa con base en el precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), en récord histórico desde hacía meses. Es decir, la tarifa regulada que está indexada al mercado marginalista y que ha multiplicado su precio por seis en la segunda mitad del pasado año. Actualmente, lo pagado por la energía, casi el 40% de la factura, se mantiene de forma estructural por encima de los 200 euros por MWh mientras antes de que se iniciara la crisis energética rondaba los 50 euros por MWh.

Fuentes sindicales no entienden que Aelec haya propuesto medir su retribución en especie con la tarifa más cara en la actualidad, ya que los únicos perjudicados serán los trabajadores, que verán ensanchada su base imponible de IRPF y tendrán que pagar más. Según consideran, las eléctricas podían haber propuesto la actualización del cálculo de este pago con tarifas propias de libre mercado que hoy son más baratas.

Tanto UGT como CCOO, los representantes de los trabajadores mayoritarios, insinúan que es una traba más a la hora de tratar de reducir el pago de la tarifa, que Endesa ha rebajado con fuerza en la firma de su nuevo convenio colectivo tras ser respaldado por el Tribunal Supremo. Iberdrola no ha ido tan lejos, pero ha suprimido el pago de la segunda vivienda de los jubilados en el convenio.

Hacienda: "Las entidades hoy en día disponen de información que les permite conocer y determinar el precio ofertado al público"

Sin embargo, fuentes de Aelec rechazan que su intención fuera perjudicar a los trabajadores y aseguran que Hacienda no quería ninguna otra estimación que no fuera el PVPC, regulado por el BOE. En este sentido, la resolución de la Agencia Tributaria en que se acuerda la nueva valoración de la retribución en especie, a la que ha tenido acceso El Confidencial, entiende que "con los avances tecnológicos operados en el sistema y con la nueva normativa en vigor, se considera que las entidades del citado sector hoy en día disponen de información que les permite conocer y determinar el precio ofertado al público en el mercado, necesario para calcular el importe de la retribución en especie por el suministro de energía eléctrica a sus trabajadores sujeta a retención, sin necesidad de acudir a acuerdos como los firmados hasta la fecha. Por tanto, al existir un valor de mercado conocido y público, han desaparecido las causas que justificaban en su momento el mantenimiento de este tipo de acuerdos previos de valoración".

Por esta razón, Hacienda resuelve que "este valor se calculará aplicando a cada empleado las tarifas fijadas por la normativa en vigor que corresponda para los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y para los cargos del sistema eléctrico, y la metodología del cálculo regulada para los precios voluntarios para el pequeño consumidor (PVPC) para el resto de componentes del precio facturado por los comercializadores de referencia a sus clientes".

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Naturgy, tercera eléctrica del país, queda fuera de esta resolución por haber dejado Aelec en 2021. Sin embargo, hay 3.500 trabajadores que también tienen bonificada su tarifa y tienen que tributar por este pago en especie, con lo que están estudiando si sufrirán las mismas consecuencias que el resto de trabajadores de las grandes empresas del sector.

Los sindicatos, molestos porque no se les haya preguntado por esta nueva medida, están tratando de revertir esta norma, pero ya advierten de que sus opciones son escasas. La resolución de la Agencia Tributaria en que se pacta con Aelec ya especifica que no es recurrible. En cualquier caso, UGT Iberdrola ha convocado para la próxima semana a sus afiliados y otros afectados (hay casi 70.000 perjudicados) para informar de esta situación.