Almeida proyecta soterrar toda la M-30 norte con un coste de más de 3.000 millones

José Luis Martínez-Almeida quiere convertir Madrid en un jardín infinito. Según han confirmado varias fuentes próximas al proyecto, el alcalde de la capital de España, en proceso de recuperación del covid-19, pretende soterrar la zona norte de la M-30, unos nueve kilómetros de la red de carretera de 32,5 kilómetros que circunvala la ciudad por la que los vehículos todavía circulan en superficie. El líder municipal del Partido Popular quiere replicar lo que se conoce como Madrid Río, la ruta verde de siete kilómetros que enlaza la Casa de Campo con Legazpi.

Según estas fuentes, el equipo de Almeida ya ha mantenido varias reuniones para diseñar la obra que supondría meter bajo tierra los algo más de nueve kilómetros que rodean Madrid desde la zona anterior a la avenida de la Ilustración hasta el Hospital La Paz. Fuentes del consistorio ya han mantenido conversaciones con expertos del sector para sondear las ventajas e inconvenientes del proyecto. La iniciativa está en fase inicial de estudio y de cálculo de cuánto costaría al ayuntamiento y qué inconvenientes tendría para la población que vive en esta zona norte durante el periodo de construcción.

La referencia a seguir, según estas fuentes, es el área sur que Alberto Ruiz-Gallardón soterró entre 2004 y 2007, más los cuatro años que llevó implementar la ruta verde Madrid Río. Aquella infraestructura cambió el perfil de la capital, por la reducción del tráfico en superficie y la disminución de la contaminación y del ruido que sufrían los vecinos que habitan en la ribera del Manzanares. Pero también las cuentas del ayuntamiento, que pasó de tener una deuda de apenas 1.200 millones a superar los 6.000 y convertirse en el consistorio con más pasivo de España.

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El motivo principal es que el presupuesto de la obra de la M-30 se encareció desde los 1.500 millones iniciales a más de 3.500 millones, tras reconocer en una primera instancia un sobrecoste de 1.600 millones. Una desviación que posteriormente fue agrandándose hasta elevar la factura total del proyecto hasta los 9.400 millones, según una comisión de investigación realizada en 2017, cuando Manuela Carmena dirigía el destino de la capital.

Para maquillar el impacto en las cuentas municipales, Gallardón constituyó la sociedad Calle 30, participada por el ayuntamiento en un 80%, mientras que el 20% restante quedó en manos de Ferrovial y ACS, las dos compañías encargadas del soterramiento. Según las cuentas de esta sociedad, el número de vehículos que circulan por las áreas en superficie es mucho mayor que el de los que usan la carretera bajo tierra, especialmente por el nudo de Manoteras, por donde en 2020, año afectado por el covid, pasaron 111.625 coches diarios por sección (seis carriles), frente a los 85.000 del túnel del Manzanares, en ambas direcciones.

A falta de concretar los detalles de la iniciativa, fuentes conocedoras del proyecto estiman que, al menos, el presupuesto para soterrar la zona norte de la M-30 puede superar con creces los 3.500 millones de euros. De momento, Ferrovial y Acciona han puesto en marcha soterrar por unos 48 millones el área del Manzanares que quedó en superficie mientras se derruía el Estadio Vicente Calderón.

Cámaras para multar a los contaminantes

El objetivo de Almeida, que se opuso a la llamada Zona Central, la zona acotada de la capital diseñada por Carmena para limitar la entrada de vehículos contaminantes y facilitar la movilidad de las personas, es convertir Madrid en una de las ciudades más verdes de Europa. Prueba de ello es que ha sacado a concurso la instalación de una red de 100 cámaras que perimetrarán la M-30 para controlar la entrada de coches que no cumplan con las exigencias medioambientales.

Una medida que forma parte del plan Madrid 360, que limitará la circulación por la capital de forma significativa desde el próximo año. A partir del 1 de enero de 2022, ningún coche sin pegatina medioambiental de la DGT podrá entrar en la almendra central de la ciudad. Los vehículos sin derecho a distintivo son los fabricados antes del año 2000 (si se mueven a través de gasolina) o previamente al año 2006 (si su combustible es diésel).

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Los residentes seguirán siendo una excepción y podrán continuar entrando con su vehículo sin pegatina en el centro en 2022. Además, y como excepción, los coches clásicos también podrán circular por el centro. Eso sí, no tendrán derecho a aparcar en la calle: deberán utilizar un 'parking' público o privado. Lo mismo ocurrirá con los vehículos con etiqueta B o C. Podrán circular en el interior de la M-30, pero deberán aparcar en un 'parking'. Los únicos coches que pueden aparcar en la calle (zona SER) serán los marcados con etiqueta eco o cero emisiones. Las restricciones irán aumentando hasta 2025.