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Greenalia culpa al decretazo eléctrico de torpedear inversiones en renovables y PPA
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En plena transición energética

Greenalia culpa al decretazo eléctrico de torpedear inversiones en renovables y PPA

La empresa achaca al Real Decreto-ley 17/2021 y su mecanismo de minoración de ingresos el descuadre de nuevos proyectos renovables, en línea con lo advertido por Bruselas

Foto: La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. (EFE/Emilio Naranjo)
La vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. (EFE/Emilio Naranjo)
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El sector de las energías renovables está dejando patente, de forma cada vez más abierta, su malestar por los cambios regulatorios introducidos por el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar atajar la subida de la luz, que este miércoles vuelve a alcanzar un nivel récord (360,02 euros MWh).

La compañía independiente de energías limpias Greenalia se sumaba a las quejas anteriores de otras firmas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Siemens Gamesa y se fijaba hace pocos días en "la reciente aprobación ante el Congreso del Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad".

Según explica la compañía cotizada, "la norma detalla un mecanismo de minoración de los ingresos percibidos por las empresas productoras de electricidad, provocando una significativa disminución de los resultados y márgenes de las mismas y desequilibrando numerosos 'project finances' y contratos de compraventa de electricidad a plazo ['power purchase agreements', abreviadamente PPA]". Los 'project finances' son una de las modalidades más extendidas para financiar proyectos de renovables, donde el propio activo y sus ingresos pagan la deuda. Además, el propio proyecto es la garantía para los bancos.

Foto:  La ex conselleira Beatriz Mato. (EFE)

Greenalia advierte de que cambios en la regulación del sector eléctrico, en particular, la del sector de las energías renovables, podrían tener un efecto negativo en su negocio.

Esta afirmación está en línea con la carta enviada por Bruselas a Nadia Calviño y Teresa Ribera. Según avanzó El Confidencial, la misiva firmada por Kadri Simson, la comisaria europea de Energía, en nombre de los vicepresidentes ejecutivos de la Comisión Frans Timmermans y Margrethe Vestager, pone en cuestión algunas de las medidas aprobadas por decreto.

Las autoridades comunitarias consideran que el recorte a los 'windfall profits' podría "socavar los incentivos a la inversión para proyectos de descarbonización". La Comisión va más allá y avisa de que ese artículo del decreto gubernamental podría "obstaculizar inversiones" para descarbonizar la generación de electricidad. Y añade: "Tanto la directiva sobre electricidad como la regulación contienen disposiciones claras que establecen que las reglas del mercado van dirigidas a facilitar el desarrollo de generación flexible y a desarrollar señales para que la inversión se dirija hacia la descarbonización".

Foto: La vicepresidenta Nadia Calviño en el pleno del Congreso. (EFE/Javier Lizón)

"Nos preocupa que estas medidas puedan socavar la estabilidad del marco regulador de las energías renovables y, por tanto, tener un impacto en las inversiones futuras en el sector", concluye Bruselas.

Por si todo lo anterior fuera poco, diversas empresas de renovables e inversores internacionales están consultando con despachos de abogados especializados en fiscalidad después de un cambio reciente de Hacienda, a través de la Dirección General de Tributos, que da una vuelta de tuerca a las ganancias de estas empresas y está descuadrando también algunas potenciales inversiones, necesarias para transitar hacia un 'mix' energético 100% libre de emisiones de CO₂, como considera el propio Gobierno en su hoja de ruta hacia 2030 y 2050.

La situación ya se está notando. Empresas que iban a ser impactadas de lleno como Iberdrola y Endesa decidieron no acudir a la última subasta de renovables. Después de que el Gobierno dio marcha atrás con el recorte a la hidráulica y nuclear, el presidente de la eléctrica vasca, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que descongelaría las inversiones que tras el primer decreto amenazó con paralizar.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Fernando Alvarado)

Endesa, por su parte, ha visto cómo su dueña, la italiana Enel, se lleva parte de la inversión para los próximos años de España a EEUU. La compañía invertirá 400 millones menos en el próximo trienio respecto a la previsión del año anterior. Si se analizan los anuncios del año pasado y este para 2022 y 2023, la inversión de Enel en España cae 1.000 millones.

No son las únicas empresas que se han quejado de las medidas regulatorias del Gobierno. Otra multinacional cotizada en el Ibex, como Siemens Gamesa, también puso el acento en el retraso de su cartera de pedidos, y, por tanto, ingresos, que le había provocado el Real Decreto 17/2021.

El sector de las energías renovables está dejando patente, de forma cada vez más abierta, su malestar por los cambios regulatorios introducidos por el Ministerio para la Transición Ecológica para intentar atajar la subida de la luz, que este miércoles vuelve a alcanzar un nivel récord (360,02 euros MWh).

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