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La Justicia europea anunciará en junio si el rescate de Banco Popular fue legal
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La Justicia europea anunciará en junio si el rescate de Banco Popular fue legal

El tribunal de Luxemburgo comunica la fecha en que anunciará su decisión sobre la primera gran resolución bancaria. Una decisión en contra costaría mucho dinero a Bruselas

Foto: Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Reuters/François Lenoir)
Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (Reuters/François Lenoir)
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Casi cinco años, 1.820 días. Este es el tiempo que habrá pasado desde el rescate y venta de Banco Popular hasta que la Justicia europea decida si se ajustó a la ley. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha anunciado en los últimos días que comunicará mediante audiencia pública el resultado de su deliberación el próximo 1 de junio de 2022, según fuentes legales consultadas por este medio.

"El secretario del Tribunal General pone en su conocimiento que la sentencia se pronunciará en audiencia pública el 1 de junio de 2022. Dicho pronunciamiento tendrá lugar en una de las salas de vistas del Tribunal General (Kirchberg, Luxemburgo)", así expone el tribunal en un escueto escrito remitido a los inversores el pasado viernes.

Foto: Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. (EFE)

La que tiene que tomar el tribunal de Luxemburgo es una decisión histórica: si fue legal la primera y única resolución que ha habido en Europa desde que arrancó la unión bancaria. Desde 2014, Popular es la única entidad que ha pasado por ese proceso, para lo que tuvo que imponer pérdidas a cientos de miles de accionistas y a los titulares de bonos por valor de 2.000 millones de euros.

Este rescate fue el primero en el que la Unión Europea (UE) hizo que las pérdidas del banco en problemas fueran asumidas por los accionistas y acreedores —'bail in'— en lugar del Estado —'bail out'—.

Este proceso ha provocado decenas de miles de demandas en España y 100 en Europa. Los primeros optaron por reclamar por la presunta falsedad de la información financiera del Popular, algo que daban por bueno gran parte de los tribunales y que el abogado general de la UE ha dejado en 'stand by' en un reciente escrito.

Dos caminos

Mientras, los inversores que recurrieron al TGUE lo hicieron alegando que el proceso de resolución vulneró sus derechos. La avalancha de recursos hizo que el tribunal eligiera seis para pleitear: el de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y la Fundación SFL, los Del Valle, Eleveté Invest Group, Liaño Reig, los grandes fondos Algebris, Anchorage y Ronit, y el chileno Luksic.

Estos inversores han plantado cara a la Junta Única Europea (JUR), el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE), el Fondo de Reestructuración (FROB) y Santander, alegando que hubo otras opciones para Popular que no hubieran exigido imponer pérdidas a accionistas y bonistas.

placeholder Andrónico Luksic.
Andrónico Luksic.

Los demandantes alegan que gran parte de la culpa de la fuga de depósitos de Popular fue de la JUR, por las declaraciones de su presidenta, Elke König, y por una filtración que desveló días antes que la entidad se exponía a una resolución. Junto a ello, creen que el BCE y el Banco de España tendrían que haber dado más liquidez de urgencia (ELA, por sus siglas en inglés) al banco y que este tenía también la opción de ampliar capital. Otro de los argumentos es que la JUR no tuviera en cuenta el “derecho a ser oídos” de los cientos de miles de inversores que perdieron dinero en la resolución.

Frente a ello, las autoridades defienden que la resolución se atuvo a las reglas europeas y que no había ninguna otra opción para Popular. La alternativa, añaden, es que el banco no hubiera podido abrir sus puertas ni cajeros el 7 de junio generando pánico entre toda la sociedad española.

Las vistas para decidir este caso tuvieron lugar el pasado mes de junio. En ellas, un ejército de abogados se enfrentó tratando de ganarse el favor de los jueces. Su decisión se conocerá en medio año.

Casi cinco años, 1.820 días. Este es el tiempo que habrá pasado desde el rescate y venta de Banco Popular hasta que la Justicia europea decida si se ajustó a la ley. El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha anunciado en los últimos días que comunicará mediante audiencia pública el resultado de su deliberación el próximo 1 de junio de 2022, según fuentes legales consultadas por este medio.

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